ONG mexicanas exigen forenses independientes para examinar a víctimas de incendio en INM
Diversas ONG mexicanas piden a la Fiscalía que investigue la responsabilidad de los titulares de las instancias encargadas de los migrantes; incluyendo alcaldías de Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como las personas representantes y encargados de la estancia profesional en Ciudad Juárez y los delitos que denunciamos ante la la Fiscalía son por homicidio
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron al Instituto Nacional de Migración y a quien resulte responsable por los «homicidios» de 39 migrantes de distintas nacionalidades en las instalaciones de la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Exigen a la Fiscalía es que todos los exámenes forenses para identificar a los fallecidos, que estén relacionados con la determinación de la causa de muerte «sean realizados por peritos independientes porque no confiamos en los peritos del Estado».
También solicitan no entregar ningún resto hasta que no se tengan las evidencias completamente verificadas por peritos independientes y consideran que se debe investigar a los autores materiales e intelectuales de este incendio.
La solicitud que desde la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Instituto para las Mujeres en la Migración y otras organizaciones a la Fiscalía de México es que investigue la responsabilidad de los titulares de las instancias encargadas de la política migratoria; incluyendo alcaldías de Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como las personas representantes y encargados de la estancia profesional en Ciudad Juárez y los delitos que denunciamos ante la la Fiscalía son por homicidio.
«Estamos pidiendo que investiguen homicidio porque en el Instituto Nacional de Migración tenía la responsabilidad y tiene la responsabilidad siempre de cuidar a las personas, incluso su custodia y vimos que tenían la oportunidad de dejar salir a las personas y no lo hicieron; por lo tanto, es un homicidio que pedimos que investigan», expresó Blanca Navarrete, Directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
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De la misma manera dijo que están exigiendo «verdad, justicia y reparación para las familias de las víctimas» y sostiene que aunque se han dictado algunas órdenes de aprehensión, ven «complicado» que las autoridades respondan a tiempo y realmente se sancionen a los responsables. «Nos preocupa que lo que hemos visto hasta el momento pareciera recaer en autoridades de muy bajo nivel».
La representante de esta organización aseguró que «ha habido información contradictoria» en cuanto a quién solicita la cooperación de quién y esa responsabilidad de las autoridades de esclarecer si fue el gobierno municipal quien solicitó la colaboración del Instituto Nacional de Migración para estos operativos con personas en situación de calle» para llevarlos al centro de detención.
De la misma manera condenó que en ese centro hubiesen alrededor de 80 personas, cuando la capacidad de esa estancia provisional tiene capacidad para 60 y ya estuviesen hacinadas y en «situación de riesgo».
Políticas migratorias que matan
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que este incendio ocurrido el pasado 27 de marzo no es un hecho aislado porque recuerdan que hay antecedentes de motines de incendios ocurridos en otras estaciones migratorias, donde perdió la vida una personas el 2 de mayo de 2029 en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana; por lo que aseguran que este tipo de prácticas «son políticas migratorias que matan y violan derechos humanos, impulsadas desde el gobierno de Estados Unidos y aceptadas por México».
Afirman que este país ha militarizado la migración, se hace uso excesivo de la detención y deportación; lo que es contario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y migración.
Ante este tipo de prácticas, las organizaciones dicen que necesitan «gente del extranjero que nos ayude a hacer justicia, a poner los cimientos y el fundamento para que esto no quede impune».
Específicamente sobre la situación de los familiares de los venezolanos fallecidos; ya que el Estado no se ha pronunciado al respecto y no ha hecho diligencias para apoyar. A los familiares de las víctimas se les recuerda que pueden solicitar apoyo a través de las organizaciones; pero les explican que «en teoría, es la responsabilidad del gobierno mexicano de ayudar a estas personas a venir a reconocer a los cuerpos de sus sus propios familiares».
