Organizaciones de DDHH rechazan detención de activista político Nicmer Evans
La misiva señala que el pasado 13 de julio de 2020, Evans informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen visitaron su vivienda para detenerlo
Un conjunto de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana emitieron este jueves un comunicado en el cual rechazan categóricamente la detención del activista político Nicmer Evans, a quien el régimen de Nicolás Maduro acusa de “promoción e instigación al odio”.
En el mismo, asociaciones civiles del país exigieron la inmediata liberación del también director del portal web Punto de Corte, al tiempo que señalaron de responsable, sobre todo lo que pudiese sucederle a Evans, al régimen de Nicolás Maduro y a los encargados de los organismo de defensa del ciudadano: la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
“Las personas detenidas por razones políticas tienen una alta probabilidad de sufrir tratos inhumanos o degradantes, e incluso torturas, como ha sido documentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, expresa el documento.
Asimismo, manifestaron que la detención de Evans “confirma el patrón sistemático y generalizado de encarcelamiento a la disidencia”, por lo que la actual Misión de Verificación de Hechos, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “investiga el patrón de detenciones arbitrarias y sus responsables”.
“La política de ataque generalizado o sistemático contra la población civil, evidenciada en encarcelaciones o privación de libertad por motivos políticos, pudieran considerarse crímenes de lesa humanidad a ser evaluados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su Examen Preliminar sobre la situación de Venezuela”, indica la misiva.
En este sentido, las organizaciones enumeraron una serie de exigencia para el resguardo del dirigente político. Entre el conjunto de medidas se encuentra la suspensión de los mecanismos de censura contra el portal “Punto de Corte” y el resto de los medios de comunicación que impiden su consulta dentro del país.
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“Interrumpir la generación de temor y chantaje contra los líderes políticos y sociales mediante la estrategia de detención y hostigamiento contra terceros y familiares (…) Derogar la “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento de judicialización y persecución de la disidencia en Venezuela (…) Evitar usar la situación de confinamiento derivado del decreto de estado de alarma en Venezuela para vulnerar derechos civiles y políticos de la población”, dice el comunicado.
Detención de Evans
La misiva señala que el pasado 13 de julio de 2020, Evans informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) visitaron su vivienda para detenerlo.
Los funcionarios mostraron una orden de aprehensión y comenzaron a hostigar a sus familiares. Motivado a la ausencia del solicitado los funcionarios detuvieron a un tercero, al abogado Álvaro Herrera, como mecanismo de presión, un patrón recurrente de detenciones arbitrarias en el país.
Finalmente, alrededor de las 9 de la noche los funcionarios lograron detener a Evans, quien informó que la orden de detención era por los cargos de “promoción o incitación al odio”, ordenado por el juez José Mascimino Márquez.
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Nicmer Evans es politólogo y director del medio digital “Punto de Corte”, cuyas denuncias sobre el gobierno de Nicolás Maduro motivaron a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) prohibiera su acceso desde Venezuela, dónde al igual que otros portales de comunicación independientes sólo es posible consultarlo mediante la utilización de una red privada virtual (VPN), para evadir la censura.
Evans fue militante del chavismo durante varios años, movimiento del cual se desvinculó tras su deriva antidemocrática. En años recientes ha intentado, sin éxito, registrar organizaciones políticas para participar en elecciones. Como Provea demostró en su informe “Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra funcionarios de Hugo Chávez”, la represión contra perfiles públicos progresistas, pero críticos de la gestión de Nicolás Maduro, es particularmente hostil en un contexto general de suspensión, por la vía de los hechos, de los derechos políticos establecidos en la Constitución.
