Ni gobierno ni oposición han jugado a favor de la República para conservar Citgo
Un conjunto de desaciertos tanto de los gobiernos «revolucionarios» como del mandato interino de Juan Guaidó, ha llevado al país a estar a punto de perder su más importante activo en el exterior, Citgo, valorado en unos ocho mil millones de dólares
El principal activo que tiene la República de Venezuela en el exterior es el complejo refinador Citgo, ubicado en EEUU, que está valorado en alrededor de 8.000 millones de dólares, que comprende tres refinerías, nueve oleoductos y posee una red de cinco mil gasolineras en ese país. Ese activo está en riesgo de perderse definitivamente para la República, y tanto los gobiernos de la era chavista como la oposición han tenido responsabilidad en este inmenso daño patrimonial.
En 2018, Crystallex, minera canadiense que tenía actividades en el estado Bolívar, específicamente en la mina Las Cristinas, y cuyos activos en Venezuela fueron expropiados por Hugo Chávez en 2008, fue favorecida por un tribunal de Delaware, EEUU, en su demanda de indemnización por dicha expropiación; acción que estableció contra la empresa Citgo, valiéndose de la figura del alter ego que existe en la jurisdicción estadounidense.
Según esta figura jurídica, se establece que siendo Citgo propiedad de Pdvsa y esta a su vez es propiedad del Estado venezolano, entonces la refinadora es considerada como propiedad directa de Venezuela, por lo que es un bien embargable para cobrar acreencias de la República.
Citgo estaba a su vez en la mira de los propietarios de los bonos Pdvsa 2020, emitidos por el gobierno venezolano en 2019 ante el vencimiento de los bonos Pdvsa 2016, año en que el país comenzaba a atravesar una difícil situación económica debido a la caída en el precio del petróleo, que se sumaba al descenso de la producción de bienes y servicios y la abrupta caída de las reservas internacionales, que se había iniciado en 2013.
Por si esto fuera poco, el gobierno de Nicolás Maduro puso como garantía el 49% de las acciones del complejo refinador en un préstamo de cinco mil millones de dólares entregado por Rusia en 2018 con lo que, incluso vendiendo los activos para pagar a Crystallex y a los propietarios de los bonos Pdvsa 2020, el resto de los recursos debe entregarlos a Rusia.
Citgo: una apuesta muy arriesgada
Los gobiernos de la era chavista tienen su cuota de responsabilidad en la posible pérdida de Citgo, primero por la expropiación, sin el pago de la debida indemnización, que realizó Hugo Chávez de los activos de Crystallex en la mina Las Cristinas, algo que motivó la acción legal de esta compañía; y segundo, por la apuesta arriesgada que hizo Nicolás Maduro con los mencionados bonos Pdvsa 2020.
En medio de la caída económica y desesperado por la falta de recursos, el Gobierno emitió los bonos para evitar pagar los de 2016 y hacerse con nuevos recursos; pero, sin contar con reservas internacionales que respaldaran los mismos y con los ingresos petroleros en picada, decidió poner de garantía al complejo refinador Citgo para poder motivar la compra de esos bonos.
Fue así como el Ejecutivo sorteó la situación económica en ese momento. No obstante, llegado el 2020 el círculo se cierra: ahora debe pagar los bonos, pero con una situación económica mucho peor que hace tres años y en medio de las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europea, la capacidad financiera es muy restringida, por lo que el Estado está siendo forzado a ceder el 51% por ciento del complejo, perdiendo así la dirección de la compañía.
Gobierno encargado empeora la situación de Citgo
En julio de 2019, una corte del estado de Delaware, EEUU, sentenció a favor de Crystallex en el caso contra el Estado venezolano, permitiendo a la compañía canadiense embargar bienes de Citgo para subsanar la deuda originada por el impago de la expropiación ocurrida en 2008.
En esa ocasión, Nicolás Maduro aseguró que la sentencia fue favorecida por el accionar del abogado José Ignacio Hernández, designado luego procurador especial por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó (reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países), quien habría sido, según el gobernante chavista, el promotor de la figura del alter ego (presente en la legislación estadounidense) para determinar que Citgo, filial de Pdvsa, es propiedad del Estado y por lo tanto objeto de embargo en una acción contra el mismo.
Aseveró en esa oportunidad Nicolás Maduro que Hernández había actuado como abogado de Crystallex en el proceso de la compañía contra el Estado venezolano.
Seguidamente, Hernández explicó que no había sido abogado de Crystallex, sino que participó como testigo durante el juicio, en su calidad de experto sobre el tema. No obstante, poco después circularon denuncias de que Hernández había sido pagado por Crystallex en calidad de asesor.
La AN opositora contribuye a sentencia contra Citgo
Precisamente con José Ignacio Hernández como procurador especial, la Asamblea Nacional designó una nueva junta directiva de Citgo y una junta ad hoc de Pdvsa, una acción que tendría como objetivo demostrar que el gobierno de Maduro no tenía control sobre la compañía y en consecuencia la misma no podía ser embargada.
Resultó que Crystallex alegó que el hecho de que el Poder Legislativo (la AN) podía nombrar a la directiva de Citgo demostraba que se trata de una compañía estatal, algo que también contribuyó a la decisión por parte de la corte de Delaware.
El fallo fue apelado por el gobierno de Nicolás Maduro ante otra corte de Delaware, mientras la decisión de embargar a Citgo se mantuvo detenida, pues se podrá hacer efectiva una vez que EEUU levante las sanciones de bloqueo contra los bienes de Venezuela que se encuentran en ese país.
La oposición se queda callada
El dirigente del partido Avanzada Progresista Eduardo Semtei, denunció en noviembre de 2019 que José Ignacio Hernández había cobrado 160.000 dólares bajo la figura de asesor de la compañía Crystallex cuando fungió como testigo en el caso contra el Estado venezolano por la expropiación de los activos de la compañía canadiense en la mina Las Cristinas.
“Fue un verdugo, una feroz daga contra Citgo y Pdvsa. ¿Cómo puede ser ahora abogado jefe de una demanda contra Crystallex? Claro, conflicto de intereses”, escribió Semtei en su cuenta de la red social Twitter.
Indicó que un mes atrás, Avanzada Progresista le envió una carta a Antonio Guterres, secretario de la Organización de las Naciones Unidas, solicitando la protección de Citgo, como se hizo con las compañías de Irak en 2003; una petición que no fue secundad por los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
Ese mismo 2019 y luego de haberse negado a pagar los intereses de los bonos a los propietarios de los mismos bajo el alegato de que la emisión de estos títulos era ilegal, (en vista de que la AN asegura que la presidencia de la República quedó vacante el 5 de enero de 2019 porque las elecciones presidenciales de 2018 no fueron válidas), el Parlamento decidió pagar los intereses.
Estrategia
En mayo del presente año se conocieron más detalles sobre el manejo de la situación de Citgo por parte del presidente de la AN, Juan Guaidó, al ser divulgado un audio en el que se escucha al propio José Ignacio Hernández decir que los argumentos legales que habían planteado en una acción para evitar que se hiciera efectivo el embargo de Citgo por parte de Crystallex, no eran nada sólidos y muy poco podían ayudar a evitar que se materializara el mismo.
La vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, presentó la grabación en la que Hernández asegura haber impulsado una estrategia con el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, quien para entonces había sido nombrado directivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para lograr desplazar a la representación de Nicolás Maduro en este organismo, que es donde se tramitaban las diferencias entre Crystallex y el Estado venezolano.
“Yo en lo personal dirigí una estrategia directamente con el presidente del BM y con el Ciadi y logramos dos victorias importantes, una el comité de anulaciones negó la pretensión de Maduro de sacarnos del caso y dos, esto creo que fue ayer, recibí una comunicación del Ciadi donde se reconoce al gobierno de Juan Guaidó a los fines de tramitar los arbitrajes. La presencia del abogado de Maduro ha complicado el caso, que está suspendido porque se debe determinar quiénes son los miembros del comité de anulación designados”, expresa Hernández en la grabación.
Etapa final
En mayo de este 2020 un juez federal de EEUU ratificó la sentencia de la corte del estado de Delaware a favor de Crystallex, con lo que está allanado el camino para que el complejo refinador sea vendido para que así pueda cumplirse con los pagos. No obstante, dada las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra los activos de Venezuela, la medida no puede ejecutarse a menos que se emita una licencia para que se vendan los activos de Citgo.
Nuevamente, el partido Avanzada Progresita (AP), en la voz de su fundador, el exgobernador del estado Lara Henri Falcón, señaló la responsabilidad del equipo de Juan Guaidó y pidió establecer responsabilidades.
“La situación actual de Citgo es una muestra de que, si los venezolanos no actuamos unidos, terminaremos de entregar lo poco queda de nuestro país a cualquier potencia extranjera, bajo los intereses de un grupito y falsas promesas de libertad”, declaró Falcón en su cuenta de la red social Twitter.
Insistió en que la AN debe rendir cuentas al país del manejo de recursos y acciones sobre los bienes que son de Venezuela, y solicitó una investigación sobre la relación entre Crystallex y el ahora exprocurador de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, quien luego de divulgarse las grabaciones con sus afirmaciones renunció a ese cargo. En opinión de Henri Falcón, esas relaciones son espurias e indeseables y han atentado contra los intereses del país.
Otro acreedor se suma: Conoco Phillips
En medio de todo esto, un nuevo acreedor del Estado venezolano, la empresa Conoco Phillips, sumó una demanda por el impago de los compromisos adquiridos desde hace cuatro años en correspondencia a la expropiación.
La canciller de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, señaló cuando presentó las grabaciones de los audios de José Ignacio Hernández, que este también asesoró a Conoco Phillips y que la estrategia del alter ego también fue entonces acogida por Conoco Phillips para pedir el embargo de Citgo y saldar así una deuda de 8.446 millones de dólares.
La deuda con Conoco Phillips también es parte del legado de Hugo Chávez. Los activos de la compañía en el país fueron expropiados por el líder de la revolución en 2007 al ordenar las estatizaciones de las asociaciones estratégicas de Petrozuata y Hamaca en la Faja Petrolífera del Orinoco, además de otras operaciones que tenía esta empresa estadounidense en el golfo de Paria. En agosto de 2018, la empresa logró un acuerdo con Pdvsa que implicaba un pago anual por 2.000 millones de dólares en un plazo entre cuatro y cinco años que el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió.
Entre los accionistas del bono 2020, Crystallex y Conoco Phillips tienen para apoderarse de la totalidad de Citgo. La gran pregunta de todo esto es, si se concreta la venta de la compañía para satisfacer a los acreedores ¿Cómo quedan los rusos y su 49% de acciones?
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