ONG denuncia malos tratos contra detenidos por protestas poselectorales en Yare III
Desde el fin de semana circularon denuncias sobre supuestos traslados de al menos 60 presos políticos recluidos por las protestas en Yare III a las cárceles de Tocorón (Aragua) o Tocuyito (Carabobo). «La protección de los derechos humanos no es negociable», insistió la ONG Justicia, Encuentro y Perdón
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este martes 12 que los detenidos por las protestas poselectorales en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, estarían siendo sometidos a malos tratos dentro de ese penal.
«Con preocupación estamos recibiendo denuncias de familiares de los detenidos por motivos políticos en Yare III – quienes según su dicho – estarían siendo maltratados en este centro penitenciario. Exhortamos a las autoridades a que respeten los derechos humanos, empezando por la salvaguarda de la integridad física y psicológica de todas las personas bajo su custodia», escribió la organización en sus redes sociales.
Desde el fin de semana circularon denuncias sobre supuestos traslados de al menos 60 presos políticos recluidos por las protestas en Yare III a las cárceles de Tocorón (Aragua) o Tocuyito (Carabobo). «Desde el sábado en la noche han estado pendientes de los traslados. El domingo, ellos (los detenidos) llamaron diciendo que los iban a trasladar pero no saben exactamente para dónde. Estamos angustiados porque no sabemos en qué momento va a pasar», dijo una madre al Observatorio Venezolano de Prisiones.
*Lea también: Estudiantes de la UCV piden libertad plena para los presos políticos durante vigilia
El lunes 11 de noviembre se registraron visitas con normalidad en Yare III. «Estamos esperando que después de las visitas los trasladen, pero no tenemos más información, nos queda pedirle a Dios», comentó otra mamá de un detenido.
Justicia, Encuentro y Perdón y el Observatorio recordaron que el Estado es el responsable de la integridad física y mental de las personas privadas de libertad en el país. Además, se señaló que el Ministerio de Servicio Penitenciario debe informar el nombre de cada uno de los detenidos y el lugar donde serán trasladados, previa autorización de un juez.
«La protección de los derechos humanos no es negociable», insistieron las ONG.
