ONG venezolanas exigen a la CIDH velar por los derechos de los migrantes que retornan

ONG venezolanas aseguran que con la participación de organismo como la CIDH en los albergues para los migrantes que están retornando al país, se evitarían la violaciones a los DDHH, los tratos crueles y degradantes. 

Este jueves 16 de abril varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela exigieron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para los DDHH (CIDH), Paulo Abrao, velar para que la administración de Nicolás Maduro de un trato respetuoso y el apoyo necesario que requieren los cientos de migrantes que están retornando al país en medio de la pandemia por covid-19.

Desde Provea, Acción Solidaria, Laboratorio de Paz, el Centro de Acción y Defensa de los Derechos Humanos (Cadef) y varios activistas por los derechos de los ciudadanos en el estado Táchira que hoy asisten a los retornados, manifestaron su preocupación por las condiciones en las que autoridades venezolanas reciben a los migrantes, quienes hoy son víctimas de una campaña de estigmatización y criminalización generada por propios personeros del régimen.

Aseguraron que estas acciones pueden generar malos tratos por parte de los funcionarios militares que manejan los centros de retención, donde permanecen estos migrantes mientras se les descarta que hayan contraído coronavirus.

Según información de Naciones Unidas, pues no hay datos oficiales al respecto, se estima que en siete estados habría 71 centros con una capacidad para 3.664 personas.  Los estados serían Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira, Zulia. Según informaciones levantadas por Provea, Cadef, Laboratorio de Paz y defensoras de derechos humanos del estado Táchira, pero estos espacios habilitado para mantener a los migrantes en situación de cuarentena preventiva “no cumplen con los requerimientos físicas y sanitarios para cumplir dicha labor”.

Desde estas ONG señalaron que esto espacios no están en condiciones dignas para albergar ciudadanos, violándoseles así el derecho a la salud, el acceso a servicios públicos, a la alimentación y otros.

Explicaron que las acciones de organismos internacionales como la CIDH, pudiesen servir para mejorar de manera considerable las condiciones de estos albergues.

A través de un comunicado estas organizaciones defensoras de los DDHH, denunciaron la actitud de funcionarios del régimen, como lo es el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, o la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, quienes han usado sus redes sociales para criminalizar a los migrantes que hoy retornan al país.

El #Karma o la rueda del #Tiempo ? .. #Venezolanos que renegaron públicamente de la #Nación; luego de ser ultrajados en EEUU, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc .. regresan a #Venezuela gracias al plan #VueltaALaPatria diseñado por el Presidente ⁦@NicolasMaduro⁩ pic.twitter.com/OAblRAeSAj

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 13, 2020

Ante el retorno de fascistas y golpistas camuflados, necesario es reflexionar sobre la naturaleza del escorpión! No estoy de acuerdo con darle nuevamente casa o facilidades más allá del retorno con vigilancia a quienes vendieron casas de la GMVV ó vehículos dados por el Gobierno

— maria iris varela (@irisvarela) April 15, 2020

“Estas declaraciones claramente incumplen la resolución Pandemia y Derechos Humanos en las  Américas que la CIDH estableció, incluyendo medidas dirigidas a la población migrante: Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del covi-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues”, reza la el comunicado.

Desde estas organizaciones aseguran haber recibido diferentes denuncias por parte de personas recluidas en estos centros de aislamientos, que ratifican que las declaraciones dadas por estos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro generan condiciones para tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Aunque señalan que las víctimas piden mantener en anonimato su identidad, así como el lugar en el que se encuentra, todos coinciden en que los funcionarios militares los califican de “apátridas” y “traidores”, todo por haber salido del país huyendo de la emergencia humanitaria compleja, la crisis económica y política.

Estos efectivos también les recriminan a estos ciudadanos el haberse ido del país y los responsabilizan por la transmisión del Covid-19 dentro del país. También aseguran que los estarían obligando a grabar video para denunciar reales o ficticios actos de discriminación en los países de acogida, como requisito para dejarlos salir luego del período de aislamiento.

Con esta comunicación estas ONG no solo buscan denunciar esta situación, sino generar una alerta temprana sobre la posibilidad que ante el aumento de la transmisión comunitaria y el crecimiento exponencial de casos, la narrativa oficial responsabilice a los migrantes retornados a nuestro país como responsables de “haber alterado un operativo de contención que hoy, según las declaraciones oficiales, tiene todo -bajo control-, -aplanando la curva de contagio-; o que para su atención se destinaron recursos que han dejado desasistidos a otros sectores”.

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