Otro muerto en el cuartel, por Teodoro Petkoff
Los padres de Rafael José Nadales Medina llegaron a nuestra redacción abrazando el retrato de su hijo. El joven, quien se presentó voluntariamente a cumplir con el servicio militar, murió en agosto pasado en circunstancias extrañas y sospechosas. Un tiro de fusil en el pecho le quitó la vida precisamente el día anterior a su baja. Las autoridades militares dijeron suicidio. Los hechos indican homicidio. El punto es que nunca hubo juicio ni investigación que los padres conocieran. Simplemente un capitán les informó que su hijo se había suicidado. Lo curioso es que el mismo capitán dio a los atribulados padres tres versiones distintas del caso. En la morgue el señor Nadales observó que, además del disparo en el pecho, Rafael José presentaba varios hematomas en el rostro y una quemadura en su mano izquierda. Los expertos consultados por TalCual indican que es imposible suicidarse de esa manera con un fusil. Los detalles del caso, en boca de los señores Nadales, están en la página 8.
Aquí estamos nuevamente ante esa opacidad que cubre la vida de los cuarteles. Un recluta muere, se informa a los padres y caso cerrado. Sólo cuando los padres, como en el episodio Siccat, no se conforman y arman un lío, el asunto trasciende los muros de las guarniciones. Pero habitualmente los todavía frecuentes castigos físicos y los «accidentes» que en ocasiones causan la muerte de los reclutas o no pasan del informe, siempre sesgado y confuso, a la familia de la víctima, o, si llegan a juicio (militar, desde luego), los responsables quedan impunes, protegidos por una calificación del homicidio, si lo hubo, como «preterintencional», es decir, «sin intención» y, por tanto, sin sanción. De allí la importancia de la actuación de la Fiscalía pidiendo la radicación del juicio Siccat en un tribunal ordinario. Si el Tribunal Supremo falla a favor de la Fiscalía y el juicio al teniente pasa a la jurisdicción civil, se abrirá la posibilidad de darle mucha mayor transparencia a la lucha contra las violaciones de derechos humanos que todavía tienen lugar en el seno de la FAN. Y, sobre todo, para que esa feroz «ideología» que hace del castigo físico la base de la disciplina pueda comenzar a ser derrotada, y el siglo XX (Si, leyó bien, el XX) entre finalmente a los cuarteles venezolanos. De no ser así, las familias y los jóvenes del país continuarán viendo el servicio militar no sólo como un castigo a la pobreza (porque sólo los pobres lo prestan) sino como una amenaza a la vida.
