ONG advierte retrasos para Venezuela en la CPI, tras salida temporal de Karim Khan
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. La administración Maduro intentó frenar el caso, alegando que se estaban realizando investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014
La ONG Acceso a la Justicia advirtió este jueves 7 de agosto sobre retrasos y un «punto de inflexión» en el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el organismo pidiera a su fiscal Karim Khan apartarse de la investigación, por tres semanas, al considerar que existen motivos razonables para dudar de su imparcialidad.
«Lo más preocupante es que pueda haber más retrasos en un caso que ya ha avanzado muy lentamente para las víctimas», indicó la organización no gubernamental en una nota.
Acceso a la Justicia subrayó que, en 2024, se reveló que la cuñada de Khan, la abogada Venkateswari Alagendra, fue contratada para el equipo legal del Gobierno de Nicolás Maduro.
«Aunque esta relación era pública, el hecho de que un familiar tan cercano trabajara para el Gobierno investigado generó una evidente apariencia de conflicto y dudas sobre la objetividad del fiscal», agregó.
Recientemente, la Sala de Apelaciones de la CPI concluyó que Khan mantiene una «relación familiar, profesional y jerárquica» con Alagendra, lo cual compromete -al menos en apariencia- su imparcialidad.
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El detonante fue la presencia de Alagendra en una audiencia en noviembre de 2023. La Fundación Arcadia y el abogado venezolano Robert Carmona-Borjas solicitaron después la «recusación» del fiscal por «conflicto de intereses» dada la relación «familiar, profesional y jerárquica» entre Khan y Alagendra.
Los denunciantes señalaron que la letrada no sólo es familiar directa, sino que ella y Khan trabajaron juntos en el pasado en casos de alto perfil, incluyendo la defensa de William Ruto (actual presidente de Kenia) y de Saif al Islam Gadafi (investigado por crímenes en Libia).
Los jueces concluyeron que la combinación de vínculos personales y laborales entre Khan y Alagendra sí podría generar una percepción razonable de parcialidad, algo que vulnera los principios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, que prohíbe la participación del fiscal en situaciones donde su objetividad pueda ser cuestionada.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. La administración Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
Si Khan no solicita voluntariamente su excusa dentro del plazo otorgado, los jueces pueden proceder a su recusación formal, lo que podría abrir una crisis interna en la oficina del Fiscal de la CPI, que ya está bajo presión tras emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por, entre otros, el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, y contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos.
Por otro lado, el departamento de asuntos internos de la ONU está investigando sospechas de acoso sexual contra Khan, lo que le obligó a apartarse temporalmente del cargo en mayo debido a las tensiones que causaba esta situación en la CPI. Los dos fiscales adjuntos han asumido la gestión de la oficina y Khan no ha hecho más apariciones públicas desde entonces.
Con información de la agencia EFE
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