Otro parte con discrepancias, por Naky Soto
El fiscal general impuesto, Tarek William Saab, informó que tres de los detenidos por el vuelo de los drones fueron presentados ante el Juzgado 1° de Control con competencia contra el terrorismo. Fueron imputados Argenis Valero, Juan Carlos Monasterios y José Rivas por los delitos de traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración. Añadió que los presuntos financistas están en el extranjero y son: Raider Russo y Oswaldo García (en Colombia) y Osman Delgado, en Estados Unidos. Hasta ahora suman 19 personas vinculadas con el caso, incluyendo a Brayan Oropeza, Alberto Bracho y Yanin Pernía, operadores del primer dron, además de los imputados. Saab negó que los detenidos estén incomunicados. En su versión, el dron que explotó cerca de la tarima presidencial, lo hizo a 70 metros de distancia, contradiciendo la versión de Nicolás anoche que habló de 100 metros.
La flagrancia de Tarek
Más tarde, entrevistado en Globovisión, Saab celebró la seguridad oficial, aunque admitió que la Av. Bolívar le resultó un lugar vulnerable, pero Maikel Moreno lo tranquilizó al revelarle que había francotiradores en los edificios cercanos. Negó una cacería de brujas porque hay detenidos “convictos y confesos” y al explicar el caso del diputado Juan Requesens afirmó: “En el derecho penal existe un tipo penal que es flagrancia”, aunque la flagrancia no es una categoría de delito. Añadió que “la solicitud formal ante el TSJ se realizó en los términos y tiempos que manda la ley”, salvo que no dijo cuándo hizo la solicitud ni sustentada en qué, pero si enfatizó que la ANC es un órgano supraconstitucional, por lo que tiene la potestad para la materia que se le antoje. Más grave aún es que relativizó el concepto de garantía de justicia, pues en su criterio, prela que el terrorismo no se instale como política.
Un tribunal a la medida del poder
En Sala Plena, con ponencia del magistrado Maikel Moreno, el TSJ declaró procedente el enjuiciamiento del diputado Juan Requesens “tras determinarse que existen suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente” (hasta ahora, una acusación política y el testimonio de un detenido), ordenando su custodia mientras la ANC decida el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Además, por tratarse de delitos comunes, el enjuiciamiento de Requesens se hará ante tribunales ordinarios. En el caso del diputado Julio Borges, la ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra establece que “se evidencia que existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante de los delitos de: instigación pública continuada; traición a la patria y homicidio intencional”; por lo que el TSJ ordena, que no procede el antejuicio de mérito. Julio Borges condenó la detención de Requesens y la calificó como un secuestro, criticando el evento en la ANC, para levantarles la inmunidad parlamentaria.
Supraconstitucional, ¿ok?
Diosdado Cabello aseguró al término del debate que ejercicios así de arbitrarios, los cohesionan más “y nos convencen cada día más de que ustedes (oposición) no pueden gobernar este país (…) Mientras la oposición tenga más violencia habrá mayor respuesta de la revolución”. Después de tan inspirador mensaje, la ANC aprobó por unanimidad el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados Julio Borges y Juan Requesens, justo antes de que Cabello afirmara: «Son los dos primeros que aparecen señalados por la investigación. A todo aquel que esté involucrado la justicia le llegará». El resto de la sesión extraordinaria supuso la mención obsesiva de la soga en la casa del ahorcado, con Pedro Carreño justificando el rol de la ANC porque «la Asamblea Nacional se encuentra en desacato»; Gladys Requena afirmando que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio para delinquir; Elvis Amoroso calificando de asesinos a Borges y a Requesens; y Hermann Escarrá justificando la detención de Requesens y enfatizando: «Somos supraconstitucionales respecto a la constitución que vamos a modificar pero no de las bases comiciales que nos orientan».
A favor de Requesens
La Asamblea Nacional emitió un comunicado para denunciar la detención arbitraria del diputado Juan Requesens, sin respetar las garantías al debido proceso establecidas en la Constitución. “La inmunidad parlamentaria es un fuero especial que está creado para proteger a los diputados electos por el pueblo para que no puedan ser objeto, de lo que sucedió con Requesens, una detención arbitraria, ilegal e inconstitucional”, dijo Gerardo Blyde muy temprano en la radio. El vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina, explicó: “Ni aún siendo legítima, que no lo es, la ANC no tendría la facultad de violar la inmunidad parlamentaria”, añadiendo que lo de Requesens es una desaparición forzosa. El doctor Juan Guillermo Requesens, padre del diputado, hizo un llamado al gobierno: “Como padre y ciudadano le exijo al gobierno diga dónde está mi hijo y en qué condiciones está”. Rafaela Requesens aseguró que si su hermano sigue preso es porque “este régimen le tiene miedo a la juventud venezolana”, añadiendo que “hoy los jóvenes venezolanos no le tenemos miedo a nada y ni a nadie y vamos a seguir luchando por todos esos venezolanos”. Más tarde, la Comisión de Política Interior del Parlamento sesionó a las puertas de El Helicoide.
El insólito chavismo
Aunque usted no lo crea, el constituyente Julio Chávez instó a denunciar en instancias internacionales el suceso del sábado porque “no puede quedar impune algo tan grave como es la actuación del Estado colombiano”. Chávez aseguró que además de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados del Parlamento, es necesario la congelación de cuentas y bienes. Y sumando piezas al rompecabezas de una investigación poco seria, con insumos de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor comenzaron a reparar el edificio Don Eduardo, donde explotó uno de los drones el sábado. Si Nicolás pudo manipular evidencia, ¿por qué carrizo no van a intervenir una de las escenas investigadas?
Breves
– El ministro de Salud, Carlos Alvarado, no atendió a los cientos de enfermeras, médicos y bioanalistas que se concentraron hoy en la sede del ministerio. Será el viernes 10 de agosto cuando los recibirá.
– El Gobierno de EEUU volvió a negar su implicación en el supuesto atentado contra Nicolás y aseguró que investigará actividades ilegales si se aportan evidencias creíbles. Su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, anunció desde Cúcuta que donarán $9.000.000 más para atender la crisis venezolana en la frontera con Colombia y pidió a la comunidad internacional pronunciarse, que ejerzan presión y tomen acciones: «Es hora de que condenen a Maduro y le digan que es tiempo de que se vaya».
– El Secretario General de la ONU nominó a la ex presidenta chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, sustituyendo a Zeid Ra’Ad Al Hussein.
– El TSJ en el exilio informó que mañana jueves continuará el juicio oral y público “contra el acusado Nicolás Maduro”, en Bogotá, Colombia.
– Ecuador declaró emergencia migratoria por la llegada de 4.200 venezolanos al día. Además, con 72 votos positivos, su Asamblea Nacional aprobó la remoción inmediata del monumento de Néstor Kirchner en la sede de la Unasur por tratarse de un «símbolo de la corrupción».
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Aunque Escarrá lo olvide, el artículo 333 dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
