Misión de la ONU visitará Bolivia para evaluar situación de DDHH durante protestas
Según el balance de la CIDH, la represión de cuerpos de seguridad en las protestas ha ocasionado la muerte de al menos 23 personas en Bolivia
El 18 de noviembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que designará una misión técnica que arribe a Bolivia para recopilar información sobre vulneraciones de derechos humanos en las protestas que se han producido en ese país.
Bachelet señaló que el equipo de Human Rights Wacht buscará esclarecer los hechos en las manifestaciones que han cobrado la vida de al menos 23 personas.
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“Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, alertó la funcionaria de la ONU.
La expresidenta chilena manifestó su preocupación por la situación que persiste en Bolivia y por la posibilidad de que se salga de control si las autoridades no sabes cómo abordarla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también informó que la comisión técnica del organismo supervisará la situación desde el 22 hasta el 25 de noviembre.
#Bolivia??@mbachelet desplegó una misión técnica para recabar información sobre la situación de #DerechosHumanos. Equipo de @UNHumanRights contribuirá a esclarecer hechos de violencia y ya inició reuniones con actores nacionales
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— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) November 18, 2019
? CIDH envió a #Bolivia comunicación formal para una visita inmediata. https://t.co/V4ItaxVgyl
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) November 19, 2019
Un decreto del gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia ha elevado las alarmas de organismos internacionales en derechos humanos, pues se exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas de ese país durante sus labores en las manifestaciones.
El equipo de Áñez asegura que no es una «licencia para matar», pero la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) le hizo un breve recordatorio: «los militares no deberían ejercer tareas policiales».
«Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de derechos humanos. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza», resaltó la Oacnudh en un tuit.
Tras el decreto gubernamental, recordamos a #Bolivia que los militares no deberían ejercer tareas policiales. Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de #DDHH. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 18, 2019
El decreto, emitido el viernes por el gobierno de Áñez, regula la intervención de las Fuerzas Armadas durante las labores conjuntas con la policía, tras la ola de protestas que continúan en ese país.
Específicamente, el artículo 3 del decreto 4.078 reza que “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, anunció que presentarán un recurso al Tribunal Constitucional para que sea declarado ilegal.
La orden fue dada el mismo día en el que nueve manifestantes fallecieron asesinados por uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a Cochabamba.
Antes del pronunciamiento de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó el decreto, el cual calificó de “grave”, pues “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”.
Según el balance de la CIDH, la represión de cuerpos de seguridad en las protestas ha ocasionado la muerte de al menos 23 personas.
Por su parte, Human Rights Watch pidió el domingo 17 su derogación. Según el director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, la orden sienta un precedente peligroso porque “en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos”.
Elecciones por decreto
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo el lunes 18 de noviembre que el Gobierno provisional no descarta llamar a nuevas elecciones mediante un decreto ante la falta de acuerdos con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
«Si vemos que hay dificultades para poder convocar a las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta (Jeanine Áñez) es que de manera inmediata convoquemos a elecciones a través de algún otro instrumento legal», dijo a radio Panamericana.
A una semana de la dimisión de Evo Morales a la Presidencia y posterior asunción de Áñez para la etapa de transición, las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo e iniciar en la Asamblea la modificación al sistema legal electoral que permita llamar a elecciones dentro de 90 días.
«Nuestra voluntad no es quedarnos en el Gobierno más allá del lapso que establece la Constitución», afirmó Justiniano.
Áñez, exvicepresidenta segunda del Senado, insiste en que la renovación del Tribunal Supremo Electoral tiene que salir del Parlamento, donde el MAS, el partido político de Morales, conserva la mayoría absoluta.
Amenazas de Venezuela y Cuba
El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, informó que la presidenta Áñez suspendió un viaje a Beni (noreste del país) luego de que recibiera «amenazas creíbles» a su vida.
El funcionario sostuvo que venezolanos, cubanos y colombianos estaban «involucrados», aunque no dio mayores detalles sobre el tipo de amenaza. El Gobierno de Añez pidió el viernes a los funcionarios de Venezuela que abandonen el país y acusó a Cuba de avivar los disturbios, luego de que cuatro ciudadanos de ese país fueran arrestados con dinero para pagar a manifestantes violentos.
Tanto Cuba como Venezuela son aliados cercanos de Evo Morales, quien renunció la semana pasada en medio de violentas protestas y acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
Colas se replican
En medio de las protestas y cortes de carreteras en todo el país, los bolivianos se han visto obligados a realizar largas colas para comprar alimentos y combustible, mientras sigue la incertidumbre sobre un posible llamado a elecciones.
Un reporte de la agencia de noticias Reuters destaca que el sábado un avión militar Hércules aterrizó para abastecer a los habitantes de la capital con un cargamento lleno de productos cárnicos desde la influyente zona de El Alto, evitando así las carreteras bloqueadas que rodean a la ciudad.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo a periodistas que el Gobierno había establecido un “puente aéreo” a La Paz. Sostuvo que los funcionarios esperaban hacer lo mismo con otras grandes ciudades bolivianas aisladas de los suministros.
Con información de El Deber de Bolivia y El País de España
