ONG denuncia que operaciones militares en Yapacana no han frenado minería ilegal
La ONG SOS Orinoco denunció que que la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana aumentó, pese «al show mediático» del Ejecutivo con respecto a la llamada «operación Autana», ejecutada entre septiembre y noviembre del 2023 para frenar la minería ilegal. Destacó que pese a la actuación militar, 15 nuevas hectáreas han sido devastadas por la actividad ilícita
La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que en el parque nacional Yapacana mineros que fueron desalojados por la Fuerza Armada Nacional (FAN) entre septiembre y noviembre 2023 abren nuevas minas “con el visto bueno” del cuerpo castrense.
La ONG hizo la denuncia este 16 de enero en su cuenta en X, antes Twitter. Desestimó las aseveraciones del Gobierno, que se jacta de luchar contra la minería ilegal.
“Los satélites los contradicen”, enfatizó la organización no gubernamental. En un video publicado en la red social, la ONG destacó que la minería ilegal en el parque nacional aumentó, pese “al show mediático” del Ejecutivo sobre la llamada “operación Autana”.
Según la ONG después de los operativos militares, se “destruyeron” 15 hectáreas por la minería ilegal.
En diciembre, la defensora de los pueblos indígenas Nancy Herrera, quien se encuentra en la clandestinidad desde el año pasado tras ser desplazada de su hogar, denunció este lunes 18 de diciembre que persisten las prácticas de minería ilegal por parte de funcionarios militares en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas.
«En Yapacana los militares están trabajando en este momento», denunció Nancy Herrera.
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En noviembre la ONG Fundaredes denunció que entre los años 2019 y 2023 han documentado 44 personas asesinadas en el contexto de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas.
De acuerdo con el nuevo boletín de la organización, titulado «Grupos armados y Estado venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas», 20 de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas (11) y Bolívar (9).
Para la ONG, además del riesgo en que se encuentran los pueblos indígenas debido a las diversas actividades delictivas asociadas a la extracción minera ilegal, sus derechos a la seguridad personal, a la salud, al igual que el uso, goce y aprovechamiento de su hábitat y tierras no son garantizados por el Estado venezolano.
Según documentó Fundaredes, grupos armados irregulares cometieron los asesinatos. Estos grupos son tanto de origen colombiano como venezolano, y también señalaron a miembros de las Fuerzas Armadas.
