HRW: ONU debería liderar una respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela
La Human Rights Watch considera que la Organización de la Naciones Unidas debería declarar oficialmente que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja. Asimismo dijeron que un informe de la misma ONU sostiene que la población en Venezuela que necesita ayuda es de aproximadamente 7 millones
La combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela junto a la propagación de enfermedades representa una emergencia humanitaria que exige una respuesta rotunda de la Secretaría General de las Naciones Unidas, señalaron expertos y médicos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y Human Rights Watch en un informe difundido este 4 de abril. Asimismo dijeron que durante el Gobierno de Nicolás Maduro no solo se demostró que no tienen capacidad para ponerle fin a la crisis, sino que la han exarcebado al negarla y censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrentan el país.
El informe de 73 páginas titulado: «La emergencia humanitaria en Venezuela: se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria», documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; un incremento drástico en la trasmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis. Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como un alto número de niños ingresados en hospitales por desnutrición.
«Por más que lo intenten, las autoridades venezolanas no pueden ocultar la realidad del país», expresó Shannon Doocy, Phd y profesora asociada a la Salud Internacional de las Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, quien realizaó investigaciones en la frontera de Venezuela. «El colapso absoluto del sistema de salud de Venezuela, combinado con la escasez generalizada de alimentos, está gaudizando el calvario que viven los venezolanos y poniendo a más personas en riesgo. Necesitamos el liderazgo de la ONU para contribuir a terminar con esta grave crisis y salvar vidas», dijo la experta.
A finales de marzo pasado, la Federación Internacional de la Cruz Roja anunció que aumentaría su presencia en Venezuela para cubrir las necesidades de unas 650.000 personas. Sin embargo, un informe interno de la ONU, que se filtró, sostiene que la población en Venezuela que necesita ayuda es de aproximadamente 7 millones.
Los autores del informe señalaron que el secretario general de la ONU, António Guterres, debería liderar los esfuerzos para definir una respuesta a gran escala que permita abordar la situación dentro del país. Específicamente, el secretario de la ONU debería:
- Declarar oficialmente que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja, principio técnico de la ONU que permitiría destrabar la movilización de recursos humanos y materiales suficientes para abordar las necesidades urgentes del pueblo venezolano.
- Encargarle al Coordinador de Socorro de Emergencias de la ONU, quien también dirige la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), que aborde la crisis venezolana como un asunto prioritario que requiere movilización de esfuerzos y recursos de asistencia humanitaria a gran escala.
- Urgirles a las autoridades venezolanas que publiquen datos oficiales sobre enfermedades, epidemiología, seguridad alimentaria y nutrición para que la ONU pueda llevar adelante una evaluación completa de las necesidades humanitarias y de la magnitud real de la crisis en todo el país.
Las estadísticas oficiales más recientes del Ministerio de Salud de Venezuela indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó 65% y la mortalidad infantil creció 30% respecto de 2015. Aunque la mortalidad infantil se ha elevado en toda la región, Venezuela es el único país de América del Sur donde la mortalidad infantil ha vuelto a valores que se habían registrado por última vez en la década de 1990.
El hambre, la desnutrición y la severa escasez de alimentos son fenómenos extendidos en todo el territorio nacional. En 2018, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) indicó que, entre 2015 y 2017, casi 12% de los venezolanos —3,7 millones— estaban subalimentados, comparado con menos del 5% entre 2008 y 2013. En encuestas extraoficiales se detectó que la mayoría de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria y que el nivel de niños menores de cinco años con desnutrición aguda moderada y severa es alarmantemente alto.
El éxodo masivo de venezolanos —más de 3,4 millones en los últimos años— está desbordando los sistemas de salud de los países receptores. Los datos reunidos en Colombia y Brasil muestran un aumento abrupto en la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentan obtener tratamiento médico en el extranjero, y diversos doctores indicaron que, en general, los venezolanos llegaban tras haber recibido un tratamiento limitado en su país, o directamente sin haber recibido ningún tratamiento.
Aunque en 2018 empezó a ingresar más ayuda internacional en Venezuela, varios funcionarios de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales que tienen presencia en el país afirmaron que dicha asistencia no cubre las necesidades urgentes de la población. En muchos casos, las autoridades han interpuesto obstáculos a las actividades de esas organizaciones.
Si bien las autoridades venezolanas pueden rechazar ofrecimientos específicos de asistencia, tomar esa decisión impone la obligación de definir alternativas que permitan abordar de manera efectiva las necesidades urgentes de la población. Las autoridades de Nicolás Maduro no han cumplido con su obligación, manifestaron Human Rights Watch y expertos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.
“Las autoridades venezolanas públicamente minimizan la crisis, censuran información, hostigan y toman represalias contra quienes recopilan datos o informan sobre lo que ocurre, y, además, hacen poco y nada para paliar el sufrimiento del pueblo”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas autoridades son responsables por la pérdida innecesaria de vidas que ha causado su negación de la crisis y sus políticas de obstrucción”.
Con información de Human Rights Watch
