Nicmer Evans: Ley antibloqueo quita excusas a la izquierda para apoyar a Nicolás Maduro
El politólogo y activista político Nicmer Evans advierte que la «ley» aprobada por la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro otorga a éste poderes cuasi monárquicos y abren el camino a una serie de privatizaciones que se harán prácticamente en secreto
El pasado viernes, la asamblea constituyente que convocó Nicolás Maduro aprobó una «ley», denominada antibloqueo, que permite al Ejecutivo iniciar la disposición de activos y bienes del Estado, además de hacerlo sin que la información sea pública y cerrando el paso a la debida labor de contraloría que constitucionalmente debe ejercer el Parlamento.
Para Nicmer Evans, politólogo, activista político, quien formó parte del movimiento Marea Socialista, luego fue fundador del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y actualmente director del portal informativo Punto de Corte, el instrumento jurídico ha ocasionado un hervidero no solo en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sino de la izquierda en general, no solo porque se abre camino a la privatización hasta de la industria petrolera, sino porque convierte al Ejecutivo en una especie de poder monárquico.
“Eso es un hervidero allá adentro. Está la postura del Partido Comunista de Venezuela y la izquierda ortodoxa, que asumen que se trata de la declaración de Maduro como un gobierno neoliberal y entreguista”, expresó Evans en entrevista vía telefónica.
Una ley antibloqueo “premonárquica”
-¿Cuál es su opinión sobre la «ley» antibloqueo? Sectores de izquierda y del propio entorno gubernamental han advertido sobre la posibilidad de una serie de privatizaciones que alcanzarían la industria petrolera
-Empecemos por el hecho que la «ley» no existe leyes constitucionales. Ellos se crearon una nueva pirámide de Kelsen, una nueva estructura jurídica. En la «ley» justifican su decisión con el hecho de que se aplique el calificativo de crímenes de lesa humanidad a los efectos del bloqueo económico, que las mismas Naciones Unidas señala al Gobierno de haber cometido. Pero hay unos elementos importantes, como atribuirse la facultad de desaplicar normas, algo que es una cosa impresionante.
“Podemos decir que la «ley» es ‘premonárquica’ –sostuvo Evans-, que convierte al Poder Ejecutivo venezolano y a quien lo ejerce en una especie de monarca del silgo XXI, que tiene facultad de desaplicar normas a su disposición. Es capaz de dar facultad a un hombre de hacer todo eso solo porque él decida que es supremo”, expresó Evans.
En su opinión, el instrumento jurídico es una carta blanca a las privatizaciones. “Lo veo como un problema de forma; veo bien que se hagan algunas privatizaciones, pero es de resaltar que se caiga en un debate ideológico luego de 21 años de desmantelamiento de la industria privada; que ahora sea que descubras que el sector privado es necesario y maravilloso, que la «ley» reconozca que las expropiaciones hechas por Chávez fueron un error y que trates de enmendar diciendo que todos aquellos activos que hayan sido expropiados, enajenados, si quieren invertir, se podrá devolver las propiedades”.
Riesgos con la temporalidad y el secreto
Destacó Evans que la «ley» antibloqueo, establece condiciones para la inversión, pero sujeta a dos elementos, el primero que está atada a una ley que se define como temporal, y segundo, a acciones que se califican como secretas hasta que la ley sea derogada. “Esto tiene el riesgo de que cualquier negociación con el sector privado para la vuelta de su propiedad puede ser cuestionada de manera inmediata porque puede ser revisada por la Contraloría”, señaló.
Añadió como aspectos alarmantes que se desautoriza a la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) y se elimina la facultad del Legislativo poder establecer normas en el ámbito económico y de control previo que debería asignarse para el cumplimiento de normas. “Solo existe (en la ley citada) el control posterior. Puedes robar, das licencia y después chequeas qué robaron. Es muy grave”.
Además, apuntó sobre dos elementos en la «ley», que considera alarmantes. Uno es la posibilidad de desaplicación de normas, dice que no se desaplicará el artículo 303 de la Constitución, que resguarda las acciones Pdvsa, pero puede permitir, por ejemplo, que se desaplique al narcotráfico como delito, ya se habla, en el artículo 21, de nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas. “Si tienen facultad de desaplicar normas. Ellos pueden legalizar el narcotráfico, porque eso les ayuda a generar ingresos más allá del bloqueo”.
Posible desmantelamiento de Pdvsa
Sin embargo, advirtió que igualmente se puede desmantelar y rematar a Pdvsa. “Entre el artículo 23 y el 24, específicamente en el 24, se establece que el Ejecutivo podrá modificar empresas públicas o mixtas, aunque el mismo artículo dice que no aplica al 303, relacionado con Pdvsa, la misma «ley» habla de la posibilidad de reestructuración de empresas y organismos a discrecionalidad del Ejecutivo, así como de cambio de criterios de propiedad, lo que implica que, aunque no vas a violar el 303 la puedes reducir (a Pdvsa) a sus acciones solamente, y puedes, según el artículo 2, de ventas de bienes y patrimonios desactivados, desafiliar propiedades de Pdvsa, así que puedes entregar la compañía sin afectar el 303.
En opinión de Evans, hay una vulneración clara del principio de entregar soberanía nacional que no es una postura contra la izquierda. “Hasta los de derecha creen que esto es una locura, así que van a hacer coincidir a la derecha e izquierda”.
-¿Y dentro del PSUV y la izquierda en general cuál cree que es la situación con respecto a esta ley?
-Si las elecciones del seis de diciembre significaron la ruptura del APR (la plataforma que conformaron el PCV y el PPT-aunque este último partido fue intervenido y no figura oficialmente en la misma-) lo que va a generar la «ley» antibloqueo es la ruptura de quienes se asumen como de izquierda. No hay justificación alguna para apoyar a Maduro con esta «ley». Lo ha dicho Telémaco Figueroa, no hay ninguna justificación por parte del bloqueo, para que lo que hagas en lucha contra ese bloqueo, sea entregar el Estado a otros países, es una cosa impresionante.
Violación sistemática de DDHH
-La Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas señaló a Nicolás Maduro y dos de sus ministros como responsables de crímenes de lesa humanidad. Usted que estuvo preso por varios meses ¿qué pudo constatar de las violaciones a los DDHH?
-Uno de los elementos más importantes y que son coincidentes con todos los casos y me los encontré todos adentro, ya que coincidí con más de 50 privados de libertad en la sede de la Dgcim (Direccón General de Contrainteligencia Militar) es la violación del debido proceso; es un elemento sistemático y continuado. Si hay tortura, como efectivamente la hay y lo sabemos, informes UN así lo evidencian. Hay que hacer énfasis en un problema que es del Sistema Judicial, pero en el caso de presos políticos se hace con alevosía, por cálculos judiciales.
“Las autoridades están obligadas –continuó Evans- a presentar en 48 horas al detenido ante el tribunal correspondiente. Se ha convertido en práctica consuetudinaria presentar al detenido ante un tribunal de control para que este decline ante el tribunal competente; esto da 48 horas adicionales para la presentación. No hay ninguno que se haya presentado en ese tiempo (las primeras 48 horas) sino a las 96 horas. Además, me encontré con casos en los que la gente fue secuestrada, pues no hay ninguna otra argumentación, un secuestro simulado con detención y han pasado 15 días y un mes para que después sean presentados ante un tribunal.
Agregó Evans que los documentos son forjados para decir que las personas fueron detenidas 24 o 48 horas antes de la presentación. Es el caso de uno de los jóvenes del Dron (el artefacto con el que se perpetró un atentado contra Nicolás Maduro en 2018) que me contó que en su expediente dice que se presentó ante el Dgcim y ya él estaba detenido mucho antes.
Ampliación del umbral para determinar a presos políticos
“Sí es verdad que hay violación de DDHH fundamentales –prosiguió-, del respeto a la vida, a la integridad personal, que son vulnerados; lo que más sucede es que, por ejemplo, en el asunto del debido proceso, hay personas que tienen más de tres años detenidos y que la preliminar está fraccionada, la obligación de la presentación de la audiencia preliminar no debe pasar de 90 días, y si no se ejecuta a los dos años de la detención, el detenido tiene que ser liberado de inmediato. Entonces, la técnica que utilizan en los tribunales es fraccionar la preliminar, ‘le digo al Dgcim lleve al detenido al tribunal, lo metemos en el tribunal, el juez lo atiende, conversa con él 10 minutos y dice vamos a postergar’, y entonces tardan toda la vida”.
“Vi casos como el de Ramón Bustillos, de Pdvsa, acusado por el caso de las monoboyas, tiene 3 años y medio detenido con una preliminar fraccionada, cuando al no ser cumplida la preliminar debe estar libre. Así no ha tenido derecho a la defensa ni oportunidad de debido proceso, es uno de muchos casos que terminan siendo de presos políticos, aunque la acusación sea de corrupción, o peculado de uso o cualquier otra cosa que quieran atribuirle”, contó Evans.
Sostuvo el politólogo que, por todas estas irregularidades, muchas personas pasan a ser presos políticos. “El umbral del preso político no es el del político preso por el régimen, sino el que siendo detenido por cualquier cosa se les son violados sus DDHH y es vulnerado el debido proceso. Hay un tercer elemento, que es que esté recluido en centros de detención de presos políticos. La Dgcim, Ramo Verde, Sebin, son centros de reclusión de presos políticos. Aunque te traten de involucrar en hechos no políticos, si el centro de detención es uno de ellos y cumples con los requisitos que he dicho eres un preso político”, argumentó.
Pases de factura
Indicó que respeta al Foro Penal, y piensa que su criterio es impecable en cuanto a la determinación de presos políticos, pero que considera que debe extenderse el umbral que tienen para que la opinión pública pueda incluir a presos políticos que van más allá de políticos presos o detenidos por acción política.
“Hay señalados de corrupción del régimen que han sido detenidos para tapar a los verdaderos corruptos; como el caso de Alfredo Chirinos (exgerente de Pdvsa), señalado de traición a la patria. Los órganos públicos son susceptibles, hay mucho preso político detenido que es del propio régimen. Donde yo estuve había militares presos políticos; estaba Alfredo Chirinos, mi persona, pero también otros compañeros trabajadores, directivos y medios de entes públicos, entregados por sus jefes para no caer ellos, o para pasar facturas», añadió.
Refirió Evans el caso connotado de un directivo de Pdvsa Oriente que estaba en Costa Rica y vino y se entregó, “le dijeron que era un proceso de investigación rápido, y él, comprometido con su revolución, su proceso, vino y tiene cuatro años detenido. Ha sido sometido a una operación de corazón abierto, operado en un pabellón militar y devuelto a la celda, sin ninguna condición de posibilidad de higiene. Se salvó porque todos fueron solidarios con él y lo cuidaron. No digo si es o no responsable, sino que el sistema judicial convierte a cualquier detenido por estas causas en un preso político”, señaló Evans.
Torturas a la orden del día
Nicmer Evans asegura que, tal como han señalado tanto la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en Venezuela se practica la tortura de manera sistemática y que, durante su detención, realmente fue sometido a este tipo de prácticas, aunque reconoce que pudo conocer de varios de sus compañeros que recibieron tratos peores.
“Después de que salí me comparaba con los que habían sido torturados y decía que no había sido torturado, pero maltrato y tortura psicológica son torturas. Desde el mismo momento de mi detención, que un funcionario viniera a decirme cosas como que yo no era chavista un carajo, y pensaban que con eso me herían, pero el hecho que hicieran que discutiera con ellos, y hasta el hecho que haya sido presionado por esto y se me haya impedido ir al baño por 18 horas, algo que puede ser maldad de un custodio, pero fue planificado y con alevosía, eso es tortura, que te sometan a una situación de que ‘no te vas a orinar en una celda en donde estás’”.
De igual manera, contó que le presentaron grabaciones de audios con la voz de esposa e hijo, y que, en otro momento, en medio de crisis por la propagación de la covid-19, se le metiera en un sitio donde había personas los síntomas de la enfermedad. “Yo agarré la sintomatología y pasé días durmiendo en el piso con todos los síntomas, dolor, fiebre, problemas en los bronquios, pérdida de olfato. Entiendo que todas estas cosas, después de mi salida y la entrada de la comisión de DDHH de la ONU ha cambiado un poco, pero yo lo viví”, indicó.
Así mismo, recordó que le fueron entregadas bebidas cuyos envases contenían chiripas. “No puedo quejarme de la comida. Hasta donde vi siempre fue bien tratada”, indicó.
Torturas a otros
Evans relató el caso de un coronel, a quien le aplicaron un tipo de tortura particular. “Fue llamado, entra el custodio y dice coronel llévese un pote (de agua), de cinco litros, uno lleno y otro vacío, se lo llevaron y después de eso no lo vi más nunca; mandaron a pedir las cosas de su celda y las bajaron. Los compañeros dicen que cuando hacen eso es que lo bajan a “El Tigrito”, un recinto de un metro cuadrado, donde no puedes dormir, estás sin luz, sin mantenimiento absoluto, con olores nauseabundos. Es el espacio de castigo que es en donde llevan a algunos por decisión de los directivos porque supuestamente infligió alguna disposición.
“Hay gente que pasó días, entiendo que pasó uno o dos, a otro coronel también mandaron a pedir sus cosas. Es sistemático el castigo y es tan descarado que una de las cosas que vi en el tiempo que estuve adentro es la celda 4 del sector C, un espacio de dos por tres metros, donde hay un par de lápidas para dormir, y los detenidos no cuentan con colchonetas, están vestidos solo con bragas, no tienen acceso a ropa y durante 15 días sin acceso a poder bañarse tampoco, y lo único que tenían era una poceta donde los cinco tenían que hacer sus necesidades fisiológicas delante de los otros, y el acceso a las comidas era restringido”.
Relató Evans que esa situación fue matizándose hacia el final de su estadía. “Pude entregar comida a alguno de ellos, pero se les prohibía hablar a pesar de que estaban al frente de uno. Estaban raquíticos y famélicos, no tenían acceso a alimentación complementaria; algunas veces no tenían comidas completas, la iluminación era discrecional, un día sin luz y otros dos con la luz prendida permanentemente.
-El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó ampliar misión hacia Venezuela ¿Qué cree que pueda y deba hacer la misma?
– Todo lo que sea útil para aminorar impacto de sufrimiento de los que están adentro es bienvenido. La misión de Bachelet ha podido ir al Dgcim algunas veces, y cada vez que van mejoran las condiciones de algunos. Lo ideal es que estén libres, no haya presos políticos, pero si logramos que algunos no sean castigados, torturados, tengan comunicación con su familia siempre va a ser un triunfo.
-Usted ha dicho que el instrumento más cercano políticamente que tienen los venezolanos es el referendo revocatorio presidencial ¿Cree que puede realizarse esa consulta cuando el Ejecutivo usurpa funciones?
-Maduro es un presidente usurpador, eso no le quita la condición de presidente, es un presidente en un ejercicio ilegal e ilegítimo, pero está en ejercicio. Un referendo revocatorio es para quien ejerce el poder. Los precedentes son importantes, el plebiscito chileno es importante para saber cómo se generan consultas, por lo que creo que la posibilidad de aplicar un referendo revocatorio tiene plena vigencia. Es un debate político que eleva a la política con pe mayúscula porque es el único ejercicio vinculante desde la perspectiva de la Constitución que ellos y nosotros reconocemos y las instituciones están obligadas a cumplir, incluyendo la Fuerza Armada
“Lo que estoy es proponiendo es lograr un acuerdo de unidad nacional en relación a la disputa por las condiciones para un revocatorio, asumiendo que las condiciones no nos las tiene que dar quien ejerce el poder, el usurpador, sino nosotros mismos en la unidad para lograr el objetivo”, concluyó Evans.
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