Organizaciones civiles piden a la ONU hacer seguimiento a la intervención de la Cruz Roja
Organizaciones Civiles rechazaron la intervención judicial contra la Cruz Roja venezolana. Aseveraron que el procedimiento recrudece el patrón de violaciones contra la libertad de asociación en el país. Exigieron el cese de las medidas dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, y los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales
Organizaciones de la Sociedad Civil rechazaron la intervención judicial de la Cruz Roja y alertaron que con el procedimiento se agrava el patrón de violaciones contra la libertad de asociación en Venezuela. A través de un comunicado pidieron tanto tanto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas como a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU registren y hagan seguimiento «de este ataque al espacio cívico en Venezuela».
A través de un comunicado de fecha de agosto y en el que se logró recoger 577 firmas exigieron al gobierno de Nicolás Maduro que respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse en la misma.
Las organizaciones calificaron de la actuación como una decisión contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho y el debido proceso.
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«Partiendo de presuntas irregularidades en la Cruz Roja, no gestionadas previamente ante un tribunal, y con base en denuncias y testimonios anónimos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó ha una medida cautelar que, en realidad, constituye una sentencia de fondo anticipada, y que genera cambios irreversibles en la Cruz Roja, en vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de asociación», señalaron la organizaciones.
Para las organizaciones entre las cuales destacan Sinergia, Acceso a la Justicia y Cívilis este hecho, ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, agrava las ya severas privaciones que sufre la población por la emergencia humanitaria compleja. Agregaron que la posición del Máximo Tribunal ratifica la ausencia de un sistema de administración de justicia independiente, y lesiona el derecho a la libertad de asociación de carácter esencial para brindar ayuda humanitaria.
Solicitaron al TSJ que cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil en Venezuela y haga valer su libre desarrollo dentro de los principios del estado de derecho y de las normas del derecho internacional de protección del espacio cívico. Pidieron al Judicial que se respete la voluntad de decisión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse en la misma.
Pidieron al estado el cese de las medidas dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, y los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales.
