Nueve ONG piden que se divulgue memorando entre Maduro y la Fiscalía de la CPI
Las ONG solicitaron que la Fiscalía de la CPI tome en cuenta las opiniones de las víctimas para implementar dicha oficina. «En particular, la asistencia y la cooperación de la Oficina debe llevar a que el Estado garantice su integridad y a que las autoridades se abstengan de descalificaciones y de todo acto de intimidaciones y represalias»
Nueve organizaciones de la sociedad civil solicitaron este jueves 15 de junio, por medio de un comunicado, que se haga público y se divulgue el último memorando de entendimiento firmado entre la administración de Nicolás Maduro y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), durante la viista del fiscal Karim Khan al país.
Dicho memorando permite la instalación de una oficina de la Fiscalía de la CPI en el país, en el marco de la complementariedad del Estatuto de Roma. Las ONG también lamentaron la falta de información a la opinión pública sobre la visita del fiscal Khan y su desarrollo, además de la poca información disponible sobre el documento.
«En un país en donde reina la opacidad institucional y la falta de transparencia en la gestión pública, esperamos que esa no sea la dinámica impuesta en el desarrollo del mandato de la Oficina. Es necesario que se divulgue el MdE y en consecuencia, conocer cuáles son las áreas prioritarias que según el Fiscal se establecieron, y en las que la Oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades», señalaron las organizaciones.
Destacaron que aunque se conoce que la Fiscalía de la CPI brindará asistencia para desarrollos legislativos en el campo de la justicia, «mal podría la Oficina brindar esta asistencia para que sea implementada en procesos legislativos, como los que adelanta la actual Asamblea Nacional, sin publicidad alguna y simulando la participación ciudadana. Insistimos en que las políticas deben ser elaboradas y adoptadas con transparencia, de cara a la nación».
A pesar de esto, reconocieron que el fiscal Khan ha dejado en claro que su objetivo es mejorar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma, así como que el proceso de investigación avanza de forma independiente a las actuaciones de esta nueva oficina.
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La solicitud fue suscrita por Acceso a la Justicia, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), Civilis Derechos Humanos, Defiende Venezuela, Foro Penal Venezolano, Laboratorio de Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Para las ONG, también es «imprescindible» que la oficina de la Fiscalía de la CPI «contribuya a crear las condiciones para que el Estado cumpla con su deber de garantizar la existencia y el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), dado que el Fiscal y la CPI las considera “socios necesarios para establecer responsabilidades significativas en crímenes de lesa humanidad”».
Por ello, expresaron que el Estado venezolano debe abstenerse de intimidaciones y represalias, entre ellas los proyectos de ley de cooperación internacional y ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.
Otra cuestión que solicitaron las ONG es que se tome en cuenta las opiniones de las víctimas para implementar dicha oficina. «En particular, la asistencia y la cooperación de la Oficina debe llevar a que el Estado garantice su integridad y a que las autoridades se abstengan de descalificaciones y de todo acto de intimidaciones y represalias».
Además, esperan que el mandato de esta oficina «realmente lleve a que el Estado venezolano adelante investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos de acuerdo a los estándares del Estatuto de Roma»; al igual que sea un mecanismo exitoso no solo en Venezuela, sino en Bangladesh, Sudán y Ucrania donde también se prevé abrir oficinas de este tipo.
«Los pueblos víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y los responsables de tales crímenes deben ser llevados ante la justicia para que se establezcan sus responsabilidades penales».
