Oficialismo reitera a la CIJ que desconoce su jurisdicción para resolver disputa con Guyana
La funcionaria explicó que la invitación de la jueza de la CIJ fue aceptada por «cortesía», sin embargo enfatizó que no avalan que la disputa se resuelva a través de este organismo
El gobierno de Nicolás Maduro reiteró a la nueva presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Joan Donoghe, que no reconoce la jurisdicción del ente para resolver la disputa legal existente con Guyana por el territorio del Esequibo.
Este mensaje fue emitido por el oficialismo después de que la jueza de la CIJ, nombrada para este cargo a inicios de febrero, extendiera una invitación al gobierno venezolano para discutir sobre el tema.
«Venezuela (…) ha reafirmado su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la corte para conocer la controversia sobre la Guayana Esequiba», afirmó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien sostuvo un encuentro virtual con Donoghe.
La funcionaria explicó que la invitación de la jueza fue aceptada por «cortesía», sin embargo enfatizó que no avalan que la disputa se resuelva a través de este organismo.
Por este motivo, el encuentro entre Rodríguez y Donoghe no fue parte del procedimiento legal que inició el pasado 18 de diciembre, desde el momento en el que la CIJ se declaró competente para dictaminar a quién le pertenece el territorio Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados.
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La representante del chavismo resaltó que Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra de 1966, para luego inferir que los acuerdos deben alcanzarse de manera bilateral entre ambos países involucrados, mediante «negociaciones amistosas».
En este sentido, considera «unilateral» la demanda de Guyana contra Venezuela ante la CIJ, con la finalidad de que el organismo internacional determine la validez del Laudo Arbitral de 1899, que dio razón en aquel entonces a los alegatos de Gran Bretaña sobre la extensión del territorio que le pertenecía al reino británico, que ahora heredó Guyana.
Rodríguez acotó que a Venezuela le preocupa el «apresuramiento no justificado en un procedimiento preliminar» sobre este caso, en un contexto que además está condicionado por una crisis internacional ocasionada por la pandemia de covid-19.
También insinuó que en este proceso legal se han involucrado las trasnacionales con intereses sobre los recursos hallados en el Esequibo.