ONG piden a España solicitar protección para Rocío San Miguel y el debido proceso
Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que lo que ha ocurrido con San Miguel, «no sucede en gobiernos democráticos». Cuestionó las acusaciones y la aprehensión de la activista y recordó que ella es beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Dirigentes de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron la libertad de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida tras ser acusada de supuestamente participar en la trama conspirativa «Brazalete Blanco» que, según la versión de la Fiscalía, tenía como objetivo perpetrar un magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
Este 20 de febrero, los representantes de diversas ONG y sectores de la sociedad civil se concentraron en las adyacencias de la Embajada de España y pidieron a este país —porque Rocío San Miguel tiene la nacionalidad española— y a la comunidad internacional mediar por su liberación porque aseguran la directora de Control Ciudadano es inocente. Pidieron a España no desistir en solicitar protección para la defensora de DDHH y que se cumpla el debido proceso.
La activista de derechos humanos y codirectora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, entregó un documento en la Embajada de España, específicamente a María Victoria Ojeda, quien es consultora en materia de derechos humanos. Dijo que Ojeda «reiteró el compromiso de seguir haciendo todas las labores consulares para la protección de la integridad y la vida de Rocío San Miguel, de su familia, y de cualquier persona que pudiera atravesar esta situación y más si es un ciudadano español».
Entre las peticiones que España ha realizado destacan ver a Rocío San Miguel, que se cumpla el debido proceso, que sus abogados sean juramentados y que puedan acceder al expediente.
Rendón dijo que desde la Embajada de España se les aseguró que la detención de San Miguel ha sido un tema prioritario en materia consular.
Lexys Rendón, codirectora de Laboratorio de Paz, y Oscar Murillo, coordinador general de Provea
Lexys Rendón también indicó que este documento en el que se exige la libertad para la defensora de derechos humanos será entregado en otras embajadas, consulados y a otros países porque «esto es un patrón (las detenciones) que sufren los venezolanos». Insistió que aunque no puedan ver a Rocío San Miguel van a hacer acto de presencia en El Helicoide.
Sobre los más recientes señalamientos del fiscal Tarek William Saab a la directora de Control Ciudadano, donde la acusa de ser «espía» tras la incautación de mapas y equipos electrónicos en su casa, Lexys Rendón dijo que San Miguel tenía estos mapas porque daba clases y en ellos explicaba la libertad de tránsito y que eso no es «ni traición a la patria ni espionaje».
Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que lo que ha ocurrido con San Miguel «no ocurre en gobiernos democráticos». Cuestionó las acusaciones y la aprehensión de la activista y recordó que ella es beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Murillo también condenó la expulsión de los 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y reiteró que con esta acción, «las víctimas quedan en una situación de mayor vulnerabilidad». Aseguró que el Estado está usando todo su poder para violar los derechos humanos.
Oscar Murillo le pidió a España y a la comunidad internacional no solo estar atentos del proceso de Rocío San Miguel, sino que vele con la comunidad europea «para que Venezuela no quede mucho más indefensa sin la oficina de DDHH».
A juicio del coordinador de Provea, desde la detención de San Miguel la vulnerabilidad se ha hecho mayor para los defensores de derechos humanos.
