Nicaragua desterró al Vaticano a 12 sacerdotes pero no al obispo Rolando Álvarez
Un comunicado de la Presidencia de Nicaragua indicó que los 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la tarde del miércoles
Texto: RFI / AFP
Doce sacerdotes «procesados» en Nicaragua por distintos cargos, la mayoría encarcelados o en arresto domiciliar y críticos al gobierno de Daniel Ortega, fueron enviados a Roma este miércoles tras un acuerdo con el Vaticano, según un comunicado oficial.
«Se logró un acuerdo» con la Santa Sede «para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 sacerdotes que, por distintas causas, fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia, esta tarde», dijo la nota del gobierno.
En el grupo no figura el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico de Ortega y quien ha preferido la cárcel al exilio.
La comunicación oficial no detalló los cargos bajo los que estaban procesados los sacerdotes ni aclaró cuántos estaban encarcelados o en prisión domiciliaria.
Medios opositores aseguraron que los sacerdotes eran «presos políticos» y estaban detenidos por sus críticas al gobierno o por apoyar las protestas del 2018.
Agregaron que dos de los sacerdotes cumplían cárcel en un centro penitenciario tras haber sido condenados por delitos comunes en «juicios amañados» el año 2022 y que otros religiosos estaban detenidos en celdas de la policía o bajo arresto «casa por cárcel» en locales de la Iglesia.
Las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioraron en medio de las fuertes protestas de 2018 contra Ortega, que se extendieron por al menos tres meses con bloqueos de carreteras y choques entre opositores y oficialistas, y dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, así como organismos internacionales, lo acusaron de reprimir a la oposición.
Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, como Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado el 10 de febrero a 26 años y cuatro meses bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato, entre otros.
Un día antes, el obispo había rechazado marcharse a Estados Unidos junto a 222 opositores presos expulsados del país. Fue privado de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad, señalado de «traidor a la patria».
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Tensiones entre Nicaragua y el Vaticano
El caso de Álvarez es uno de los temas que genera tensiones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano han estado al borde de la ruptura.
El papa Francisco tachó el gobierno de Ortega de «dictadura grosera» a inicios del pasado marzo, y la cancillería nicaragüense sostuvo que se planteó «una suspensión de las relaciones diplomáticas» con la Santa Sede.
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. El año pasado, Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Nicaragua canceló en agosto la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua por acusaciones de «terrorismo», así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
El acuerdo anunciado este miércoles con la Iglesia católica «representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría», agregó el gobierno.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua por sus medidas contra los opositores.
