Objetivos de Desarrollo Sostenible: de la lista a las políticas, Marino J. González R.
POLITEMAS @marinojgonzalez
En 2030 todos los países del mundo deberán tener mejores condiciones para el desarrollo sostenible. Esa es la premisa bajo la cual han sido aprobados y reconocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el año 2015. Estos objetivos, divididos en 17 áreas, constituyen la referencia de gobiernos y organismos internacionales para las decisiones que deberán tomarse en los próximos años para alcanzar lo propuesto. En cada una de las áreas de objetivos se han establecidos metas, unas específicas y otras no tanto, que permiten que se haga el seguimiento.
Asumamos que todos aquellos grupos o instancias interesadas en promover el cumplimiento de los ODS se disponen a tomar las previsiones para alcanzarlos. Y para ello examinan en detalle cada una de las áreas señaladas. Lo primero que se puede notar es que los ODS están colocados en una lista (del número 1 al 17). La utilización de una lista tiene valor práctico. Indica que allí están contenidos los aspectos de mayor relevancia. La presentación de una lista también puede indicar que cada uno de los elementos tiene igual relevancia. Sin embargo, también sabemos que en una lista se colocan en primer lugar algunos elementos y otros se colocan posteriormente. De manera que no es tan cierto que todos los elementos tienen similar connotación. En otras palabras, el orden en la lista también tiene importancia.
En los primeros ocho ODS, el criterio corresponde a aquellas condiciones que deben ser mejoradas para que el desarrollo sea efectivamente sostenible y llegue a todas las personas en todos los países. El primero de los ODS es eliminar la pobreza, lo cual debe ser uno de los aspectos que cuenta con un amplio consenso. Y así sucesivamente se señalan otros ODS, entre los cuales se incluye desde la seguridad alimentaria hasta la energía para todos. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos primeros ocho ODS? Aparte del hecho relevante de que expresan demandas muy significativas en el ámbito global, el cumplimiento de cada uno de estos ocho ODS supone que la sociedad de cada uno de los países tiene los recursos necesarios y suficientes para tal fin. Lo cual, por supuesto, es altamente deseable. Pero, estar de acuerdo en la satisfacción de una demanda o necesidad no significa que la sociedad tenga los recursos para garantizarla. Se requiere que esos recursos estén disponibles. Y para que estén disponibles es fundamental que se tomen decisiones que afectan la producción de valor en cada país. Es decir, no es posible garantizar los recursos si previamente no se ha afectado la forma en la que la sociedad genera los recursos.
Este aspecto, la producción de valor, aparece en el ODS número 9, cuando se señala que se deberá promover la “industrialización sostenible” y la innovación. El lugar en el que está colocado este ODS no expresa realmente la importancia que tiene. Es decir, no se refleja en los ODS que la producción de valor sea una condición previa para la garantía de los otros ODS. De hecho, del total de 17 ODS, solo uno está relacionado con la producción de valor y el ingreso suficiente para que los otros ODS sean alcanzados. De allí que pudiera quedar la impresión, especialmente desde el ámbito de la gestión pública, que la mera concentración en el resto de los ODS será suficiente. Más bien puede pasar todo lo contrario, esto es, que los países, y especialmente, los gobiernos, no puedan asignar los recursos requeridos, fundamentalmente porque no han sido creados. La aspiración de los ODS puede terminar generando una mayor frustración.
No es lo mismo, entonces, enunciar una lista de ODS que proponer un marco de referencia en el cual se indiquen condiciones previas que deben alcanzarse. Entre estas condiciones previas, existen dos de especial consideración. La primera es el marco institucional en el cual los países toman decisiones, es decir, las reglas que permiten acordar objetivos de desarrollo. Este aspecto está involucrado en el ODS 16, pero al ser presentado dentro de una lista general no se puede apreciar cabalmente.
La segunda condición previa es la relacionada con el tipo de producción que se requiere en la casi tercera década del siglo XXI, justamente la que está asociada con la generación de tecnologías de la mayor sofisticación. Este aspecto no se encuentra desarrollado en los ODS de manera que permita asociar la creación de valor con la generación de los recursos que se requieren para satisfacer los otros ODS. En resumen, tanto los aspectos institucionales como la generación de valor son condicionantes que deber ser tomados en cuenta en esta perspectiva.
En los próximos años, la implementación de políticas para alcanzar los ODS en 2030 adquirirá mayor relevancia. Distinguir que el centro de la acción pública está fundamentalmente en la generación de un nuevo modelo de producción en el que se enfatice la creación de valor, especialmente compatible con la sociedad del conocimiento, será quizás la mayor diferencia.
Continuar con la ejecución de políticas en las cuales se intente mejorar las condiciones de vida sin modificar la producción de valor, será la forma de mantener, e incluso ampliar, el rezago de los países de América Latina con respecto a los países de mayor desarrollo sostenible.
