Ocho venezolanos presos en México: familias denuncian «detención injusta» y claman apoyo
Por más de un año, ocho hombres venezolanos permanecen recluidos en una cárcel en Tuxtla Gutiérrez, México, acusados de un secuestro que, según sus familias, no cometieron. Sus allegados denuncian irregularidades en el proceso judicial y claman a las autoridades venezolanas apoyo para lograr su libertad y retornar al país
«Lo único malo que hicimos fue llegar al lugar equivocado», dice entre lágrimas María Fernanda Durán Depablos, pareja de Wilson Alberto Ramírez, uno de los ocho venezolanos detenidos desde el 26 de junio de 2024 en el penal Cereso el Amate, en Chiapas, México, estado fronterizo con Guatemala.
Ese día, cerca de las 6:00 a.m., agentes de la Policía de Investigación irrumpieron en la vivienda donde la familia de Durán había alquilado espacio y unas colchonetas para pasar unos días y refugiarse con sus hijos de la lluvia. Esa casa, de dos pisos, era el lugar más económico que habían encontrado, tras una ruta migratoria a pie por la selva del Darién y varios países, que los llevaba con rumbo a Estados Unidos. Allí estuvieron cuatro días hasta que fueron sorprendidos por el operativo.
«Mi esposo se estaba bañando, yo estaba arreglando la ropa de los niños para seguir nuestro viaje, justo nos habían enviado dinero para seguir avanzando. Entonces llegaron los policías y dijeron que había un proceso legal porque habían secuestrado a unas personas en el segundo piso de la casa. Nosotros no sabíamos nada», relata Durán.
Las investigaciones posteriores, y de lo que se enteró María Durán, es que en esa casa tenían secuestrados a dos taxistas mexicanos por supuestamente no pagar extorsiones a una mafia. Las averiguaciones indican, hasta lo que se conoce, que otros tres venezolanos y dos mexicanos son los responsables del delito. Durán Depablos asevera que su esposo y los otros siete connacionales no tienen relación con ese crimen.
Detalla que en total fueron detenidos 13 adultos, entre ellos 11 venezolanos y sus familias afirman que hay ocho inocentes, que solo estaban en el lugar de paso. En el momento de la redada, ocho menores de edad también fueron llevados por las autoridades.
Estos migrantes no viajaban juntos, se conocieron en la casa donde alquilaron las colchonetas, y en la actualidad todos esperan alcanzar la libertad tras más de un año de cárcel.
Una vida en suspenso
Durán recuerda que incluso ella fue arrestada junto a sus tres hijos, de 8, 9 (con una malformación vascular) y 14 años. «Nos pasaron por una pantalla de reconocimiento. Llegaron a marcar a mi hijo mayor como responsable del secuestro, pero luego lo cambiaron por otro migrante. Nos amenazaron con mandarnos a migración, pero nunca nos llevaron. Solo tomaron nuestros datos para armar las carpetas», explica.
Tras dos días, María Durán, de 31 años, y sus hijos fueron liberados, al igual que Dubeidy Salazar (39 años), pareja de Jorge Luis Hernández, y sus hijos, quienes en la actualidad viven con ella en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Los ocho venezolanos detenidos en el estado de Chiapas, México, están identificados como:
- Wilson Alberto Ramírez (32 años), del estado Táchira: Tenía ocho años viviendo en el exterior con su familia, entre Ecuador y Chile.
- Gabriel Rafael Barrios Sánchez (32 años), del estado Zulia: Vivía en Colombia y trabajaba como repartidor en una empresa de embutidos.
- Axel Alexander Mendoza (24 años), del estado Portuguesa: Trabajaba como empaquetador en la empresa Lual (distribuye los CLAP).
- Yaristhom Cecilio García (46 años), de Caracas: Trabaja en Mulco Watches Venezuela.
- Carlos Eduardo Hernández (36 años), de Caracas: Trabajaba la albañilería y herrería por su cuenta en Venezuela.
- Lean Leandro Tremarías (50 años), del estado Anzoátegui: Era soldador independiente en Anaco.
- David Alejandro Rodríguez (24 años), del estado Anzoátegui: Trabajaba en el país en una fábrica de tostones llamada «Mister chips».
- Jorge Luis Hernández (29 años), de Caracas: Tenía seis años fuera del país, vivía en Perú y trabajaba como vendedor ambulante.
- Identificación desde la parte superior, de izquierda a derecha: Wilson Alberto Ramírez, Jorge Hernández, David Rodríguez, Gabriel Barrios, Yaristhom García, Axel Mendoza, Leandro Tremarías y Carlos Hernández.
Más de un año después, el proceso judicial parece estar estancado. Las seis audiencias han sido aplazadas mes a mes desde marzo, mientras los familiares aseguran que carecen de recursos para costear una defensa privada y que el abogado público, de nombre Luis Carlos Gutiérrez, apenas se comunica con ellos. «El abogado no los visita. No tenemos dinero para contratar otro», lamenta Durán.
«No nos toman en cuenta por ser migrantes»
La situación de las familias de los ocho apresados es precaria. Solo Wilson Ramírez y Jorge Luis Hernández cuentan con el apoyo de sus parejas. Los otros seis, aunque hacían el viaje migratorio en compañía de familiares, fueron dejados atrás por estos, quienes siguieron su rumbo tras el encarcelamiento.
Durán y Salazar permanecen en Chiapas con sus hijos y dando apoyo a los ocho venezolanos detenidos «injustamente», según denuncian.
«Pagamos el alquiler con lo que nos mandan los familiares desde Venezuela. No podemos trabajar porque tenemos miedo de dejar a los niños solos; acá hay mucho robo de niños para tráfico de órganos. Cuando tenemos comida se la llevamos (a los detenidos); cuando no, ellos comen lo que les dan en la cárcel», cuenta con la voz entrecortada María Fernanda Durán.
Dubeidy Salazar sigue en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dando apoyo a su pareja, con sus tres hijos, de 20, 16 (con una operación en el pecho) y una bebé, que en los próximos días cumplirá un mes de nacida; sin embargo, hace cuatro meses que se le impide el ingreso al centro de detención por su embarazo y posparto. Denuncia que tampoco ha podido registrar a su hija.
Durán asegura que han tocado puertas en busca de apoyo, pero sin éxito. «Fui a la Embajada de Venezuela en Ciudad de México. Me atendió un abogado y me dijo que lo llamara cuando hubiera audiencia, pero nunca nos respondió. Hace un mes mandamos una carta (por correo a la Embajada de Venezuela) y contestaron que estaban esperando la audiencia».
Una imagen de un correo enviado a las autoridades venezolanas en México confirma que hubo comunicación y que la Embajada detalla que «se han realizado algunas diligencias a través de oficios enviados a la Fiscalía, a fines de poder hacer seguimiento al proceso legal (…) y verificar que se está cumpliendo el debido proceso».
En otra comunicación, también vía mail, la misión diplomática le escribió al abogado Luis Carlos Gutiérrez, el asignado por la defensa pública mexicana, para recordarle el caso de los ocho venezolanos detenidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ofreciendo asistencia consular para apoyo relacionado con documentación de estos ocho ciudadanos venezolanos.
Ambas correspondencias tienen fecha del 25 de julio de este año.
Privada en llanto, la mujer eleva su ruego a las autoridades venezolanas: «Les pido que nos ayuden, por favor, a que esta pesadilla se acabe ya. Todos ellos son inocentes. Que se pongan la mano en el corazón y les den su libertad. No nos toman en cuenta por ser migrantes».
El deseo de los detenidos y sus familias es claro: recuperar la libertad y retornar a Venezuela. María Fernanda Durán escribió al Plan Vuelta a la Patria solicitando ayuda para los detenidos, les ofrecieron un vuelo de repatriación al país, pero rechazaron la oferta porque no quieren abandonar a los ocho hombres en prisión. «Me dijeron que podían ayudarme a volver con los niños, pero no quise irme y dejar a mi esposo aquí solo en esta situación. Yo no lo voy a abandonar, ni a los otros», asegura Durán.
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El caso de estos ocho venezolanos encarcelados en Tuxtla Gutiérrez ocurrió en medio de una crisis migratoria sin precedentes en la región. En 2024, más de 400.000 migrantes cruzaron la selva de Darién, alrededor de 69% eran venezolanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
