Opacidad y acceso a la información, por Luis Manuel Esculpi
Tenía algún tiempo que no utilizaba como insumo para esta columna los contenidos del programa dominical de José Vicente Rangel. Esta vez lo emplearé de nuevo en virtud de algunos aspectos que interesa destacar, su invitado Eleazar Díaz Rangel no aportó mayores elementos en la conversación, sin embargo conviene subrayar el reconocimiento en el sentido que «el aumento de salario no compensó el aumento de los precios» y que «la situación económica dificulta que la gente encuentre los productos»…a sí mismo señaló que había una disminución de la producción.
José Vicente presentó a Eleazar como «una cátedra de honestidad y consecuencia con los principios»…en una de su repuestas el invitado afirmó que el objetivo principal del periodismo es «el principio ético de la búsqueda de la verdad». Seguramente recordando los tiempos en que fue profesor y director de la Escuela de comunicación social de la UCV.
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El director de Últimas Noticias siendo consecuente con los conceptos emitidos, ya a esta altura debe conocer y poder comunicar a la opinión pública quienes son los verdaderos dueños del diario que dirige, a raíz de su nombramiento en ese cargo fue consultado sobre el particular y dijo desconocer el nombre del propietario.
Lo más llamativo del programa es que su conductor «tubeó» – para emplear el lenguaje coloquial de la jerga periodística- a su invitado, cuando en los confidenciales, confirmó un rumor que venía circulando profusamente desde fines del mes pasado; cuando se comentaba que la razón de la destitución del director del Sebin, fue un incidente que sucedió cuando funcionarios de ese cuerpo interceptaron la caravana presidencial. Aseguró que actuaron cuatro motorizados con armas largas y que dicho incidente estuvo «a punto de tener un grave desenlace que pudo comprometer la seguridad del Presidente de la República».
La forma como se confirma esa información es una demostración de la opacidad como el gobierno maneja la política informativa, ya no se trata solo que el Banco Central no proporciona las cifras económicas, a las que está obligado por ley, ni que el Cicpc no informe las cifras de fallecidos los fines de semana, más grave aún es la inexistencia de transparencia en toda la gestión gubernamental.
El Presidente, tampoco el Ministro de Relaciones Interiores, ni el de Información se pronunciaron sobre el incidente que provoco la destitución de González López, lo hace en un programa de TV alguien estrechamente vinculado al gobierno, pero que institucionalmente no es un vocero oficial.
Sería esperar mucho de un gobierno que se ha saltado las normas más elementales de los regímenes democráticos y los principios constitucionales, una actuación caracterizada por la transparencia, exigencias planteadas a las democracias modernas, donde cada vez es más requerida una relación nítida entre el gobierno y la sociedad.
Al contrario en los regímenes autoritarios la opacidad es uno de los rasgos distintivos, donde se interponen inmensos obstáculos a la labor contralora, a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión, el acceso a la información oficial es prácticamente inexistente y es sustituida por la propaganda, en la mayoría de los casos falaz.
En los países democráticos existen leyes, con denominaciones distintas, que garantizan el derecho a la información, incluso los documentos clasificados como secretos, son desclasificados con el transcurrir de los años. Cuando existía el Congreso bicameral promovimos una ley con esos propósitos y dejamos una monografía elaborada por el eminente profesor Juan Carlos Rey, quien realizó un estudio comparado sobre las distintas legislaciones existentes para la época sobre ese importante asunto, que podrá servir de base y ser de utilidad para un futuro no muy lejano.
Un nuevo gobierno no sólo debe ser la superación del presente, sino además abrir las puertas al progreso, a la modernidad y al reencuentro entre los venezolanos
