ONG: renovación del Poder Moral es una mala señal para víctimas de violaciones de DDHH
La iniciativa «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento», liderada por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas señaló en un comunicado que las designaciones de Tarek William Saab, Alfredo Ruiz, y Gustavo Vizcaíno como fiscal general, contralor y defensor del pueblo, respectivamente complica las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela
La fundación Cadal, de origen argentino, compartió un comunicado elaborado por «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento», una iniciativa de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG). En el documento se señaló que los resultados del proceso de renovación del llamado «Poder Moral» en Venezuela, donde fueron ratificados los funcionarios Tarek William Saab para la Fiscalía General de la República, Alfredo Ruiz para la Defensoría del Pueblo y fue designado el ciudadano Gustavo Vizcaíno para la Contraloría General de la República es una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Colgado en el portal web de la fundación, el documento de las ONG señala que las designaciones complican las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela.
«Luego de siete años, la gestión de Saab ha sido distinguida por las violaciones al debido proceso, tanto de las personas detenidas por delitos comunes como de los presos políticos venezolanos, la absoluta ausencia de independencia respecto al poder ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales», se lee en el comunicado.
Al mismo tiempo, recordó que antes de ser fiscal Saab fungió como Defensor del Pueblo, pero las graves omisiones de sus funciones en este cargo motivaron a que la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) decidiera degradar a categoría B a la Defensoría del Pueblo de Venezuela, debido a que no cumplía con su deber en defender los derechos de los venezolanos.
La iniciativa «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento» también rememoró que en 2021 la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela incluyó al Ministerio Público, bajo la rectoría de Saab, en un informe que concluyó que, junto a los jueces y juezas, los fiscales habían desempeñado un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado perpetuando la impunidad de los crímenes cometidos.
Se agrega en el texto de las ONG que la misión concluyó que la Fiscalía también ha tenido una actuación clave en las detenciones arbitrarias, y se abstuvo de actuar cuando presenció, o tuvo conocimientos, de actos de tortura contra los detenidos.
Para el caso de la Defensoría del Pueblo la ratificación de Alfredo Ruiz, quien ejerce el cargo desde el año 2017, el informe destacó que este nombramiento es «inconstitucional». Se argumentó que que el artículo 280 de la Carta Magna establece explícitamente que las designaciones para ese puesto se realizarán «por un único período de siete años».
«Ruiz había sido un conocido defensor de derechos humanos, dirigiendo la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, donde hizo carrera denunciando el abuso policial y los casos de torturas contra detenidos de los sectores populares. Sin embargo su gestión, que ha transcurrido en la peor etapa para los derechos humanos en Venezuela, ha estado caracterizada por las omisiones y por el silencio, sin ningún tipo de independencia respecto a otros poderes, especialmente de las actuaciones del Ministerio Público», se lee.
Finalmente, el comunicado se refirió a la designación de Gustavo Vizcaíno como contralor general. Recordó que el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), viene de una «institución que sin debido proceso y notificación alguna, ha anulado el pasaporte de más de un centenar de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales, a través de lo que la Misión ha calificado como un mecanismo de represión o táctica coercitiva “suave” y que vulnera diferentes derechos de estas personas».
Destacó que otro punto a destacar es el hecho de que el rol de contralor está directamente vinculado a la rendición de cuentas, la transparencia del presupuesto público y la buena administración del Estado. El Saime, bajo la dirección de Vizcaíno, ha carecido por completo de estos principios.
Las ONG que hicieron el comunicado calificaron la gestión de Vizcaíno como «opaca». Enumeró que no hay acceso a sus presupuestos y licitaciones, no se conoce la estructura de costos de los pasaportes cuyo valor es de $200, miles de venezolanos dentro y fuera del país siguen sin poder regularizar sus documentos de identidad, y nunca hubo explicaciones técnicas sobre la caída de la plataforma durante junio y julio de 2023, al cambiar de empresa proveedora.
«El nombramiento y ratificación de estos funcionarios en sus puestos constituye un preocupante aval a la impunidad y el reconocimiento gubernamental que, lejos de evitar su repetición, el Estado venezolano está dispuesto a mantenerlos en el futuro. Ante la imposibilidad de conseguir algún nivel de protección en las instituciones nacionales a sus derechos, la sociedad venezolana debe seguir buscando contención y disuasión en el trabajo de los organismos internacionales con mandato en la protección a los derechos humanos».
