ONG piden protocolos claros de atención sanitaria a venezolanos retornados
Las ONG también rechazaron que Colombia no cumpla con las directrices de la ONU para atender a los migrantes venezolanos durante la pandemia de covid-19
Tres organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos del estado Táchira solicitaron al régimen de Nicolás Maduro protocolos claros de atención sanitaria, con respeto a los DDHH, para los venezolanos que retornan al país producto de la pandemia por covid-19.
En un informe conjunto del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), Laboratorio de Paz y las defensoras Judith Pacheco, Raiza Ramírez y Raquel Sánchez aseveran que los sitios a los que son llevados los venezolanos que regresan al país en muchas oportunidades no cumplen ni siquiera con las condiciones sanitarias mínimas para albergar personas.
Tras un monitoreo de varios refugios dispuestos para migrantes retornados como parte de la vigilancia epidemiológica, se encontró que no hay información oficial sobre la cantidad, estado y ubicación de los refugios dispuestos para retornados en todo el país.
Muchos de los sitios que funcionan como albergues temporales para retornados no contaban con las instalaciones sanitarias adecuadas para la cantidad de personas que eran trasladadas, tampoco disponían de cocinas, ni se les dotaba correctamente de kits para higiene personal o de permanencia en ese espacio.
El informe destacó el caso de la Villa Olímpica de Barquisimeto, estado Lara, donde fueron llevadas más de 100 personas que retornaron de Colombia en días pasados. Las denuncias de las personas en ese lugar incluían una alimentación insuficiente y maltrato por parte de militares y enfermeras.
Mientras el gobernante venezolano Nicolás Maduro asevera que están reforzando la vigilancia epidemiológica en las fronteras venezolanas para evitar un aumento exponencial de casos de covid-19 por medio del ingreso de retornados contagiados al país, las ONG mostraron su preocupación de que esta situación pueda sobrepasar la capacidad de atención dispuesta.
El director del Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela, Eduardo Soto, declaró para Radio Fe y Alegría Noticias que podrían llegar a ser un millón y medio los retornados en todo el país para los próximos meses.
*Lea también: Por Colombia solo ha llegado el 0,3% de los venezolanos que se fueron
La negación de la asistencia médica, en opinión de Soto y recogidas en el informe, sería una de las principales motivaciones para que las personas decidan retornar, así como la pérdida de posibilidades de ingresos económicos. «Así como muchos de ellos no planificaron su ida, de la misma manera están regresando: gastando sus ahorros, a riesgos, muchos de ellos enfermos con nada que tenga que ver con el Covid-19, pero no pueden recibir la atención en el lugar donde estaban».
Además, las ONG rechazaron que Colombia no cumpla con las directrices de Naciones Unidas para atender a los migrantes durante la pandemia de covid-19, pues no se les incluyó en programas de prevención, detección o acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contención, o condiciones seguras de trabajo.
Entre algunas de las recomendaciones que realizan Cadef, Provea, Laboratorio de Paz y defensoras de derechos humanos del estado Táchira están:
- Las personas cuyos exámenes de detección del COVID-19 sea negativo deben ser sacadas de los alojamientos temporales, llevadas a sus casas, informadas adecuadamente de las formas de prevención y a sus familiares o cohabitantes en el hogar y realizarles un seguimiento in situ.
- Permitir a la OACNUDH, OMS, OCHA, ACNUR, UNICEF y de la cooperación internacional humanitaria con presencia en Venezuela entrar a los alojamientos temporales a constatar las condiciones.
- Aplicar Protocolos y estándares en los refugios temporales de supervisados y acordados con organizaciones de cooperación de Naciones Unidas de carácter humanitaria y a la OACUNDH.
- Que permitan la entrada de apoyo humanitario a los alojamientos temporales, tanto de las agencias de cooperación de ONU como de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos con capacidad para apoyar en labores humanitarias y en cualquier denuncia, seguimiento y acompañamiento para la garantía de los derechos humanos.
- Información oficial y pública amplia, veraz de cada uno de los sitios de alojamiento, las personas, las condiciones, los protocolos que se están aplicando, el personal encargado, etc. que permita hacer monitoreo y contraloría en materia de derechos humanos
- Desmilitarizar la custodia de los espacios, permitir la entrada de personal multidisciplinario en materia de salud física, psicólogos, y psicopedagogos para atención de niño/as y adolescentes.
