ONG denuncian ataques contra parlamentarios venezolanos ante la plenaria de la CIDH
ONG solicitaron medidas institucionales de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) para que se abra una investigación a quienes cometen o han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela
“El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en vez de actuar como un órgano garante de los Derechos Humanos y de la Constitución, se convirtió en un ente represor”, así lo manifestó este miércoles la directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Laura Louza, quien denunció, en la 173° período de sesiones de la CIDH, las prácticas de persecución por parte del organismo venezolano.
Louza indicó que el ente estatal incrementó considerablemente la persecución, luego que la oposición se hiciera con la mayoría del Parlamento.
La abogada expuso que la ONG contabiliza 105 sentencias contra la Asamblea Nacional; por lo menos 61 contra 87 funcionarios de oposición o disidentes, entre los que figuran 18 alcaldes 1 gobernador y 5 concejales.
También señaló que el máximo tribunal del país ha emitido decisiones contra 33 magistrados, 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República, incluida la propia fiscal, y 27 diputados del Parlamento.
“La persecución a la disidencia es parte de una política sistemática e intencional del máximo tribunal. De allí que en Venezuela no pueda hablarse de un verdadero Poder Judicial o sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del Ejecutivo y, además, de talante represor”, dijo.
La defensora de los DDHH destacó que esas acciones se basan en la “ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas (…) la presentación de fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten como un guion en todos los casos, sin basamento legal válido”.
De la misma manera, solicitaron medidas institucionales de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) para que se abra una investigación a quienes cometen o han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Medida cautelar
Por su parte, la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, solicitó a la CIDH una medida cautelar de carácter colectivo para los diputados de la oposición de la Asamblea Nacional (AN) por encontrarse en “una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y participación política”.
La solicitud llega poco después de que Dávila anunciara los ataques en contra a los diputados de la AN como “sistemáticos y generalizados”, a lo que agregó que se han incrementado desde el primer día de sesiones del parlamento en enero de 2016.
Actualmente al menos a 26 diputados se les ha allanado la inmunidad parlamentaria, más de 60 han sido víctimas de actos de agresiones, actos de hostigamiento y persecución, 4 se encuentran resguardados en sedes diplomáticas, 1 está privado de libertad y más de dos docenas están en el exilio.
Este tipo de medidas son solicitadas cuando se verifica que hay un grave riesgo a la vida y que no hay estructuras de protección dentro de su país.
