No hay privacidad telefónica en Venezuela, por Beltrán Vallejo
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¿Recuerdan esas películas policiales o de espionaje donde un equipo de inteligencia colocaba un vehículo en las cercanías de la residencia de algún sospechoso o de algún delincuente, y que en su interior unos polizontes pasaban horas o días captando y decodificando llamadas telefónicas gracias a la incorporación clandestina de una especie de micrófono en el auricular del teléfono fijo? Pues esa es una imagen de un pasado gótico. En la actualidad, millones y millones de ciudadanos en el mundo tienen sus teléfonos celulares intervenidos por diversos motivos y sin esta «épica» de furgonetas con antenas; y en Venezuela, con lo que acaba de ratificar Movistar, se estaría desarrollando una fiesta de espionaje masivo.
Movistar reveló, en el informe de Transparencia 2021, que a través de su plataforma se intervinieron sólo en ese año una cifra de 1.584.547 líneas telefónicas por requerimientos de organismos de seguridad del Estado venezolano y entes policiales, y hasta la denominada Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) realizó también intervenciones.
Lo que más escandaliza es que esta empresa privada en su revelación no puntualiza de que esas solicitudes hayan contado con un proceder judicial y de investigación que emane de algún juez, y lo que más pienso es que si esto pasaba o pasa en Movistar, una empresa privada, ¿entonces cómo será el tamaño de esa singladura de espionaje por Cantv y Movilnet, las empresas telefónicas del propio Estado?
Esto está pasando en un país con pocos instrumentos legislativos y reglamentarios que regulen estas prácticas, a pesar de que hay principios constitucionales como el que está contemplado en el artículo 60 de nuestra Constitución donde se proclama la protección de la vida privada, de la intimidad y de la confidencialidad de las personas de este país. Pero hay que decirlo tajantemente; esto está pasando en un país gobernado por un régimen policial, así algunos no se hayan enterado y otros no se quieran enterar. Los venezolanos viven bajo un régimen autocrático, con ínfulas fascistoides y con aspiraciones o ganas totalitarias; he ahí la espiadera telefónica.
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No tengo dudas de que en esas intervenciones «confesadas» se contemplen labores de indagación contra delincuentes o contra sospechosos de algún delito; pero también se encontraría una gama de personas intervenidas telefónicamente por sus actividades u opiniones contra el régimen de Maduro o por realizar actividades de índole «subversiva» (porque aquí en Venezuela muchas cosas son subversivas). ¿Cuántos políticos, periodistas, militares, activistas de ONG, artistas, intelectuales, sacerdotes, empresarios o simples luchadores sociales están en esas intervenciones telefónicas en Movistar? ¿Y a cuántos del mismo gobierno y del PSUV estarán escuchando? ¿A cuántos gobernadores, a cuántos alcaldes, a cuántos diputados de ambos sectores en pugna?
Así como Movistar es tan eficiente con el régimen de Maduro en eso de las intervenciones telefónicas, ¿qué garantías da esta empresa de que esos servicios no caigan en un mercado negro con intervenciones sin el consentimiento de ella, pero realizadas por algunos de sus operadores sin escrúpulo?
Que se abra el debate sobre eso. Que se abra la denuncia y la lucha en contra de una Venezuela bajo estas condiciones orwellianas. En el «Mazo dando» se ven algunas de esas escenas de adicción a la husmeadera por los teléfonos, y eso pasa en este país que no se asombra por nada y que parece que no se indigna por nada. Esta realidad corroborada por una empresa privada no puede ser asumida como normal, como se han «normalizado» otros abusos.
Gracias Movistar por su «colaboracionismo» con un Estado policial. Al menos fueron francos en decirlo.
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