Oficina de la ONU reclama nuevas torturas y violencia sexual contra pueblos indígenas
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazó los bajos salarios y el clima de intimidación y persecución contra trabajadores del sector salud, maestros y otros sectores, como los empleados de empresas básicas -al sur del país- que han sido detenidos en las últimas semanas o se les ha impedido por vía judicial de ejercer su derecho a la protesta
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) hizo público este martes 4 de julio un nuevo informe sobre la situación de Venezuela, donde se reclaman nuevas torturas, detenciones arbitrarias, hechos de violencia sexual contra pueblos indígenas y el cierre de centros clandestinos manejados por organismos de inteligencia (Dgcim y Sebin).
En el informe, que será presentado de manera oral por el Alto Comisionado Volker Türk el 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se enfatizó en la vulneración y criminalización de grupos específicos como trabajadores, pueblos indígenas, campesinos y detenidos por razones políticas; al igual que los efectos desiguales de la crisis en niños y niñas, mujeres y personas Lgbti.
El documento, que abarca entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, también pone de manifiesto los pocos esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para resolver las detenciones arbitrarias, la negación de asistencia médica a presos, el avance en algunos casos y proveer de un juicio justo, así como la falta de investigación en 91 denuncias de tortura documentadas por dicha instancia de la ONU.
La Oficina del Alto Comisionado destacó que, si bien han registrado la disminución de asesinatos en el contexto de operativos policiales y de seguridad, es posible que exista una falta de denuncias por temor a represalias y el acceso limitado por las zonas donde se producen estas muertes.
También se hizo énfasis en la falta de investigación de muertes en contextos de protesta u operativos de seguridad (ejecuciones extrajudiciales). Según el Oacnudh, hay muertes como la de Robert Redman o Alejandro José Márquez que llevan nueve años siendo investigadas y en fase de juicio.
Sobre las denuncias de violencia sexual a pueblos indígenas, se indicó que este delito, al igual que asesinatos, mutilaciones, diversas formas de esclavitud (incluyendo trata sexual y trabajo infantil) están relacionadas a la extracción ilegal de oro en comunidades en los estados Bolívar, Amazonas y Zulia donde operarían organizaciones armadas y delictivas no estatales.
«El Acnudh recibió denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas por parte de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y garimpeiros, mineros ilegales procedentes de Brasil, en el estado de Amazonas. Otras denuncias indicaban trata de mujeres y niñas indígenas para su explotación sexual en zonas mineras o por miembros de grupos armados».
Otra cuestión que señaló la oficina es la falta de investigación de las desapariciones de personas ocurridas en alta mar, así como la falta de respuesta en los presuntos casos de desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos y Hugo Henrique Marino Salas, pues han transcurrido más de cuatro años sin que se tenga información sobre su paradero.
Además, la Oficina del Alto Comisionado rechazó los bajos salarios y el clima de intimidación contra trabajadores del sector salud, maestros y otros sectores, como los empleados de empresas básicas -al sur del país- que han sido detenidos en las últimas semanas o se les ha impedido por vía judicial de ejercer su derecho a la protesta.
Respecto al tema sanitario, el Alto Comisionado destacó en su informe los problemas estructurales en centros de salud públicos, como los problemas de servicios básicos (agua y luz), además de las dificultades para la compra de material médico quirúrgico y medicinas.
Las fallas en salud, señaló, afectan de forma diferenciada a los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a vacunas esenciales como sarampión, paperas o rubéola.
En cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, la Oficina de la ONU también encontró graves fallas para tratamientos de cáncer de cuello uterino o mama. Además, se enfatizó en las restricciones actuales que enfrentan las mujeres venezolanas para acceder a un aborto, por lo que se pidió al Estado poner fin a la criminalización y adaptar la legislación, incluyendo el artículo 432 del Código Penal, a las leyes internacionales y estándares en derechos humanos.
El Alto Comisionado Volker Türk visitó Venezuela del 26 al 28 de enero. En su estancia se renovó por dos años la carta de entendimiento entre Venezuela y su Oficina.
