Ortega declaró marchas como ilegales y Policía sigue reprimiendo en Nicaragua
La socióloga y también expolicía, Elvira Cuadra, asegura que en Nicaragua “se está instalando un estado de excepción con esa prohibición”
El régimen de Daniel Ortega pretende callar la protesta cívica, a través de una orden policial que amenaza con procesar a las personas y organismos que convoquen a las manifestaciones de protesta cívica, que ahora son declaradas “ilegales”.
“Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, indica la Policía en una nota de prensa difundida a través de los medios oficialistas.
La prohibición se produjo en la víspera de una nueva marcha de protesta cívica convocada en Managua, bajo el lema: “Marcha de la rebeldía, no tenemos presidente”.
Expertos en Derecho Constitucional, defensores de derechos humanos y activistas opositores rechzan la amenaza policial, porque atenta contra la Constitución y le atribuye a la Policía facultades que no le corresponden.
“Es un acto gubernamental de criminalización de la protesta ciudadana. Se quiere convertir en delito un derecho fundamental”, asegura la jurista y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Azahálea Solís.
La socióloga y también expolicía, Elvira Cuadra, asegura que en Nicaragua “se está instalando un estado de excepción con esa prohibición”.
El jurista y exdiputado opositor, José Pallais, opina que con su amenaza la Policía está “afectando derechos fundamentales de aplicación directa que para su ejercicio no requieren de ninguna autorización administrativa por considerarse restrictivas a un derecho constitucional básico, como el derecho a manifestarse”.
En su nota de prensa, la Policía responsabiliza de los incidentes violentos de este mes a las diferentes convocatorias ciudadanas, promovidas principalmente para exigir la libertad de los presos políticos del régimen y por la justicia para los más de 300 muertos confirmados desde el pasado 19 de abril.
Dichas manifestaciones han sido reprimidas de forma brutal por bandas paramilitares, que cuentan con la protección de las autoridades, sin embargo, la Policía acusa sin pruebas a los manifestantes de los hechos de violencia, incluso de la muerte del menor de 16 años Matt Andrés Romero, ocurrida el pasado domingo 23 de septiembre.
“La Policía Nacional ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida, y el orden público”, asegura la Policía.
Sin mencionar nombres o identidades, la Policía responsabiliza a los organismos y personas que “han convocado y convocan a estas actividades ilegales, y nada pacíficas”, de cualquier amenaza, daño, o riesgo, a “la vida, a la dignidad de la persona, o daño a bienes particulares o estatales”.
“Los convocantes —añade la nota— son responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”.
Además, agrega que “serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”.
Con información de El Confidencial
