OVCS registró promedio de 58 protestas diarias en primer semestre de 2019
El informe señala que las fuerzas de seguridad del Estado, con una protagónica participación de las FAES, asesinaron a al menos 61 ciudadanos en el contexto de las protestas antigubernamentales
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicó su informe sobre las protestas acontecidas en Venezuela durante la primera mitad de 2019, en el que revelaron que se registraron al menos 10.477 manifestaciones de calle en este período, lo que se traduce en unas 58 diarias, en promedio.
La cantidad de protestas registradas en el primer semestre de 2019 casi duplica (97%) las que se documentaron en el mismo período de 2018, e incrementó 112% las de 2017 en este lapso.
Aunque múltiples causas provocaron las manifestaciones, y la ausencia de servicios básicos han generado descontento en todo el país, el OVCS destaca que la mayor cantidad de protestas estuvieron relacionadas con la exigencia del derecho a la participación política. Concretamente, el informe precisa que entre las principales causas, destacan:
– Derecho a la participación política: 4.777 protestas.
– Derecho a la vivienda y a servicios básicos: 4.169 protestas.
– Derechos laborales: 1.587 protestas.
– Derecho a la alimentación: 697 protestas.
Manifestaciones políticas
El informe del observatorio destaca que el año se ha caracterizado por el respaldo popular al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como mandatario encargado del país el pasado enero.
«Respaldo popular al presidente encargado Juan Guaidó, en movilizaciones convocadas por partidos, oposición y sociedad civil, logrando congregar a diversos y numerosos actores sociales y políticos durante los primeros 4 meses del año. Al cierre del semestre se aprecia una marcada disminución en la frecuencia de este tipo de manifestaciones y en la asistencia y participación de la ciudadanía», indica el OVCS.
Ciudadanos reclaman servicios básicos
2019 ha sido un año conflictuado para los venezolanos en materia de servicios básicos. A partir de marzo se profundizaron los problemas con la electricidad, a raíz de los cuatro apagones nacionales registrados en ese mes por fallas críticas en el Sistema Eléctrico Nacional.
Desde estos incidentes, y aunque en la capital los cortes sistemáticos de electricidad no han sido cotidianos, en muchas regiones del interior del país los períodos diarios sin corriente eléctrica son pronunciados.
Entretanto, paradójicamente la ausencia de gasolina ha servido de combustible para alimentar las protestas en las ciudades más afectadas por esta situación.
Al respecto, el documento apunta que hubo un «aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico». Además de un «alto índice de protestas ante la falta de distribución y venta de gasolina».
Alimentación y salarios
El deterioro del poder adquisitivo del ciudadano ha avanzado en 2019. Al 15 de julio, momento en el que se emitió el informe, la cesta básica alimentaria se ubica en 2.552.836 bolívares según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDAS). Mientras que el salario mínimo se mantiene en 40.000 bolívares.
En este sentido, son necesarios alrededor de 63 salarios mínimos para adquirir todos los productos esenciales para mantener a una familia. La escasa capacidad de compra del venezolano creó el caldo cultivo de perfecto para generar manifestaciones por derechos salariales y alimenticios.
«A partir del segundo trimestre, las protestas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales nuevamente comienzan a tomar terreno en las calles. Mientras que los trabajadores se mantienen en pie de lucha exigiendo respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos», señala el informe.
Represión y muerte
Una de las principales características de las protestas de 2019 ha sido el incremento de la represión y de los asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado.
El gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado cuerpos tales como la Policía Nacional (PN), la Guardia Nacional (GN), y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para ejecutar un mecanismo de «criminalización, judicialización y la implementación de la represión letal como política de Estado».
También destaca la participación de integrantes de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas), conformadas por civiles que cumplen el rol de agentes de inteligencia «informando a cuerpos de seguridad y Colectivos Paramilitares sobre la ubicación e identidad de manifestantes y de personas críticas o disidentes».
Debido al accionar de estos cuerpos, bajo órdenes del Estado, el OVCS y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) documentaron la muerte de 61 personas durante el desarrollo de manifestaciones ciudadanas. Seis muertes más deben agregarse a esta cuenta, por los asesinatos de ciudadanos que, días después de culminadas las protestas, fueron detenidos en sus casas y ejecutados extrajudicialmente.
La visita de la ONU
Otro rasgo del semestre que guardó relación con las protestas y los derechos ciudadanos fue la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para evaluar la situación del país en la materia.
El OVCS recuerda que Bachelet, durante los tres días que estuvo en Venezuela, escuchó cientos de testimonios de víctimas y constató la violación de derechos humanos en el país.
A través del informe presentado el 4 de julio, esta agencia expuso ante el mundo «la existencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tanto en materia de derechos económicos, y sociales como civiles y políticos, a consecuencia de la reducción del espacio democrático por la implementación de leyes, políticas y prácticas que buscan neutralizar, reprimir, criminalizar y atemorizar a la población».
Exigencias del OVCS
A raíz de todos los elementos presentados en el informe del observatorio, como organización, hacen una serie de exigencias al Estado. Entre las cuales figuran:
– Realizar las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas, al igual que denuncias de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes.
– El Cese inmediato del accionar de los civiles armados conocidos como «colectivos.
– Desarticular organismos de seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden público.
– Disolver las FAES, responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
– Garantizar el cumplimiento de la Constitución al prohibir las armas de fuego y sustancias tóxicas al momento de controlar manifestaciones.
Por otra parte, exhorta a la comunidad internacional avanzar en la aplicación de mecanismos para ejercer presión al gobierno de Nicolás Maduro. Además, que las instancias respectivas creen comisiones para investigar las graves violaciones de derechos humanos en el país.
