Número real de desapariciones forzadas es incierto: ONG registran más de 50
Defensores de derechos humanos consideran que las desapariciones forzadas son de los crímenes más graves contra los derechos humanos porque deja a las personas detenidas en absoluto desamparo y sin derecho a la defensa. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU insta a las autoridades a informar el número real de aprehendidos, su ubicación y a tomar medidas en favor de las víctimas. Algunas de las personas que han estado en desaparición forzada son Emirlendris Benítez, Rocío San Miguel, Enrique Márquez, y, recientemente, Carlos Correa
Desde el 20 de abril de 2019, la familia de Hugo Marino Salas no ha tenido información sobre su ubicación. A partir de ese día, la angustia y el terror han tomado las vidas de sus familiares, quienes han agotado todas las vías legales e institucionales para dar con su paradero, pero ninguna acción ha tenido éxito.
Fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Nunca fue procesado ni presentado en tribunales. Ya casi se cumplen seis años desde que los familiares del buzo e investigador venezolano, descendiente de italianos, no lo ven. Su madre, Beatriz Salas, ha dudado si su hijo realmente está vivo.
Este caso es el más antiguo que se conoce en el país de desaparición forzada, denunciado ante organismos nacionales e internacionales y, a diario, la madre de Hugo Marino Salas pide en redes sociales que «el régimen responda y diga dónde está o qué le hicieron (…) Ellos son responsables de su desaparición», escribe.
Hugo Marino está desaparecido desde 2019 tras ser detenido por la Dgcim
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, denunció que en el país hay 27 desapariciones forzadas desde el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, afectando a personas que ejercían su derecho a la manifestación pacífica y expresión, defensores de derechos humanos, opositores y periodistas, entre otros.
De acuerdo con el registro de la ONG Foro Penal Venezolano, en el país existen 43 casos de desapariciones forzadas denunciadas por familiares. Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón tiene registro «de poco más de 50 personas en situación de desaparición forzada», expone su coordinadora, Martha Tineo, quien enfatiza que «eso es solo un número referencial y apenas son una proyección de lo que puede estar pasando».
La desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida por cuerpos policiales o grupos armados sin identificación, pero que actúan bajo la aquiescencia del Estado, y se desconoce su paradero. «Si no se les permite comunicación con su familia o abogados de confianza, desde ese mismo momento, se considera una desaparición forzada», explica Tineo.
«Pueden pasar horas, días, semanas y aunque luego se sepa dónde está la persona, el crimen de desaparición forzada se consumó». En el país la desaparición forzada se califica de corta o larga duración, agrega la abogada defensora de derechos humanos.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos denuncia que este método es utilizado como estrategia para infundir terror, por lo que muchas familias no hacen públicos sus casos ante las amenazas recibidas.
«A tenor de las propias cifras oficiales, hay mucha más gente presa por razones políticas de las que las organizaciones de la sociedad civil hemos logrado identificar», afirma Martha Tineo, y enfatiza que no solo es el caso de personas en situación de desaparición forzada, sino «que hay un gran número de personas que no denuncian (la detención de su familiar) porque se les amenaza que si entran en comunicación con ONG de derechos humanos va a ser peor y es gente de la que no podemos tener conocimientos».
Patrón sistemático en aumento
Tanto la ONG Provea como Justicia, Encuentro y Perdón afirman que la desaparición forzada se ha convertido en un patrón en el país contra quienes disienten del oficialismo. Tineo dice que las ONG han identificado que este modelo de detención se ha identificado en la última década.
«Mi esposo hoy está cumpliendo 13 días desaparecido (21 de enero). No he tenido noticia de dónde está. Soy solidaria con todos (los familiares de detenidos). No hay derecho de vivir esta historia tan terrorífica», expresó, entre llanto, Adriana Briceño a las afueras del Ministerio Público durante una protesta en la que familiares de presos políticos exigían una ley de amnistía para lograr su libertad.
Adriana es esposa de Ángel Godoy, fotógrafo y periodista de Punto de Corte. Dice desconocer las razones por las cuales su pareja fue detenido y desaparecido por órganos de seguridad del Estado el pasado 8 de enero. Su mayor preocupación es su estado de salud: al momento de la aprehensión tenía un cuadro de bronquitis y, de no recibir el tratamiento, su salud podría empeorar.
«A donde voy cargo esta mochila con la esperanza que en (el) lugar que acepten que está, reciban la medicina. Esto es desgarrador. No hay un ente que dé información. No sé si mi esposo está a salvo y lo que más temo es que lo maltraten. No hay derecho. Todo venezolano tiene derechos fundamentales y estos han sido pisoteados. Eso no tiene nombre», condena Briceño.
Amnistía Internacional afirma que «buscar la verdad (en casos de desapariciones forzadas) puede comportar gran peligro para toda la familia» y suma el sufrimiento que padecen los allegados del detenido, que los lleva a una «lenta angustia psicológica» ante la incertidumbre de saber si su pariente está muerto.
Desde los comicios presidenciales del 28 de julio se ha denunciado un aumento de los casos de desapariciones forzadas. La organización Corriente Política Comunes, que denunció la desaparición forzada del excandidato presidencial Enrique Márquez, alerta sobre la expansión de los lapsos de tiempo en estas detenciones, que por lo general también suelen ser arbitrarias, en las que no se respeta el debido proceso y para las que ni siquiera aceptan el recurso de habeas corpus.
Antonio González, integrante de la referida organización, recuerda que la mayoría de los más de 2.000 detenidos en el contexto poselectoral estuvieron por más de 45 días incomunicados, sin visitas y sus familiares no supieron de ellos, en muchos casos, hasta el momento de la presentación en tribunales.
«Había madres que decían que no sabían si sus hijos estaban vivos o muertos. Incomunicados, y a los dos meses es que les informan que estaban detenidos», contó González.
En este sentido, la coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón explica que en la actualidad se genera escándalo por las desapariciones forzadas y hay un agravamiento «porque el número de detenciones políticas se incrementaron escandalosamente y, en esa misma proporción, vemos un incremento de las desapariciones forzadas».
No obstante, recuerda el caso de Emirlendris Benítez, quien fue detenida el 5 de agosto de 2018 por supuestamente estar involucrada en el caso de los drones contra Nicolás Maduro y condenada a 30 años de cárcel. Su familia estuvo más de un mes sin saber de la ubicación de la mujer, quien estaba embarazada al momento de aprehensión y tras recibir una golpiza sufrió un aborto.
Otros casos emblemáticos de desaparición forzada son los de Rocío San Miguel, Javier Tarazona y recientemente el del periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa.
El gendarme y otras desapariciones
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo es uno de los casos de extranjeros apresados bajo el patrón de desaparición forzada tras ingresar al país por fronteras terrestres.
A todos los extranjeros se les acusa de estar involucrados en planes de invasión y desestabilización. Hasta la fecha, se desconoce el centro de detención donde está recluido Gallo y las autoridades se niegan a informarlo, pese a haber compartido imágenes del argentino.
El caso de los extranjeros detenidos en el país también alerta de desapariciones forzadas, pues aunque el mismo Maduro dijo que hay 150 apresados en el país, las organizaciones no gubernamentales no han podido identificarlos a todos ni tampoco se sabe cuál es el lugar de reclusión. Justicia, Encuentro y Perdón únicamente ha podido verificar a poco más de 30 extranjeros, con lo que no pueden negar la existencia de los otros 120.
Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, considera que este patrón generalizado (desaparición forzada) y la sistemática violaciones de derechos humanos en Venezuela «son llevados a cabo por Nicolás Maduro, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Guardia Nacional (GN), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la República».
Martha Tineo afirma que la desaparición forzada «es uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos porque en el periodo de tiempo que no se conoce del paradero de esas personas, están en absoluto desamparo y no hay manera de protegerlas porque no se sabe dónde está, cómo está, quién la tiene y no hay manera de ejercer el derecho a la defensa».
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas dio un plazo de 60 días, desde el pasado 22 de enero, a las autoridades venezolanas para informar sobre el número exacto de personas detenidas, adoptar medidas para garantizar que no hay desapariciones forzadas, permitir que el habeas corpus sea un recurso efectivo, entre otras recomendaciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
