Otra vez Globovisión, por Gregorio Salazar
Viéndolo bien, el comité de usuarios que buscó a la constituyente María Alejandra Díaz para ejercer un recurso de amparo ante el TSJ solicitando que Directv reinicie sus operaciones en Venezuela debería ir nuevamente en afanosa búsqueda de esta adalid justiciera, a fin de que haga respetar los derechos a la información y a la libertad de expresión.
El razonamiento es muy sencillo. Por ley transitiva: si ese preocupado comité de usuario y su abogada son sin duda dolientes de Globovisión, uno de los dos canales por cuya permanencia en la parrilla de Directv se resteó soberanamente el régimen y originó la querella que dejó a por lo menos 10 millones de venezolanos sin televisión satelital, seguramente también debe serlo de todo lo que afecte a Globovisión y, en especial, del programa que desde hacía siete años era su carta de presentación y el de más audiencia, al punto que se transmitía dos veces al día: Vladimir a la Una.
Y al TSJ no le quedaría más que recibirlos con los brazos abiertos, dado que todo se trataría de reponer la vigencia de la Constitución en medio del supuesto Estado de Justicia Social y de Derecho en que nos dicen (nos gritan y nos restriegan) vivimos. Que se haga, pues, y en tiempo récord como la primera vez
Sarcasmos aparte, sabemos sobradamente que la realidad es otra y nada de eso va a ocurrir. Despojado de todas las caretas, desechadas todos los subterfugios y pretextos de antaño para confrontar y arremeter contra medios y periodistas, controlados todos los resortes del poder el chavismo muestra descarnadamente su esencia originaria.
El chavismo avanza llevándose todo a su paso para imponer un proyecto destinado a hacerse con el poder, todo el poder para siempre, aunque para ello tenga que sumir a toda la población en condiciones de vida abyectas, esto es sin poder satisfacer ninguna necesidad básica y sin derechos ciudadanos.
Muchísimo menos, por supuesto, los derechos de libertad de expresión y de información, sentenciados abiertamente y en mayor medida desde el momento en que un ministro de información, el que pregonaba como contraposición a los mensajes de los medios independientes una “Venezuela de Verdad”, proclamó que el objetivo final era la “hegemonía comunicacional”.
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Sobre ese personaje habría que agregar que hoy vive fuera de Venezuela en condiciones incomparablemente superiores a las de quienes sobrevivimos aquí y sin que se le haya conocido ni cuentas claras ni algún gesto o palabra de reflexión o de arrepentimiento por los perjuicios que le ocasionó a la democracia y a toda la sociedad venezolana. Como él hay cientos.
Se puede añadir incluso que uno de quienes fueron sus escoltas, a lo mejor en algún momento identificado también con “el proceso”, acaba de morir en una playa insurgiendo contra el régimen, en una operación armada que todavía mantiene muchos puntos oscuros, incluso la forma en que murió ese ex militar.
Vladimir Villegas no es el primer ancla con respetable audiencia que el régimen saca a empellones de la televisión venezolana. Le antecedieron nombres como Marta Colomina, César Miguel Rondón, Miguel Ángel Rodríguez, Leopoldo Castillo y todos aquellos destacados periodistas que perdieron sus espacios cuando Globovisión, cercada y sentenciada a muerte por el régimen, en mala hora cambió de dueño.
No sólo se pierden los espacios, y este era al menos mucho más plural y últimamente más crítico con el oficialismo. Se pierden también la capacidad de respuesta, de réplica, de exigencia cuando asoma nuevamente la profunda división de la sociedad venezolana e irrumpe como lo que ha sido prácticamente un linchamiento de la comunidad tuitera más radical.
Hay menos resistencia. Eso lo apreciamos incluso en el propio entorno de Vladimir. En la ocasión en la que el chavismo lo vetó como orador de orden en un concejo municipal controlado por el régimen, surgieron voces solidarias que se atrevieron a denunciar el atropello.
Y lo hicieron a través de sus propios espacios en la televisión del estado, lo cual les valió también recibir sus “apliques”. Eran otros tiempos. Esa capacidad de criticar, de exigir un derecho, de cuestionar un abuso contra un familiar se perdió.
Hoy sólo queda someterse a los dictados del régimen o salir un día subrepticiamente de su cargo ministerial y del país como lo hizo el ex ministro Izarra.
Estamos en la hora en que todos los que disentimos, nos quejamos, protestamos o denunciamos somos terroristas. Terroristas los partidos y los diputados. Terroristas los periodistas que reflejan fielmente la realidad. Terroristas los profesionales que reclaman condiciones de vida elementales. Terroristas los empresarios que exigen condiciones para producir o mercadear. Terroristas los vecinos que salen a la calle a exigir agua, luz, comida, gas. De allí estos desbordes autoritarios que terminan por convencernos de que este régimen vive, tal vez sí, el momento de mayor dominación y opresión sobre el país, pero también el más desesperado.
