ONG exige a las autoridades garantizar atención médica a Emirlendris Benítez
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió que se garantice a Emirlendris Benítez el acceso a exámenes médicos pertinentes y las terapias necesarias «para evitar que su situación de salud empeore aún más. La atención médica debe ser proporcionada sin más dilaciones»
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón solicitó a las autoridades que garanticen la atención médica adecuada a la presa política Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión por el «caso de los drones».
«Emirlendris lleva una lucha incansable por su salud desde que fue privada de libertad, aunque recibió la visita del personal médico del SENAMECF, sigue sin recibir los permisos para hacerse los exámenes médicos necesarios para evaluar su salud y bienestar. Su salud continúa deteriorándose por la falta de acción», afirmó la organización en una publicación de redes sociales.
La ONG exigió no solo que se garantice el acceso a exámenes médicos pertinentes, sino las terapias necesarias «para evitar que su situación de salud empeore aún más. La atención médica debe ser proporcionada sin más dilaciones».
También señaló que «la justicia debe ser también un factor esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos, y la salud de los presos políticos no debe ser una excepción».
*Lea también: «Ver una llamada nos hace temer por su vida»: familia de Mayra Castro pide su libertad
Emirlendris Benítez fue detenida en una alcabala policial la madrugada del 5 de agosto de 2018. La comerciante realizaba un servicio de taxi junto a su pareja, Yolmer Escalona, en Caracas. Ambos fueron acusados de estar involucrados en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro unos días antes durante una actividad militar en la avenida Bolívar, al centro de la ciudad.
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral, lo que le ha causado serias dificultades para poder caminar o tenerse en pie.
Fue condenada a 30 años de prisión en agosto de 2022 por el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Terrorismo, a cargo de Hennit López Mesa. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias pidió su liberación inmediata en 2022. También que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero esta decisión no fue tomada en cuenta por la jueza al momento de dictar sentencia.
En abril de 2024, la Corte de Apelaciones, a cargo de la jueza Katherine Harrintong, ratificó su condena. Benítez permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
