ONG pidió a Bachelet crear una comisión que investigue torturas en el país
El abogado penalista Joel García, defensor del diputado Juan Requesens o el preso político Roberto Marrero, recordó que en Venezuela siempre se ha torturado, solo que ahora las denuncias han repuntado
Más de 250 personas. Esas son las cifras que maneja la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sobre presos políticos que han sido torturados en el país en los últimos años, una práctica denunciada en su informe por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Durante el foro «Juntos contra la tortura», la Coalición informó que han solicitado a la alta comisionada Michelle Bachelet, la creación de una comisión internacional que investigue las denuncias de torturas en el país, con el objetivo de determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales y castigar a los responsables de estas prácticas en Venezuela.
La abogada Ana Leonor Acosta, coordinadora de la Coalición por la Derechos Humanos y la Democracia, aseveró que la organización tiene años luchando por la libertad de los presos políticos, “pero en este camino tan duro nos hemos conseguido con la tortura”.
“Tenemos años denunciando la tortura ante el Ministerio Público, pero nunca se ha hecho una investigación. Las personas llegan a las audiencias con claros signos de tortura y no se inicia la investigación, se denuncia a la Defensoría del pueblo y no se hace nada. Hay un silencio cómplice de las instituciones”, afirmó la abogada penalista.
#Ahora La coordinadora de la Coalición por la Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, afirma que existe un silencio cómplice entre el MP y la Defensoría del Pueblo porque tienen años denunciando la tortura y aún no se ha hecho una investigación #19Jul #19JulTC pic.twitter.com/Vq7wW62hvt
— TalCual (@DiarioTalCual) July 19, 2019
En los últimos meses, Acosta detalló que la intención del régimen de Nicolás Maduro con los presos políticos ha sido grabar vídeos con el objetivo de conseguir una delación o que incriminen a otras personas en supuestos delitos. Una de las denuncias que recibieron fue la de un preso al que se le obligó grabar 280 vídeos en un lapso de dos días.
Le decían ‘este no me gusta, graba de nuevo’. 280 vídeos durante dos días solo para incriminarlos”, destacó la abogada.
Sobre la participación de los cuerpos de seguridad del Estado, la penalista indicó que todos los organismos policiales o militares torturan. “Me han preguntado ¿en qué momento se tortura? En todo momento”.
Además, señaló que los métodos de tortura que se usan en Venezuela son “un catálogo bastante largo”, tal como aparece en el informe de Naciones Unidas que entregó Bachelet el 4 de julio. “Las torturas no son sólo físicas, son psicológicas, y las sufren sus familias también”.
Dentro de estas torturas denunciadas por Bachelet en su informe, se indica que se sometió a hombres y mujeres detenidos “a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.
Este patrón se ha seguido repitiendo desde 2017 hasta el día de hoy, aseguró la coordinadora de la Coalición. “A los tribunales llegan sangrando, con uñas arrancadas, hombros dislocados, a la vista de todo el mundo. Pueden decir que hay un desconocimiento de los derechos humanos. No, el régimen tiene un total desprecio por los derechos humanos”.
«Cultura de la tortura»
Varios abogados coincidieron durante el foro que la tortura se ha «institucionalizado» en Venezuela, debido a que el Estado ha sido permisivo en cuanto a su implementación en todos los organismos de seguridad, como las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES – PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El abogado penalista Joel García, defensor del diputado Juan Requesens o el preso político Roberto Marrero, recordó que en Venezuela siempre se ha torturado, solo que ahora las denuncias han repuntado. «Hoy día la tortura se ha institucionalizado en el régimen que nos gobierna en este país (…) Entre los hechos graves de los cuales hemos recibido denuncias está la presencia de fiscales del Ministerio Público cuando se cometen torturas».
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Al recordar algunos detalles del caso del diputado Requesens, como el haber sido víctima de sustancias para obligarlo a confesar, García afirmó que actualmente en dos cuerpos de seguridad del Estado (Sebin y Dgcim) se practica la tortura de forma reiterada.
El abogado también mencionó que, a pesar de que todavía hay dos funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no se les ha permitido la entrada a centros de reclusión ni constatar el estado de los presos, pues «quieren llevarlos después de hacer el maquillaje» con el objetivo de dejar en entredicho el informe de Bachelet sobre la situación de los DDHH en Venezuela.
Nuestra legislación tiene todo para combatir la tortura, pero al régimen no le interesa (…) La cultura de la tortura forma parte de la política del régimen. Todos estamos bajo libertad condicionada, todos. Basta que el régimen lo quiera para apresar a cualquiera», aseveró Joel García.
Mientras que Carlos Ramírez, estudiante de la Universidad de los Andes y expreso político, aseveró que «este régimen ha torturado en todos los niveles. En las cárceles venezolanas se tortura todos los días. Ahora usan un nuevo método que es disminuir la carga calórica para debilitar a los presos».
El joven, que estuvo detenido en el Sebin Helicoide y en centros de reclusión como el Fénix Lara, dijo que la tortura es esos sitios puede ser mucho peor. «Cuando estuve presente en Fénix Lara apenas nos daban un solo litro de agua, tres horas de visita al mes. Esto sigue ocurriendo. En el estado Lara hay más de 52 heridos producto de tortura, algunos se cortan para que no los torturen más».
Por su parte, el abogado Fernando Vega señaló que el deterioro del poder judicial en Venezuela viene desde hace años y ha servido para afianzar la persecución que se ha implementado desde el Gobierno. Además, coincidió con el abogado Joel García al decir que la tortura ahora es «una política de Estado».
«Una de las cosas que se deben impulsar es la sensibilización en cuanto a defensa de los derechos humanos. El mismo gobierno transmite imágenes terribles para crear miedo en la población y han creado una acción de trabajo. El FAES se dedica a los barrios populares, el Sebin a los políticos y la Dgcim a los militares, así instalan el terror», detalló Vega.
Sobre la función del informe de Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, dijo que «ha creado más adhesiones a la causa de la libertad venezolana, han hecho más difícil la defensa del régimen por parte de organizaciones internacionales. Eso es obra del informe Bachelet, tiene suma trascendencia.»
Además el abogado se preguntó: «¿Cómo es posible que se torture de forma tan salvaje como a Cariguaripano? ¿A tantos otros cuyos nombres desconocemos? Hay que castigar a los torturadores. Es terrible, es gente que en la mañana le echa la bendición a los hijos y salen a torturar después, se ha convertido en su trabajo».
