OVP denuncia que violencia carcelaria se ha trasladado a los calabozos policiales
Los calabozos policiales están siendo usado como cárceles aunque no tienen las condiciones mínimas para que ciudadanos puedan cumplir condenas en estos lugares
Desde hace años las cárceles venezolanas han sido protagonistas de enormes tramas de violencia y corrupción, pero más recientemente esta problemática se ha ido trasladando hasta los calabozos policiales.
Así lo aseguró el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, quien explicó que ante la alta ocupación de los centros carcelarios del país las sedes policiales han dejado de ser lugares de paso para los delincuentes para convertirse en sus centro de reclusión.
Esto ha desatado una ola de violencia y corrupción que ha comenzado a mostrar su cara más oscura. Así lo evidencian los hechos registrados el sábado 18 de mayo en la comisaría de Río Claro, estado Lara, donde 13 presos se fugaron luego de asesinar a una funcionaria del cuerpo de seguridad del estado y herir a dos de sus compañeros.
De acuerdo a la ONG, este tipo de sucesos es la consecuencia de la “permanencia de presos en calabozos policiales” aunque no tienen las condiciones mínimas para que ciudadanos puedan cumplir condenas en estos lugares.
Para Prado la problemática de las comisarías de la Policía Nacional Bolivariana así como de las policías estadales, ha llegado a tal punto “que los problemas que eran exclusivamente carcelarios se han traslados a cada comandancia policial”.
Explicó que esto ha sido en cierto modo respaldado por el Estado que se niega a poner un alto, incluso al hecho de la permanencia de mujeres en estos recintos.
El caso larense
Desde el OVP detallaron que la comisaría de Río Claro está ubicada a la vista de cualquier residente, «quienes ven cómo los fines de semana ingresan bebidas para los reclusos”.
Para el 18 de mayo cuando ocurrió la fuga masiva de presos, había 39 personas recluidas en ese lugar, pero no todos se encontraban dentro de los calabozos. Al menos 15 de ellos tenían ciertos “privilegios” por presuntamente cancelar cuotas a funcionarios de la policía de Lara.
Según las investigaciones de la ONG, ese sábado tres mujeres ingresaron al módulo policial en calidad de visita conyugal, aunque estuvieron tomando bebidas alcohólicas con los presos que están fuera del calabozo.
Solo cuatro funcionarios de PoliLara custodiaban a todos los detenidos y sus acompañantes. Pasadas las 9:00 pm, los presos sometieron al oficial Jesús Sánchez, de 20 años, lo golpearon, lo despojaron de su arma de reglamento y posteriormente lo encerraron en el baño.
Al percatarse de lo ocurrido, la oficial Giseilys Saaverda, de 21 años, desenfunda su arma y recibe como respuesta un disparo que acabó con su vida. Su compañero Wilder Rodríguez fue herido, mientras que el funcionario Javier Colmenares resultó ileso.
De acuerdo al OVP serían 13 los presos que escaparon del lugar. En los días posteriores a la fuga, funcionarios de la Dirección de Estrategia e Inteligencia Policial (DIEP) de la policía del estado, junto a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritos a la Policía Nacional Bolivariana, asesinaron a siete de los fugitivos.
Por este caso están detenidos los tres funcionarios de PoliLara encargados de la custodia del lugar, así como cuatro de las mujeres que estaban en la estación policial.
Humberto Prado, coordinador general de OVP, recuerda que los funcionarios policiales no han sido preparados para la custodia de presos, y recalca que su preparación es netamente para el control y custodia del ciudadano.
