Norma contra ONG aniquila la lucha por los DDHH, afirman expertos
Mientras el oficialismo firma acuerdos con agencias internacionales, por otro atenta contra las ONG del país, que son el brazo operativo de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea
En Venezuela, las ONG son blancos de ataques del gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses han sido víctimas de hostigamiento, agresiones y amenazas, pese a que, en medio de la crisis humanitaria que afecta al país, son el puente a través del cual las poblaciones más desfavorecidas reciben ayuda. Desde inicios de año las amenazaron con que les caería todo el peso de la ley por presuntamente robar dinero. Incluso en 2020, cuando existía la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, diputado electo en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre, ya prometía una ley que impediría el financiamiento internacional de estas organizaciones. Hoy, un año después, esa ley pasó a ser una norma sublegal a la que ya estas organizaciones tienen que hacerle frente.
En un intento por controlarlas, emitieron en Gaceta Oficial Nro. 42.098 la providencia n° 001-2021, con fecha del 30 de marzo, donde se establece que estas agrupaciones deberán registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y proporcionar información que comprometería su libertad y su seguridad, pues se verían obligadas a dar datos sobre su personal, donantes, beneficiarios y movimientos financieros.
#AlertaLegal El Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 13, 2021
Al respecto, en el foro de TalCual «¿Qué implica la norma contra los ONG?«, la directora de la organización de carácter humanitario Prepara Familia, Katherine Martínez, comentó que esa medida vulnera sus derechos y minimizaría su capacidad operativa, pues su aplicación, por implicar entrega de información de donantes , los dejaría entre la espada y la pared y podría significar una merma en recursos. Aseguró que el carácter de defensores que tienen estas asociaciones, existen protocolos relacionados con la revelación de información de los organismos, nacionales o internacionales, de quienes reciben dádivas o aportes, y que tienen que complirlos. Pero los donantes son sólo uno de los actores que se ve amenazado con esta jurisprudencia. Aquellos que reciben la ayuda directa son otro.
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«Nuestra población son niños, niñas y adolescentes y mujeres cuidadoras del hospital JM de los Ríos. Sobre los niños, porque tienen características especiale establecidas en la Convención de los derechos del niño, no nos permiten revelar sus datos. Hay información fundamental en los beneficiarios que debemos resguardar en materia de acción humanitaria y de derechos humanos. Estos niños como peticionarios de medidas cautelares solicitadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debemos resguardarlos», señaló.
La hipocresía del chavismo
Por su parte, Liliana Ortega, directora de Cofavic, una ONG que brinda ayuda psicológica y jurídica a víctimas, señaló que lo que persigue esta ley es atacar la estructura y capacidad instalada de estas agrupaciones, así como cercenar los espacios de ayuda que representan.
«Esta providencia es un craso error de quienes detentan el poder, porque todos los programas de cooperación de la Organización de Naciones Unidas sólo se implementan por medio de las ONG», sentenció al tiempo que aseguraba que la ciudadanía era la más afectada por esta regulación, puesto que justamente son estas organizaciones las que llegan hasta donde va el Estado que no está cumpliendo con las competencias que tiene.
En ese sentido, indicó que sorprende que el gobierno de Nicolás Maduro, mientras firma acuerdos por un lado, como lo hizo con el Programa Mundial de Alimentos, aumenta el hostigamiento por otro poniéndole trabas a las ONG, que son el brazo operativo más importante de la Unión Europea y la ONU.
«No puede el Estado, en nombre del terrorismo, perseguir a las ONG, menos cuando hacemos un trabajo totalmente legal y en momentos cuando se requiere sumar voluntades», agregó.
