Noboa y la disfuncionalidad política, por Benjamin Kurylo
En noviembre de 2023, con el 52% de los votos, Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven en la historia de Ecuador, tras ser elegido para terminar los 18 meses del mandato de Guillermo Lasso, quien renunció en medio de un juicio político. A pesar de presentarse a sí mismo como el presidente de la nueva política en Ecuador, Daniel Noboa quedó atrapado en las viejas dinámicas de lucha y retraso político del país, repitiendo las prácticas arraigadas de un pasado del que buscó distanciarse. En gran parte desconocido y con poca experiencia política previa, Noboa se postuló como un nuevo candidato pragmático al frente de la coalición Acción Democrática Nacional (ADN).
Un comienzo exitoso
Su elección personificó la tendencia de los «outsiders» políticos y las figuras «millennials» en América Latina, al llegar al poder encarnando un cambio político y aprovechando la creciente insatisfacción con el statu quo. Noboa representaba sangre nueva y la promesa de acabar con la vieja política que había paralizado a Ecuador. Durante su discurso inaugural, el nuevo presidente prometió romper el ciclo de venganza política que obstaculizaba los procesos legislativos y retrasaba las reformas muy necesarias.
Sorprendentemente, la nueva administración logró poner fin a la turbulenta crisis política del gobierno anterior, navegando en un «mar político en calma» durante sus primeros meses y prácticamente sin oposición. El gobernante ADN se alió con el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional, estableciendo un bloque relativamente unido dentro de la legislatura.
Tras el recrudecimiento de la violencia criminal, Noboa declaró el Estado de guerra interno, implementando un estado de emergencia firme, militarizando la seguridad pública y etiquetando a las pandillas como grupos terroristas. Mientras organizaciones de derechos humanos criticaron las medidas de seguridad del gobierno por suspender las libertades civiles fundamentales, este recibía un amplio apoyo popular, el respaldo de los partidos de oposición y la simpatía de la comunidad internacional. Noboa se posicionó como el principal opositor a la inseguridad y su índice de aprobación subió al 80%, lo que lo colocó como el presidente más popular en América del Sur.
El inicio de la debacle
Sin embargo, la estabilidad política se derrumbó en abril de 2024 tras el allanamiento policial a la embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas por cargos de corrupción, en violación del derecho internacional. La medida tenía como objetivo, en parte, ganar el apoyo público previo a un referéndum centrado en la seguridad, al retratar al gobierno como comprometido con la lucha contra la corrupción de las administraciones anteriores. No obstante, el suceso provocó una importante crisis política interna, además de condenas internacionales. RC pidió la renuncia del presidente Daniel Noboa y se unió a la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador, rompiendo la alianza con el partido ADN de Noboa. Con el fin del pacto legislativo, ADN perdió su capacidad de llevar adelante su agenda y aprobar leyes con el apoyo de la mayoría.
Si bien los partidos de oposición declararon que apoyarían las reformas de seguridad del referéndum debido a su abrumador respaldo popular, la calma en el que había logrado navegar el gobierno de Noboa se convirtió en una tormenta. Tras desmoronarse el pacto político, la Asamblea pasó de organizarse en alianzas a una lucha de «todos contra todos«. Desde entonces, Noboa gobierna el país a contracorriente en un panorama político donde hasta el consenso sobre seguridad pública se desplomó y la otrora elogiada estrategia de seguridad del «Plan Fénix» es objeto de duras críticas.
El uso de los juicios políticos como arma también está ganando protagonismo, ya que el parlamento aprobó solicitudes de destitución de cuatro ministros en funciones presentadas por miembros de la oposición.
Los procedimientos de juicio político pendientes contra funcionarios del gobierno anterior de Guillermo Lasso fueron terminados para permitir la aceleración del juicio político a los ministros en ejercicio.
Las disputas políticas, la falta de consenso y los frecuentes enfrentamientos dificultan la gobernabilidad y la aplicación de la legislación, y el presidente utiliza cada vez más su poder de veto para archivar proyectos de ley. En 11 meses de gobierno, el Poder Ejecutivo vetó seis proyectos de ley presentados por el Poder Legislativo. El gobierno vetó en dos ocasiones los artículos de la Ley de Seguridad Social, impidiendo su adopción incluso después de que la Asamblea revisara el proyecto de ley. Este polémico doble veto, que nunca antes había ocurrido en la historia del país, fue tachado de inconstitucional por los partidos de la oposición.
La Corte Constitucional de Ecuador también ha declarado inconstitucionales los reiterados estados de excepción de Noboa, ya que no existe el «conflicto armado interno» que el gobierno ha invocado cinco veces como base legal para su medida. Recientemente Noboa tuvo que cambiar su justificación a condiciones de «graves disturbios internos», lo que desafía su narrativa popular de guerra abierta contra el crimen organizado.
Finalmente, el gobierno de Noboa se desestabilizó por las luchas internas entre el presidente y la vicepresidenta, Verónica Abad. Según la Constitución ecuatoriana, Noboa debe renunciar 45 días antes de las elecciones para hacer campaña y entregar el cargo a Abad, con quien mantiene una enigmática relación contenciosa.
Al asumir la presidencia, Noboa la «exilió» a Tel Aviv en una misión de mediación entre Israel y Palestina y recientemente ha solicitado un proceso de juicio político para destituirla antes de la campaña electoral de 2025. Los partidos de la oposición han apoyado a Abad, a pesar de sus feroces críticas en el pasado, bloqueando las mociones legislativas para despojarla de su inmunidad.
En agosto, Abad presentó una denuncia contra Noboa y otros funcionarios del gobierno ante el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política, un delito grave que se castiga con la suspensión de los derechos políticos durante un máximo de cuatro años, lo que podría impedir la reelección del presidente. El gobierno respondió calificando la acción como un intento de golpe de Estado para derrocar al presidente como parte de una conspiración más amplia en connivencia con los partidos de la oposición. En noviembre, el gobierno suspendió a Abad durante 150 días por «abandono injustificado» de sus funciones, por el retraso tras la orden de traslado de Israel a Turquía.
Otro gobierno disfuncional
Sin bien Noboa prometió poner fin a la «vieja política» en Ecuador, en los últimos meses ha perpetuado la misma dinámica que paraliza la formulación de políticas. Su objetivo inmediato, tras su toma de posesión, de reunir el apoyo popular necesario para su reelección y su falta de experiencia política le impidieron seguir un programa pragmático y estable, congruente con la oposición política, optando en cambio por medidas drásticas que generaran atención pública.
Desde entonces, la administración ha sido etiquetada como un «gobierno de improvisaciones«, que se basa en acciones provisionales reactivas y soluciones improvisadas en lugar de una planificación integral para abordar las diferentes crisis.
Esto ha agravado la crisis institucional en Ecuador, caracterizada por los bajos niveles de confianza interpersonal y en las instituciones, lo que pone de manifiesto las condiciones de un tejido social desgarrado y un sistema político debilitado y carente de legitimidad pública.
