Narrativa de recuperación económica impacta en fondos de ayuda para emergencia venezolana
Defensores de DDHH de varias ONG denunciaron, desde cada una de sus áreas de trabajo, la situación de emergencia que atraviesan los venezolanos. Aseguraron que más de 19 millones de personas están en necesidad extrema, que más de 10 millones están en condiciones graves de salud, que se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales, que la migración se mantiene; por lo que exigen políticas públicas para evitar que esto siga ocurriendo
Defensores de derechos humanos venezolanos expusieron en Madrid, España, la «alarmante» situación de necesidad que viven los venezolanos y explicaron por qué persiste la emergencia humanitaria compleja. Dijeron que las autoridades nacionales se esfuerzan por demostrar una narrativa de recuperación económica; lo que les ha hecho más cuesta arriba demostrar ante el mundo que la crisis persiste en el país.
En medio de un acto llamado «Venezuela: eclipse de la democracia y los derechos humanos», realizado el martes 29 de noviembre, moderado por Jimena Reyes, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), y que contó con la participación de Feliciano Reyna (Acción Solidaria), Ligia Bolívar (Centro de Derechos Humanos-UCAB), Verónica Zubillaga (Reacin), Rocío San Miguel (Control Ciudadano) y Rafael Uzcátegui (Provea), los miembros de la sociedad civil denunciaron, desde sus áreas de trabajo, las precarias condiciones que viven los venezolanos.
Encuestas realizadas por la organización HumVenezuela dicen que «19,7 millones de venezolanos están en situación de necesidad extrema»; de un total de 28,5 millones de habitantes, subrayó Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria. En cuanto al tema de la salud, aseguró que más de 10 millones de personas están en condiciones graves.
De la misma manera, el representante de Acción Solidaria explicó que el plan de respuesta humanitario de Naciones Unidas solo reconoce que siete millones de personas están en emergencia. Explicó que esa cifra se emite «porque es la que acepta en gobierno nacional» y resaltó que este año apenas se logro recaudar 36% de lo requerido, «hemos sido uno de los últimos países en conseguir recursos», dijo.
El segundo tema abordado en el foro fue la migración venezolana, que no se detiene. Ligia Bolívar aseguró que «90% de la población venezolana en el exterior no tiene intención de regreso» y reiteró que esta es la segunda crisis migratoria más grave del mundo.
Agregó que son cuatro las razones que tiene los migrantes para salir de su país —de acuerdo con entrevistas realizadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en las fronteras—: Escasez de alimentos, escasez de medicinas, tema económico (que detalló es distinto al laboral porque tenían empleo, pero el salario no les daba para vivir) y la seguridad personal (vinculados a secuestros o a que los menores de edad fuesen captados por grupos armados).
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Después se habló de la violencia policial. Verónica Zubillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar y miembro fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), aseguró que «cada año mueren más de 4.000 personas en manos de las policías» y especificó que estas muertes se catalogan como resistencia a la autoridad; por lo que exigió «una política de seguridad ciudadana».
Zubillaga también afirmó que en el país «hay una mayor organización de la violencia».
Varios defensores de DDHH se reunieron en Madrid para denunciar las condiciones de la emergencia humanitaria venezolana
Para Rocío San Miguel, hablar de derechos humanos en Venezuela pasa por hablar de la Fuerza Armada Nacional (FAN), pues sostiene que los cuerpos de seguridad del Estado y el carácter represivo se utiliza para controlar manifestaciones, con represión policial y hasta se hace «uso mortal de la fuerza para controlar protestas».
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, aseveró que «hoy a esta hora está siendo alguien torturado, desaparecido, o detenido ilegalmente en Venezuela».
A su juicio, hay tres problemas que persisten en el país que no se pueden perder de vista: Los crímenes que continúan cometiendo funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). También exige elementos de corrección para estas prácticas y políticas públicas para evitar que esto siga ocurriendo.
Después están las ejecuciones extrajudiciales. «Control Ciudadano contabiliza 648 abatidos en manos de cuerpos de seguridad del Estado y la FAN (hasta octubre de este año) porque se está dando una nueva característica, que es de las operaciones mixtas, donde se confunden policías nacionales, estadales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y diferentes cuerpos que integran esas estructuras policiales y militares», explicó la especialista.
Añadió que cada día de dos a tres personas son asesinadas por los cuerpos de seguridad. Rocío San Miguel pide agregar este tema en la mesa negociación.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, reiteró que los defensores de derechos humanos en Venezuela también se ven afectados por la crisis que persiste en el país y denunció que a su organización les han retirado una red de programas de radio a nivel nacional, así como que los integrantes de esta ONG están «en una lista negra de no entrevistables». Sin embargo, aseguró que pese a las restricciones, «hay un nivel importante de resistencia».
