ONG Justicia, Encuentro y Perdón: continúan traslados irregulares de detenidos
La organización indicó en X este 13 de septiembre que los familiares están preocupados debido a que los traslados ocurrieron desde desde la cárcel de Ramo Verde al Centro de Procesados y Penados Militares de Charallave sin que se les informara el motivo de la medida
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este viernes 13 de septiembre que continúan los traslados a otros centros de reclusión de personas detenidas, sin que se le informe a los familiares.
“Familiares de detenidos nos han hecho llegar su creciente preocupación por el traslado de presos desde la cárcel de Ramo Verde al Centro de Procesados y Penados Militares de Charallave. Este movimiento ha generado un clima de incertidumbre y angustia entre los familiares, quienes no han recibido información clara sobre las razones detrás de estos”, publicó JEP en la red social X.
Familiares de detenidos nos han hecho llegar su creciente preocupación por el traslado de presos desde la cárcel de Ramo Verde al Centro de Procesados y Penados Militares de Charallave. Este movimiento ha generado un clima de incertidumbre y angustia entre los familiares, quienes…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) September 13, 2024
La ONG indicó que las denuncias se enfocan en la falta de información sobre este proceso y que los detenidos no han tenido acceso a su defensa ni a la comunicación con sus familiares.
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“Esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también agrava el sufrimiento de sus seres queridos, quienes se encuentran en la oscuridad respecto a la situación de sus familiares”, apunta la organización.
JEP hizo un llamado urgente a las autoridades para que brinden claridad sobre las razones de estos traslados y garanticen el respeto a los derechos de los detenidos. “Es fundamental que se asegure el acceso a la defensa legal y a la comunicación con sus familiares, en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos”.
Las organizaciones han denunciado esta situación en varias oportunidades desde que aumentaron las detenciones en el contexto de manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.