Nuevo informe de Bachelet servirá de refuerzo ante la CPI, aseguran defensores de DDHH
La recomendación de los defensores de derechos humanos para el Estado venezolano es atender de manera urgente la realidad que describe el informe de Michelle Bachelet, pues refleja el mismo patrón conductual que se ha denunciado desde el año 2019
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el que se denuncia que en Venezuela aún se siguen cometiendo abusos y torturas y no se han tomado en cuenta todas las recomendaciones realizadas por su oficina desde el año 2019.
Al respecto, Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que este nuevo informe refleja parte de lo que está ocurriendo en el país en torno a los derechos humanos. Explica que en esta oportunidad, el documento lo que hace “es reproducir de manera muy descriptiva, sin entrar en calificaciones como sí lo hizo en el pasado la oficina de la Alta Comisionada, una realidad que no es positiva”.
Para Trujillo las menciones sobre violaciones al derechos a la vida por ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes con el agravante de violencia sexual en centros penitenciarios, condiciones de detención, temas relacionados con debido proceso, cierre de espacios cívicos y estigmatización y criminalización de organizaciones y defensores de derechos humanos “son solo una muestra de lo que ocurre en el país”.
Sin embargo, el también profesor de Derecho de la UCAB añade que, desde su punto de vista, siente que hay cosas que se moderaron en el informe y por eso es solo descriptivo; lo que sostiene ya “es horrendo”.
Por su parte, Humberto Prado, comisionado de los DDHH y atención a las víctimas nombrado por Juan Guaidó, insiste que este nuevo informe presentado por Bachelet “simplemente ratifica que en Venezuela no hay autonomía en el poder judicial sino presiones sobre quienes ejercen la justicia”; pero lamenta que la Alta Comisionada no haya sido más contundente.
Desde la perspectiva de Prado, Bachelet debe corregir algunas formas de expresión en algunos casos graves, pues cree que como hace la formulación «le da la razón al régimen y no a las víctimas».
Enfatiza que «debe ser un poco más concreta y su lenguaje tiene que ser más directo» y menciona como ejemplo el caso de la familia Pernalete, donde no se ha investigado la cadena de mando tras el asesinato de Juan Pablo Pernalete, ocurrido en 2017 cuando fue impactado con una bomba lacrimógena lanzada por un funcionario de la Guardia Nacional.
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Insumo de refuerzo para la CPI
De la misma manera, Prado expone que este nuevo informe que será presentado formalmente este próximo 5 de julio “constituye un insumo muy importante y de refuerzo para el fiscal Karim Khan (de la Corte Penal Internacional) para lo que ya pudieran tener listo en vista de que Fatou Bensouda no pudo dar a conocer sus conclusiones”.
Eduardo Trujillo dice que, pese a que pareciera haber un cambio por parte del gobierno de Nicolás Maduro tras la presión que ejerce la investigación de la CPI sobre Venezuela, este informe sí tendrá una influencia sobre el pronunciamiento de este organismo “porque refleja un patrón conductual que se sigue manteniendo en el país alrededor de los derechos humanos”.
Sin embargo, Trujillo enfatiza que la Corte Penal Internacional “no es la solución a los problemas que tenemos los venezolanos”.
Aclara que esta es una herramienta que está siendo utilizada por algunas personas que han sido víctimas y por algunas organizaciones que han aportado información para esas investigaciones, con la que se busca “persuadir al Estado en el cese de las violaciones a DDHH y elevar el estándar de cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el país en esta materia”.
Al respecto, el comisionado Prado adelantó que este nuevo informe presentado por Michelle Bachelet será enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para resaltar la falta de independencia del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.
La recomendación del director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB para el Estado es trabajar de manera urgente sobre la realidad que describe el informe de Bachelet. “No es posible que sigan ocurriendo juicios en tribunales no independientes, no es aceptable que ocurran torturas en centros penitenciarios y mucho menos temas de violencia sexual, no es coherente con un sistema democrático que se cierren espacios cívicos y se impida el ejercicio de la defensa de derechos humanos”.
Contrario a lo que piensa Trujillo, Prado no cree que el gobierno de Maduro quiera cambiar su comportamiento en materia de DDHH. Acentúa que en el país “no hay justicia” y tampoco se han corregido las faltas en materia de violación de derechos humanos, pues continúan las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las persecuciones contra defensores de DDHH y ONG, los presos siguen muriendo por desnutrición y enfermedades prevenibles, entre otras desviaciones.
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