Observatorio de Prisiones: Los presos son considerados ciudadanos de tercera y no pasa nada
El OVP destacó que 70% de los presos durante 2021 estaba bajo retardo procesal, es decir, de 10 expedientes siete no se movieron durante el año, a pesar de que existe un plan de descongestionamiento y además se implementó, bajo la llamada «revolución judicial», una situación de postliberación bajo regimen de confianza tutelado
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó, este martes 10 de mayo, el informe anual 2021 sobre la situación en las cárceles venezolanas, donde señalan al hacinamiento, el retardo procesal y las enfermedades como los principales problemas de los reclusos, además de la inacción del Estado que considera a los presos como «ciudadanos de tercera».
El año pasado, según cifras del OVP, se registró un hacinamiento de 159,09%. En el país hay 33.710 reclusos (hombres y mujeres) en todo el país, mientras que la capacidad instalada es para 21.188.
«Los presos son considerados ciudadanos de tercera y no pasa nada. No se abren investigaciones o averiguaciones. Quienes sufren esto, aparte del que está tras las rejas, es la familia que los pelotean en todas partes», aseguró la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio.
Desde 2002 hasta diciembre de 2021 se han cerrado 10 centros penitenciarios, lo que generó una disminución de cinco mil plazas y contribuyó al hacinamiento. La mayor cantidad de población carcelaria se ubica en la región capital y andina. Además, aumentó la cantidad de mujeres detenidas y disminuyó la cantidad de extranjeros presos.
El OVP también destacó que 70% de la población carcelaria se encuentra bajo retardo procesal, es decir, de 10 expedientes siete no se movieron durante el año, a pesar de que existe un plan de descongestionamiento y además se implementó, bajo la llamada «revolución judicial», una situación de postliberación bajo regimen de confianza tutelado.
La directora del Observatorio denunció que bajo esta figura de la comisión de revolución judicial, en algunas ocasiones las boletas de excarcelación fueron firmadas por diputados o funcionarios no autorizados para ello. Algunos jueces revocaron estas libertades pero otros ciudadanos quedaron libres.
Desde el 1° de julio hasta el 28 de septiembre de 2021 la comisión para la revolución judicial, que se activó nuevamente el primer timestre de 2022, registró 3.466 libertades. Según cifras del OVP, en realidad se otorgaron 3.660 libertades o beneficios procesales.
En todo caso, 54% (18.259) de hombres y mujeres en cárceles se encuentra procesado judicialmente, mientras que un 46% (15.451) ya tiene una condena. Carolina Girón reiteró que esto se trata de un «retardo criminal» -citando al investigador Alberto Arteaga Sánchez- debido a que, en muchas ocasiones, las personas cuando son condenadas ya han cumplido más años de pena que los que fueron impuestos por un tribunal.
El nudo gordiano de la justicia penal es el “retardo criminal del proceso”.
— Alberto Arteaga (@ArteagaSanchez) October 17, 2021
Además hay un problema con las boletas de excarcelación, denunció la directora del OVP. Existe un retardo en tribunales para otorgar las boletas, o las personas que ya las poseen deben esperar por una llamada del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para ser liberados.
Mujeres en desventaja
Venezuela cuenta formalmente con 52 centros carcelarios: 35 están destinados para albergar población masculina, una cárcel femenina y 16 anexos femeninos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó 2.641 mujeres presas durante 2021, que se ven sometidas a intercambiar sexo por comida o algunos «beneficios» dentro de prisión.
«La situación de las mujeres presas es terrible. Son coaccionadas por el miedo. Venezuela solo tiene una cárcel para mujeres, de resto son anexos femeninos a centros penitenciario de hombres. No hay instalaciones adecuadas para servicios básicos. Hay mujeres embarazadas y nacen bebés en cárceles, no hay control pre y postnatal, no hay control pediatrico ni comida para niños. No hay condiciones adecuadas para que permanezca una mujer allí», dijo Carolina Girón.
Además sufren la misma falta de atención sanitaria, debido a que en las cárceles no hay médicos o personal de salud de guardia, tampoco se les permiten o retrasan los traslados a un hospital cuando son autorizados por tribunales.
La tuberculosis y desnutrición se posicionaron por tercer año consecutivo como las principales causas de muerte por salud en la población reclusa. Además se presenta hepatitis, paludismo, enfermedades gastrointestinales que son padecimientos que, de tener un tratamiento adecuado, son de fácil tratamiento y cura «pero esto no está sucediendo. Los presos están muriendo», señaló la directora del OVP.
Presos y sin comida
La alimentación y acceso al agua potable es otro de los problemas que enfrentó la población reclusa durante 2021. En muchas prisiones no se da las alimentación adecuada, pues consiste en un bollito de harina en un caldo, suministrado dos o tres veces por semana.
En general los alimentos, que deben estar cocidos, son llevados por mujeres familiares de los reclusos en días específicos, por lo que se incrementa la carga hacia el grupo familiar. Los presos que no tienen familiares se ven obligados a consumir los desechos de los demás.
El Observatorio ha documentado que, en meses, los presos pierden en promedio 40 kilos. Durante 2021 fallecieron 126 personas, 90 de ellos por problemas asociados a enfermedades y mala alimentación. La mayor cantidad de muertos se registró en Lara (33), seguido de Anzoátegui (27), Monagas (16), Guárico (13) y Carabobo (14).
Estado vs pranes
La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que el país tiene nueve cárceles con medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero desde 2006, cuando se dictó la primera medida, el Estado ha hecho caso omiso a todas las recomendaciones.
«Necesitamos voluntad política, con personas preparadas, para resolver estos problemas», sentenció durante la presentación del informe.
Además reiteró el control de los pranes sobre la mayoría de las cárceles en el país. Incluso, denunció que funcionarios del Estado están «dirigidos por un pran. El pran decide quien vive en las cárceles, quiénes van a audiencias, cuándo hay traslados. Cuando sus ingresos disminuyen piden que les envíen más presos para mantenerse».
Los pranes cobran por llamadas telefónicas, por comida, por visitas conyugales o traslados «todo esto bajo el auspicio de las autoridades, porque en muchas cárceles se observan los dos métodos de control: Una parte del centro penitenciario bajo el régimen penitenciario del Ministerio y otro edificio bajo control del pran», dijo Carolina Girón.
En los centros penitenciarios además se consiguen armas de guerra como ametralladoras o granadas, que según la Constitución solo deberían estar en manos de las Fuerzas Armadas. «¿Cómo llega una granada a un centro penitenciario? ¿Cómo llega un AK 45 con mira telescópica a centros prenitenciarios? Es una gran pregunta. ¿Puede acaso una mujer ingresar una ametralladora en sus partes íntimas? Porque siempre se culpa a las mujeres por el ingreso de armas a las cárceles».
