Otra medida loca, por Teodoro Petkoff
Ahora que Alí Rodríguez está al mando de las finanzas públicas, lo cual le otorga la primera voz en los asuntos de política económica, podría tratar de darle un poco de sentido común a ésta, un poco de coherencia. Evitar, por ejemplo, congelamientos interminables de precios, para soltarlos luego, de golpe, cuando ya la escasez es inaguantable, provocando con ello un tsunami inflacionario. Ahora tenemos el caso del tope para las matrículas en colegios privados, establecido en 15%.
Nuevamente se ignora la relación que debe haber entre costos y precios. La izquierda borbónica no suele pararle a esto, pero mientras este sea un país capitalista (y si fuera socialista –que no lo es–, también), o le presta atención o seguirá pelando bola en lo económico (y en otras cosas también). El aumento del salario mínimo en 30%, que con los beneficios adicionales de ley llega a 45%, como siempre, empuja toda la cadena salarial más o menos en la misma proporción, implica un incremento de costos en todas las empresas. Por supuesto, en empresas con alta intensidad de mano de obra el peso de sueldos y salarios es mayor. Tal es el caso de los colegios privados, donde los sueldos de maestros y profesores constituyen un porcentaje muy elevado de los costos, de modo que el aumento de 30% en los sueldos implica, probablemente, un incremento más o menos similar en sus gastos. Si se le fija un tope de 15% a la subida de la matrícula, los colegios privados o bien quedan bajo la amenaza de la quiebra o se ven obligados a apelar a las llamadas «donaciones» de padres y representantes, para equilibrar sus presupuestos.
¿El gobierno quiere acabar con la educación privada? ¿Quiere quebrarla primero para luego estatizarla? Si no es así, entonces, ¿qué sentido tiene la fijación de tope a las matrículas en unas instituciones donde las propias asambleas de padres, representantes y docentes deben ser las protagonistas de disposiciones que sólo atañen a ellos? ¿Esta no se dice una revolución «participativa y protagónica»? ¿Qué le importa al gobierno que padres y representantes aumenten, por la educación de sus hijos, lo que su buen juicio y el conocimiento del instituto les dicte? No venga el gobierno con el cuento de que la medida es para «proteger al pueblo», porque bien sabe que a los colegios privados no son propiamente los pobres quienes mandan a sus hijos. Preocúpese y ocúpese el gobierno de hacer todo lo que esté a su alcance –y más– para darles a los hijos de los humildes una educación pública de primera calidad, como en Europa y Estados Unidos, donde la educación pública es infinitamente mejor que la privada. Entonces, y sólo entonces, podría preguntarse si tiene sentido mantener la división entre educación pública y privada. El propio Estado venezolano ha arruinado la educación pública. El gobierno de Chávez no ha cambiado esto. Pero no disfrace su ineficacia embistiendo contra la educación privada.
