Observación electoral en Argentina: una deuda con la sociedad civil, por Leandro Querido
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Este año se cumplieron 39 años del retorno de la democracia a Argentina. Aunque imperfecta, se nutre de la participación activa de múltiples actores como la prensa, las instituciones, las universidades, los partidos políticos, una ciudadanía comprometida y la sociedad civil organizada. Todos estos actores hacen parte de los procesos electorales, de una u otra forma, y tienen una responsabilidad compartida por proteger la integridad de estos procesos, característica indispensable de una democracia.
Estos actores tienen un papel garantizado en los ciclos electorales y es respetado por las instituciones políticas. Todos, excepto las organizaciones de la sociedad civil que entienden de materia electoral. En Argentina no existe la figura de la observación electoral nacional, sino la de acompañamiento cívico, una modalidad de monitoreo mucho más limitada y poco regulada que deja amplia discrecionalidad a las autoridades electorales durante la acreditación de quienes eligen ejercer el derecho a acompañar los procesos electorales federales y provinciales.
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La Cámara Nacional Electoral creó la figura del «acompañante cívico-electoral» por medio de una resolución (acordada N.º 128/09 CNE) y todavía no existe una ley que modifique el Código Electoral para incorporar una sección que regule el monitoreo ciudadano. Esto, a pesar de que se han introducido múltiples proyectos en el Congreso Nacional, uno de esos proyectos, apoyado por Transparencia Electoral e introducido por el entonces diputado Gustavo Menna en octubre de 2020. Este punto pasó a convertirse en una de las 10 Reformas Electorales para la Argentina propuestas por Transparencia Electoral y que postula mejoras para el sistema electoral federal.
Durante el ciclo electoral de 2021 en Argentina, según el acta número 17 de la Junta Electoral Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estableció que los acompañantes cívicos son «sujetos ajenos al desarrollo del acto» y que con la presencia de los representantes de los partidos políticos «se encontraría garantizado el control». Esta decisión sentó un peligroso precedente que interpreta a este derecho como flexible y que la facultad de los partidos políticos para fiscalizar el proceso es medio suficiente para garantizar su integridad. El objetivo de la ley propuesta no es otro que el de evitar que los derechos de la ciudadanía se vean comprometidos.
Por ello, la última edición del Índice de Observación Electoral de América Latina de Transparencia Electoral categoriza a Argentina como un país con índice de observación electoral débil, y lo ubica solo por encima de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Esto, por supuesto, se refiere solo al estado de la figura de observación electoral, no al de la integridad de procesos electorales, pero sí es importante mencionar que afecta el derecho que tiene la sociedad civil de ejercer contraloría sobre la organización y ejecución de las elecciones.
El índice evalúa cuestiones como la existencia de la observación electoral en la legislación y las barreras para ejercer la observación, aspectos en los que el país no obtiene buenas evaluaciones, sobre todo en comparación con países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica, que no solo establecen y permiten la observación electoral nacional en sus legislaciones, sino que también están abiertos a la observación electoral internacional. En las elecciones más recientes de Ecuador (2021) y Colombia (2022), la presencia de observadores internacionales ayudó incluso a reducir tensiones de situaciones poselectorales. Las elecciones de Brasil en 2022 también establecieron la reciente incorporación de la figura de observación electoral.
Este año ha traído buenas y malas noticias para quienes ejercen la observación comicial en el mundo. Por un lado, países como Brasil, una de las democracias más grandes del planeta, tomó en diciembre de 2021 la decisión histórica de autorizar y regular la observación electoral no solo nacional, sino también internacional. Por primera vez en su historia democrática, varias misiones de observación electoral se distribuyeron en territorio brasileño para monitorear las elecciones generales de octubre de 2022.
Sin embargo, tanto las autoridades comiciales como los observadores han sido blanco de amenazas y acusaciones de descrédito sin precedentes, que tienen su origen en las campañas de desinformación impulsadas sin base ni escrúpulos por distintos actores del espectro político.
Por esta razón, el pasado 27 de octubre, relatores especiales de derechos humanos de la ONU emitieron una declaración conjunta respecto a la situación de los observadores electorales nacionales e internacionales como defensores de derechos humanos, lo cual representa un precedente importante.
Según la declaración, las condiciones en las que se celebran elecciones en el mundo han empeorado y «las campañas de desinformación, la retórica dura e incluso la violencia se han dirigido al amplio espectro de actores que participa en los procesos electorales, desde candidatos y partidos políticos hasta funcionarios y observadores electorales». También denuncian que «los observadores electorales tanto nacionales como internacionales han reportado un aumento significativo en la gravedad y la escala de los ataques contra ellos».
Los derechos civiles y políticos, entre los que están el derecho a elegir y a ser elegido y otros que garantizan la participación de la ciudadanía en la vida civil y política del Estado sin discriminación y en igualdad de condiciones, también son derechos humanos. Por ello, los relatores especiales enfatizan que «son defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil. Por lo tanto, los Estados deben permitir la observación independiente e imparcial de las elecciones por parte de todos los observadores, incluso provenientes del extranjero».
¿Por qué Argentina mantiene esta deuda con las organizaciones de la sociedad civil? La fiscalización del proceso comicial no es solo potestad de los partidos políticos. Es tiempo de que, con respecto a las elecciones generales de 2023, el Congreso asuma la responsabilidad de proteger y consagrar en el Código Electoral el derecho que tiene la ciudadanía de ejercer contraloría sobre las elecciones no solo durante la jornada de votación, sino también sobre las distintas fases que componen el calendario electoral.
Leandro C. Querido es politólogo y director de Transparencia Electoral de América Latina. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster en Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha (España). Autor del libro “Así se vota en Cuba”.
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