¡No te los cales!, por Teodoro Petkoff
En la medida en que se perfila con mayor claridad la perspectiva referendaria es preciso continuar desmontando, con paciencia de relojero, cada una de las trampas que los adversarios de una solución pacífica, democrática y electoral atraviesan en la vía, con pertinacia digna de mejor causa. Comienzan a difundirse con preocupante velocidad las informaciones de que los empleados públicos estarían siendo presionados y amenazados para disuadirlos de firmar las planillas opositoras. Sería muy conveniente e indispensable que esto fuese sustanciado con datos concretos y específicos, que le den a la denuncia la fuerza de la verdad.
Firmar una solicitud para la convocatoria de un referendo es un derecho constitucional y no hay autoridad alguna que pueda limitarlo. De hecho, ayer mismo el propio Fiscal de la República aclaró que no existe restricción legal alguna para que los militares activos puedan firmar las planillas referendarias. Que lo hagan o no ya es otra cuestión, porque tal como lo revelan los hechos, en esta Venezuela chavista la constitución y las leyes andan por un lado y la vida real por otro, y muchos oficiales probablemente se abstengan de firmar por temor a los consejos de investigación. Sin embargo, la declaración del Fiscal ya proporciona un asidero legal a cualquier militar que confronte el peligro de una sanción por haber firmado.
Lo mismo se puede decir en el caso de los empleados civiles. Por analogía, la declaración del Fiscal cubre a todos los servidores públicos. De modo que en lugar de hacer discursos genéricos sobre presiones a empleados públicos, lo que toca es presentar los hechos ante la Fiscalía, para que esta pueda actuar. Por lo pronto podemos presentar el caso de la esposa de uno de los fotógrafos de TalCual, maestra recién graduada, a quien le fue negado el trabajo no una sino ¡tres veces!, primero en el ministerio de Educación, luego en la Zona Educativa del Distrito Capital y finalmente en la Zona Educativa del estado Miranda, con el argumento de que había firmado. En el tercer caso, después de trabajar durante dos semanas en el Instituto Experimental de Formación Docente, en Los Dos Caminos, la directora del centro educativo que la había enganchado le informó que debía retirarla por instrucciones “de arriba” y por las razones ya señaladas.
El nombre está a la disposición del humanista Aristóbulo Istúriz y también de la Fiscalía, ante la cual esta maestra presentará la denuncia en los próximos días. Tenemos casos también en el Seniat, a cuyas víctimas queremos convencer de que presenten las denuncias porque de lo contrario no hay manera de hacer frente a este cobarde abuso de poder, a esta forma inmoral y sucia de chantajear, al modo de la peor tradición nacional, a los trabajadores del Estado.
Quien no defienda sus derechos hoy que no llore mañana.
