OEA pide a Fiscalía de la CPI emitir órdenes de captura en caso venezolano
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que en Venezuela aún se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que estos «son moneda corriente todavía en el país». También afirmó que «es un momento de alta represión». Los expertos de este organismo urgen a la Fiscalía de la CPI abrir investigaciones contra personas específicas
El Panel de Expertos Internacionales Independientes, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó este viernes 3 de mayo su tercer informe sobre víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el que aseguran que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que no se rinden cuentas; por lo que se exige a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) examine los delitos cometidos en Venezuela para avanzar en investigaciones contra quienes ejecutan estos crímenes para que se emitan órdenes de captura.
Joanna Frivet, exasistente del Fiscal en la Corte Penal Internacional (CPI) y asesora de organizaciones internacionales de derechos humanos, afirmó que Venezuela no cumple con sus obligaciones en cuanto a la rendición de cuentas y consideró urgente «la intervención de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)» para que se judicialicen los delitos y crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país.
«La recomendación del panel es que la Fiscalía de la Corte, de forma urgente, participe en formas profundas para examinar la naturaleza de estos delitos constantes y que abra investigaciones en contra de personas específicas y que haga avanzar estas causas ante la Corte para que haya órdenes de aprehensión», sostuvo Frivet.
Desde la OEA también se recomienda al Estado venezolano que «deje inmediatamente de cometer más delitos y que cese las operaciones de encubrimiento en contra de víctimas, de defensores de derechos humanos y de sus familiares».
El informe presentado por la OEA contiene datos e información que indican que en Venezuela que se cometen delitos de lesa humanidad por lo menos desde el año 2014 como homicidios, tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual, encarcelamientos, entre otros, y se determinó que no ha habido investigaciones y que los autores de estos crímenes «todavía están en el mismo lugar y con la posibilidad se seguir realizando actos delictivos».
La exasistente del Fiscal en la Corte Penal Internacional (CPI) explicó que la situación en Venezuela «se trata de una serie de conductas más amplias que no solo tienen que ver con la comisión de delitos, sino con la represión», lo que dice hace muy difícil a actores de la sociedad, defensores de derechos humanos e integrantes de los organizaciones políticas «presentar una postura distinta a la que plantea el Estado».
Los expertos de la Organización de Estados Americanos también denunciaron que en el país existen «demoras considerables que no pueden explicarse» para conseguir justicia y afirmaron que esto está íntimamente relacionado con un problema del Estado y la falta de separación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Desde la OEA también condenaron que los autores de muchos de los crímenes de lesa humidad vinculados al Estado no hayan sido detenidos, pese a estar identificados y tampoco responsabilizan a quienes dan las órdenes para cometer estos delitos.
Joanna Frivet afirmó que aunque las víctimas denuncien ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, las autoridades «hacen caso omiso».
El Panel de expertos de la OEA señaló en su informe que de la muestra representativa de 183 casos que analizó, confirmó que el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios, lo que representa un alarmantemente 6%, en los cuales las sentencias obtenidas no reflejaron la gravedad de los hechos, ni el contexto generalizado y sistemático y, en todo caso, solo determinaron la responsabilidad de autores directos de bajo nivel, evidenciándose el uso de figuras jurídicas para atenuar la responsabilidad de estos.
En el 52,5% de los casos, el Estado no ha iniciado ningún tipo de proceso judicial, lo que evidenció que la impunidad generalizada deja a la inmensa mayoría de víctimas de crímenes de lesa humanidad sin expectativas de justicia en un contexto de violencia sistemática y continuada, orquestada por el Estado contra la población civil.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, indicó: «Es un momento de alta represión en Venezuela, donde se siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, donde siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura, donde siguen las denuncias, donde cada uno de los actos de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país».
Almagro dijo que Venezuela necesita democracia y, fundamentalmente, memoria, verdad, justicia y «detener los crímenes».
El abogado Perkins Rocha, representante de Vente Venezuela, de la opositora María Corina Machado, expuso que las autoridades venezolanas persiguen a los integrantes de esta organización. Indicó que hasta este 3 de mayo 20 adeptos de Vente Venezuela han sido detenidos o perseguidos por disentir.
Especificó que 14 integrantes de la organización han sido arrestados y seis están refugiados en la embajada de Argentina. Rocha agregó que 10 siguen detenidos y dos de estos (Henry Alviárez y Dinorah Hernández) sin ningún tipo de contacto desde el pasado 20 de marzo cuando fueron apresados.
En la presentación del informe estuvieron presentes Santiago Cantón, Manuel Ventura y Joanna Frivet, miembros del Panel, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel y miembros y representantes de la sociedad civil venezolana. Víctimas y familiares asistieron para compartir con los miembros del Panel y los presentes, su sufrimiento por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra, así como sus experiencias respecto a la rendición de cuentas a nivel nacional.
El panel de la OEA dijo que continuará monitoreando la situación de Venezuela y seguirá procurando la obtención de justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
