“No hemos sabido nada”: el aislamiento en casos de presos políticos se hizo ley
Desde agosto las visitas para los detenidos por las protestas poselectorales están suspendidas en todas las cárceles. El grueso de los presos, incluyendo a los 68 adolescentes que permanecen arrestados, ya cumplió los 45 días de investigación para que se convoque a la audiencia preliminar. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, recuerda que el aislamiento prolongado es comparable a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes
Para muchas familias, la comprobación sobre el lugar de detención de una persona acusada de «terrorismo» desde el pasado 29 de julio es una llamada telefónica, que le acepten comida, medicinas o ropa. De resto, la mayoría de los detenidos por las protestas poselectorales se mantiene en un periodo de aislamiento por orden del Ministerio de Servicio Penitenciario, bajo la excusa de «adaptación».
Delia* tiene a su sobrina Mariana* detenida en el Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Apenas recibió dos visitas desde que fue trasladada a ese lugar desde La Guaira. Desde el pasado 12 de agosto no ve a sus familiares.
«Solo recibí una llamada de ella pidiendo unos insumos de higiene personal. De resto no hemos sabido nada», comenta. El pasado 16 de septiembre se cumplieron los 45 días de investigación en el caso de Mariana, pero no se ha fijado todavía la fecha de la audiencia preliminar. El defensor le dijo que debía esperar a que él se comunicara.
Sobre la reanudación de las visitas, explica Delia, «en el centro penitenciario dicen que la orden debe venir del Ministerio». Las presas por otros delitos sí han estado recibiendo a sus familiares en los horarios establecidos.
El hijo de Yuri* está en las mismas condiciones del resto de los detenidos en el Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como la cárcel de Tocuyito. Sin visitas y apenas han tenido una llamada de minuto y medio o dos para informar que están bien.
«Me llamó para preguntar cómo va el proceso acá afuera, ¿qué nos han dicho? Pero tenemos que responder que no sabemos gran cosa porque es la realidad. No nos dicen para visita ni nada por el estilo», comenta Yuri.
Me dijo que la comida había mejorado un poco, que estaba bien él y su amigo, dice Yuri. El fin de semana recibió una breve llamada de un funcionario del Ministerio diciendo que acudiera el miércoles 2 de octubre. La ONG Una Ventana a la Libertad confirmó que un grupo podría tener visitas esa fecha.
Otras madres que pudieron ver a sus hijos en Tocuyito a partir del lunes 30 de septiembre le comentaron que la visita era corta «y a través de un vidrio». A otras mujeres que Yuri ha conocido en este periplo todavía no las han llamado.
Según el Foro Penal, en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, hay 948 presos políticos de distintos estados del país. En Tocuyito, la otra prisión en la que Nicolás Maduro ordenó recluir a todos los «terroristas», hay al menos 500 personas. Recientemente se conoció de un traslado de 103 detenidos en Puente Ayala a la cárcel de Yare III.
Los abogados del Foro Penal, explicó su presidente Alfredo Romero, han tratado de solicitar información o ingresar a las prisiones para conocer la situación de sus defendidos, pero no se les ha permitido.
Martes #24S en visita del Foro Penal a la cárcel de Tocuyito. No permitieron ingreso de abogados. Compartimos con cientos de familiares que se encuentran a las puertas de dicho centro penitenciario, donde ahora se encuentran presos políticos (hombres) muy jóvenes en su mayoría,… pic.twitter.com/kJfdKBHIVy
— Foro Penal (@ForoPenal) September 26, 2024
Liset* tampoco ha visto a su hijo Kevin desde que fue trasladado el 10 de agosto desde La Guaira a Tocuyito. «No hemos tenido contacto de nada. Solamente una llamada telefónica, hasta ahí. Me dijo que estaba bien, que le estaban dando la comida. La semana pasada algunos llamaron a sus familiares para decirles que estaban bien, que seguían sin visitas y que están preocupados porque han perdido sus trabajos».
Solo una vez fue a entregarle «paquetería», como denominan a la ropa, insumos de higiene personal y comida que se entregan a los detenidos. «Estamos esperando porque ya pasaron los 45 días, pero el defensor ahora nos dijo que 45 más 20 días de preliminar. No sé cómo es eso y no hay respuesta de nada».
El 24 de septiembre fue al Palacio de Justicia para conocer algún avance. «Nos dijeron que había que esperar. Esto es fuerte, esto no es para esperar tanto tiempo. Yo me imagino que si no hay causa, no hay imputaciones ni nada tienen que soltarlo, tienen que liberarlo. Entonces, estamos a la espera».
«La responsabilidad por este tipo de irregularidades es el ministro de Servicio Penitenciario», señala el abogado Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Dicha cartera está a cargo del exdiputado Julio García Zerpa desde el 11 de junio de este año, cuando sustituyó a la almiranta Celsa Bautista.
El aislamiento que se vive en cárceles comunes también se replica en otros centros que dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario, pero están bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como El Helicoide.
Al menos ocho activistas o dirigentes políticos, según ha podido conocer TalCual en base a denuncias de familiares, se encuentran aislados en El Helicoide desde su arresto. Tal es el caso de Freddy Superlano, que ya cumplió 62 días encarcelado, el abogado Perkins Rocha o Biagio Pilieri, detenidos desde hace un mes. La coordinadora de formación de Súmate, Nélida Sánchez, también está en las mismas condiciones.
#ElCitizen | Aurora Silva narró como sus pequeñas hijas han vivido los 55 días del secuestro de Freddy Superlano
Entrevista de Leopoldo Castillo (@elcitizen) a @AuroraSuperlano, esposa del preso político @freddysuperlano
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«Hablo con gente que conoce el tema y ya yo estoy entendiendo cuál es la adaptación de la que ellos hablan, la adaptación es limarnos la dignidad a cuentagotas cada día cuando vas al Helicoide y te dicen ‘él se porta bien, él está bien. Allá dentro están bien, tienen hasta televisión’. Pero no tienen libertad», dijo en una entrevista María Cipriani, esposa del abogado Rocha.
“La adaptación de la que ellos hablan es limarnos cada día la dignidad”.
🗣️ María Constanza Cipriani (@MaCostanzaCR), esposa de Perkins Rocha en entrevista para @NTN24. pic.twitter.com/973sqQa41m
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 30, 2024
¿Aislamiento legal?
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones señala que, según el artículo 111 del Código Orgánico Penitenciario, las personas privadas de libertad podrán ser visitadas por familiares de su círculo de relaciones, defensores públicos o privados, y la frecuencia de la visitas se determinará a través del reglamento de acuerdo al nivel de clasificación.
Pero, denuncia Humberto Prado, la Asamblea Nacional tiene una mora de nueve años en la aprobación y promulgación de dicho reglamento, por lo que las visitas quedan a discrecionalidad del funcionario de turno.
«Esta gente arbitrariamente aísla a todos los presos, no son solo los presos que cometieron delitos, sino aquellos detenidos arbitrariamente. Ellos les dicen a los familiares que están en un ‘proceso de adaptación’, y ese proceso, según dicen, son 45 días. Pero no lo dice el Código y tampoco hay un reglamento. Ellos imponen ese aislamiento a su criterio, violando sus derechos a toda la población reclusa», afirma.
Contra el preso político se comete otra violación a sus derechos humanos, además de la detención arbitraria, insiste el abogado. «Un Estado que en nueve años no ha presentado un reglamento donde está establecido un derecho de las personas privadas de libertad, lo que hace es dejar a criterio de las autoridades lo que quieran hacer sobre las visitas. Ese tipo de irregularidades someten a los internos a tratos crueles e inhumanos, que incluso puede ser interpretado como un acto de tortura».
Subraya que la primera persona que debe revisar ese tipo de actuaciones o derogarlas «es el propio ministro, para que los directores cumplan lo que establece la ley. Si ellos aluden que no existe un reglamento, se deben seguir las pautas y lineamientos de pactos y convenios firmados por Venezuela, como dice la Constitución».
El Estado venezolano ha suscrito las «Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos», mejor conocidas como Reglas Mandela. También están disponibles los Principios y Buenas Prácticas de sobre la Protección de Personas Privadas de Libertad en las Américas.
La regla 43 de la ONU prohíbe el aislamiento indefinido o prolongado de reclusos, es decir, por más de 15 días; así como el encierro en celdas oscuras o permanentemente iluminadas; las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable; así como los castigos colectivos.
Las buenas prácticas elaboradas por la CIDH también señalan que el aislamiento «sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos, y para proteger derechos fundamentales».
Además, las órdenes de aislar a un privado de libertad no solo estarán autorizadas por la autoridad competente, en este caso el Ministerio, sino que «estarán sujetas al control judicial, ya que su prolongación y aplicación inadecuada e innecesaria constituiría actos de tortura, o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
Para Humberto Prado, este aislamiento también somete a los presos a una desaparición forzada. «Detienen a las personas y las incomunican. Las madres y familias se trasladan a los centros y les niegan que estén ahí. Lo primero que debe hacer una autoridad seria es dar información, lo segundo es que sus familiares puedan ver a la persona y ésta nombre a su abogado de confianza, pero no. Aquí se imponen otras medidas».
*Los nombres fueron cambiados a solicitud del entrevistado por temor a represalias
