ONG registró 60 ataques contra defensores de DDHH durante agosto de 2023
El Centro para los Defensores y la Justicia identificó que 37% de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos, haciendo uso de sus perfiles en redes sociales o declaraciones públicas en medios para intimidar y estigmatizar. «Este tipo de agresiones, además de tener un impacto directo en las víctimas, tiene un efecto disuasorio e inhibidor en el resto de las organizaciones y sociedad civil, quienes son víctimas indirectas de estos hechos, al sentir temor de continuar realizando sus actividades»
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 60 ataques e incidentes de seguridad contra activistas de derechos humanos durante agosto de 2023, y alertó que el Estado venezolano emplea «distintas medidas» para controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los DDHH en el país.
De los ataques contabilizados por el CDJ, 31 se refirieron a la estigmatización directa de defensores, 17 actos de intimidación y hostigamiento, seis casos de judicialización, cuatro amenazas y dos ataques digitales.
62% de las víctimas fueron personas defensoras y 38% de los ataques se dirigieron directamente a organizaciones de derechos humanos. El Centro destacó la condena contra seis sindicalistas a 16 años de prisión bajo cargos de «terrorismo», la intervención judicial de la Cruz Roja, además de una campaña de estigmatización contra el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Acción Solidaria y Un Mundo Sin Mordaza.
«Los ataques en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos se mantienen en la medida en la que el movimiento de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil continúa realizando labores de incidencia, denuncia y documentación de violaciones cometidas el país. El uso de la lógica del enemigo interno se sigue manifestando a través de patrones de ataques dirigidos a neutralizar la labor de quienes defienden derechos en el país», destacó la organización.
*Lea también: John Álvarez perdió la visión del ojo izquierdo por torturas, denunció Joel García
La ONG identificó que 37% de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos, haciendo uso de sus perfiles en redes sociales o declaraciones públicas en medios para intimidar y estigmatizar; 33% fueron por parte de instituciones públicas; 20% por actores asociados al Gobierno o pertenecientes a estructuras del «sistema popular de protección para la paz»; 7% fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad y 3% por medios del Estado.
El Centro para los Defensores y la Justicia insistió en el incremento de las formas de vigilancia y seguimiento, ya sea por parte de actores estatales y no estatales, a personas defensoras y organizaciones de derechos humanos. «Este tipo de agresiones, además de tener un impacto directo en las víctimas, tiene un efecto disuasorio e inhibidor en el resto de las organizaciones y sociedad civil, quienes son víctimas indirectas de estos hechos, al sentir temor de continuar realizando sus actividades».
