ONU pide a Perú respeto al derecho internacional tras aprobar ley que fiscaliza a ONG
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó el lunes una ley que permitirá la supervisión estatal de las labores de las ONG, y aseguró que impedirá que algunas de estas reciban financiación «para promover el odio y división» en su país
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este miércoles 16 al Gobierno peruano que respete sus obligaciones en el ámbito del derecho internacional, después de que el Ejecutivo aprobara una polémica ley que supervisa las labores de las organizaciones no gubernamentales.
«Volker Türk solicita al Gobierno peruano que respete sus obligaciones en virtud del derecho internacional y que proporcione y proteja un entorno propicio en el que la sociedad civil pueda desempeñar su papel esencial en la defensa de los derechos humanos», indicó un comunicado difundido por el Alto Comisionado de la ONU.
Sostuvo que les preocupa «profundamente» esta nueva ley «que amplía el control del Gobierno sobre las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de cooperación internacional», y señaló que esta representa «una preocupante restricción al espacio cívico y al trabajo en defensa de los derechos humanos».
Asimismo, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, también expresó su preocupación sobre esta norma.
«La legislación promulgada esta semana que amplía el control del gobierno sobre las organizaciones que reciben cooperación internacional limita de manera preocupante el espacio cívico y al trabajo en favor de los derechos humanos en Perú», indicó.
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Agregó que la ley, que modifica el funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), contiene elementos que podrían restringir indebidamente la libertad de asociación, como la solicitud de requisitos administrativos desproporcionados y la necesidad de aprobación previa para los proyectos.
«Nos preocupa profundamente que la ley restrinja significativamente el acceso a la justicia», expresó Throssell.
Afirmó que esta medida afectará especialmente a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza, «ya que califica el uso de fondos de cooperación internacional para asistencia jurídica en casos contra el Estado peruano como una infracción muy grave, sancionable con fuertes multas».
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó el lunes una ley que permitirá la supervisión estatal de las labores de las oenegés, y aseguró que impedirá que algunas de estas reciban financiación «para promover el odio y división» en su país.
«Esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de oenegés que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema», aseguró la gobernante al promulgar la norma en el Palacio de Gobierno de Lima.
Sostuvo que la norma promoverá la transparencia y permitirá supervisar «de manera eficaz» la ejecución de los recursos no reembolsables que se reciben en el país mediante la cooperación técnica internacional.
«El control y la fiscalización son prerrogativas fundamentales de un Estado constitucional, soberano y democrático, basado en la legalidad, donde no existen zonas libres ni espacios exentos del escrutinio público», dijo.
El pleno del Congreso de Perú aprobó el pasado 12 de marzo este proyecto de ley, que el año pasado generó gran polémica tras ser considerado un intento de restringir las actividades de la sociedad civil.
Con información de agencia EFE
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
