Ortega Díaz espera que decisión del TSJ en el exilio no sea acto meramente simbólico
Desde Colombia, Luisa Ortega Díaz estima que las acciones que se llevan a cabo en el exilio no queden en puros actos simbólicos
La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, estima que el antejuicio de mérito solicitado ante el Tribunal Supremo de Justicia paralelo, que sesionó en Colombia el pasado 9 de abril y admitió la querella, en la que se acusa a Nicolás Maduro de haber cometido actos de corrupción vinculados con el caso Odebrecht, no quede solo en un acto meramente simbólico.
Ortega Díaz recalcó que en la decisión de esa instancia en el exilio estarían involucradas varias instancias como la Interpol. Además dijo que «la mayoría de la comunidad internacional reconoce al TSJ designado por la Asamblea Nacional y sus decisiones», en una entrevista concedida al diario ABC de España.
Según su opinión -y la sentencia de ese órgano considerado írrito por el Poder Judicial venezolano- Maduro debería pagar entre cuatro y ocho años de prisión, al tiempo que consideró que pronto seguirá el destino del exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Por otra parte, alertó que el Estado venezolano «ha llegado a usar su relación con delincuentes y narcotraficantes como Walid Makled, un criminal que está condenado en Venezuela» y que en la actualidad, usan las influencias de este último para llevar a cabo supuestos ataques en su contra y tiene privilegios, más que a presos políticos como Leopoldo López.
Para leer la entrevista completa, pulse aquí.
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decidió este 9 de abril que existen suficientes elementos para iniciar un proceso penal contra el mandatario Nicolás Maduro, por estar inmerso en supuestos actos de corrupción debido a los negocios que habría contraído con la constructora brasileña, Odebrecht, y además, decretaron la prisión preventiva para el jefe de Estado, orden que debería ser acatada por las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno, rechazó las decisiones de esa instancia y dijo que los 32 abogados que componen ese órgano «írrito», están solicitados por la justicia venezolana al considerar que usurpan funciones e imparten justicia de forma indebida.
Entretanto, la Asamblea Nacional dijo que aún no ha recibido el oficio que los facultaría para iniciar las acciones ordenadas por esa instancia en el extranjero.
