ONG: Leyes aprobadas recientemente por la AN generarán el cierre del espacio cívico
Un comunicado elaborado por “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” señaló que la complementariedad de la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”, la reforma a la Ley de Justicia de Paz Comunal y la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y financiamiento de las ONG” generarán el cierre casi total del espacio cívico en el país, así como la prohibición del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población
La fundación Cadal, de origen argentino, compartió un comunicado elaborado por “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”, una iniciativa de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG). En el documento advierten que con la aprobación de diferentes normativas en Venezuela se intenta crear un sistema de administración de “justicia” que sustente al gobierno de Nicolás Maduro.
Colgado en el portal web de la fundación, el documento de las ONG señala que la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela” es una ordenanza que grave que busca castigar a quienes “promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales”, tanto financieras como individuales y su ámbito de aplicación es mucho más amplio.
En este sentido la misiva también señaló que esta ley penalizará a quienes desconozcan a las autoridades y actos del poder público, quienes colaboren con organismos extranjeros y quienes promuevan, soliciten o respalden ataques cibernéticos o acciones insurreccionales.
Al mismo tiempo, expresó que la ambigüedad de los supuestos delitos dará paso, de manera similar a como ha sido aplicada la llamada “Ley contra el odio”, a la interpretación discrecional de las autoridades para criminalizar cualquier acto de disidencia en el marco del ejercicio de los derechos inherentes al espacio cívico.
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La iniciativa «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento» también señaló que una segunda ley de preocupación es la reforma a la Ley de Justicia de Paz Comunal, siendo la Comuna una figura inexistente dentro de la Constitución como división territorial del país.
Se agrega en el texto de las ONG, que esta ley afirma que un requisito para ser jueces o juezas de paz sería “no incurrir en la promoción del odio, la intolerancia, la discriminación, traición a la Patria, así como posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta que afecte los intereses de la Nación”.
Finalmente, el comunicado destacó que luego de su aprobación en segunda discusión, ha sido publicada en Gaceta Oficial la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro”.
Agregó que este articulado también exige la inscripción en un registro, del cual están excluidos quienes “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio”. Asimismo, la ley prohíbe a las ONG y organizaciones sociales “recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos”, “cometer actos terroristas”, “Realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos”, “Promover el fascismo, la intolerancia o el odio” y “Cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico”.
“Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” dijo que la complementariedad de estas tres leyes, junto a otras que han sido aprobadas en el pasado, generarán el cierre casi total del espacio cívico en el país, así como la prohibición del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población.
“La discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de las sanciones establecidas, pretende inhibir y silenciar la disidencia y la crítica, en momentos en que pretende instaurarse un gobierno de facto, con la juramentación de una persona como presidente que no fue favorecida por el voto popular. Por ello, actualmente se estarían promoviendo aceleradamente mecanismos de aplicación de “justicia” que permitan la permanencia en el poder de un gobierno de facto en Venezuela”, resaltó el comunicado.
