Pactar para gobernar juntos, por Marino J. González R.
Twitter: @marinojgonzalez
Quizás una certeza que compartían Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Jóvito Villalba, antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958, era que el gobierno que surgiera del voto popular sería presidido por alguno de los candidatos que presentaran sus partidos políticos en esa contienda.
Una opción que hubieran podido contemplar estos líderes políticos era simplemente respetar el resultado electoral, y apoyar al candidato que resultara electo. Sin embargo, las lecciones aprendidas a partir del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, y la dura experiencia de la dictadura militar, en términos de represión política, proscripción de libertades públicas, y la generación de un clima completamente adverso a la condición democrática de los venezolanos, llevó a estos líderes de los partidos Acción Democrática, Copei, y URD, a proponer un pacto político que permitiera gobernar, y generar la estabilidad necesaria para avanzar en el desarrollo democrático y el bienestar del país.
Esta es probablemente la razón por la cual estos líderes se dedican a establecer las bases del acuerdo político presentado a la sociedad venezolana el 31 de octubre de 1958, conocido como Pacto de Puntofijo, y también a elaborar un documento que se denominó «Declaración de principios y Programa Mínimo de Gobierno» (según fue publicado en el primer número de 1959 de la revista SIC), que fue firmado por los candidatos presidenciales de los tres partidos, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Wolfgang Larrazábal, el 6 de diciembre de 1958, un día antes de las elecciones.
El documento está dividido en dos partes. En la primera parte se señalan los principios que guían el pacto político, a saber: el respeto absoluto al resultado de las elecciones, así como el respaldo de los otros candidatos al que resultara electo; la conformación de un gobierno de unidad nacional en el cual estuvieran representados las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes; una administración guiada por el programa mínimo de gobierno; el mantenimiento y consolidación de la tregua política; y el concurso generoso y responsable para impulsar la recuperación democrática, cultural, espiritual y económica del país.
*Lea también: El Pacto de Puntofijo todavía es una lección de unidad por aprender
En la segunda parte del documento se establecen las metas de las políticas que debería llevar a cabo ese gobierno, divididas en ocho áreas: acción política y administración pública, política económica, política petrolera y minera, política social y laboral, política nacional, Fuerzas Armadas. política inmigratoria, y política internacional.
En el área de acción política y administración pública se propone: la elaboración de una constitución democrática que incluya una Carta de Derechos Económicos y Sociales; la defensa del orden constitucional y las actuaciones enérgicas contra las actividades antidemocráticas; la reforma de la legislación que fuera contraria al ejercicio de las libertades públicas; la autonomía y fortalecimiento de los poderes legislativo, judicial, y municipal; la regularización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado; y la reforma administrativa para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
En el área de política económica se incluye: el rol preponderante del Estado en el fomento de la riqueza nacional; el reconocimiento de la función de la iniciativa privada como factor de progreso; la elaboración de un plan integral de desarrollo económico de largo alcance; el procesamiento dentro del país de materias primas, especialmente el petróleo y el hierro; la utilización de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial, y el Banco Agrícola y Pecuario como los motores económicos; la reorganización de las industrias estatales petroquímica y siderúrgica; la modernización del sistema tributario; y la reforma agraria, y la reorganización del régimen de propiedad de la tierra.
Dentro del área de política petrolera y minera se señala: la revisión de las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras para alcanzar la más justa participación en los beneficios y ejercer un mayor y más efectivo control sobre las actividades de la industria; la realización de los estudios para la creación de una Empresa Nacional de Petróleo, de una Flota Petrolera y de los demás organismos requeridos para que el país trabaje directamente el petróleo; y la revisión de la política del hierro para recibir una razonable porción de las utilidades.
En el área de política social y laboral se señala: la defensa y valorización del capital humano a través de una política demográfica dirigida al aumento de la población; la protección a la madre y al niño; política de vivienda para garantizar las necesidades de la población urbana y rural; campaña contra el rancho; el reconocimiento del trabajo como factor del progreso, así como la defensa del trabajador y la protección a la libertad sindical y a los organismos sindicales; la lucha contra el desempleo; la reforma de la Ley del Trabajo para regular de manera más eficaz y moderna las relaciones obrero-patronales; la realización de estudios para implantar el salario familiar; y la reorganización del Instituto de Seguros Sociales, así como el establecimiento de un sistema integral de Seguridad Social.
En política nacional se incluye: el fomento de la educación popular desde el preescolar y la primaria hasta la universidad; la revisión del sistema educativo para adaptarlo a las necesidades del desarrollo económico y cultural del país; campaña para erradicar el analfabetismo; la intervención del Estado en la educación sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza; la protección y dignificación del magisterio así como medidas para aumentar el máximo la formación de maestros; y la defensa de los valores históricos y artísticos nacionales y del patrimonio espiritual de Venezuela.
Con respecto a las Fuerzas Armadas se propone: el perfeccionamiento técnico y la modernización de la institución armada; así como su carácter apolítico, obediente y no deliberante; la intensificación de la educación institucionalista; el reconocimiento de los méritos y servicios del personal; así como el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los oficiales, clases y soldados; y el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio por todos los venezolanos sin distinción de clases sociales. En política migratoria se propone su reorientación para que el trabajador inmigrante contribuya realmente al progreso del país, y se explicita que debe gozar de la misma protección y derechos que el trabajador venezolano.
En política internacional se indica: la reafirmación de los principios de paz y cooperación con todas las naciones; el repudio a toda medida contra la autodeterminación de los pueblos; la ratificación de las Naciones Unidas y la OEA; el respeto a los compromisos internacionales del país, la revisión de las relaciones interamericanas para que se realicen los postulados políticos democráticos y de cooperación económica; el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países de acuerdo con el interés nacional; y el fomento de la política de intercambio comercial.
Las líneas de políticas públicas que fueron propuestas en este documento guiaron, con sus virtudes y limitaciones de diseño, la acción de los siguientes gobiernos constitucionales de Venezuela, hasta el punto de que muchas de ellas se convirtieron en acciones compartidas por varios de ellos.
El hecho de que estas políticas fueran acordadas antes de las elecciones de 1958, y concebidas para fundamentar la acción del gobierno, son demostraciones relevantes de la madurez con la cual se entendía la gestión pública. Son también un ejemplo del enfoque que debería prevalecer para incluir la gestión del gobierno en el eje de los acuerdos políticos.
La experiencia venezolana en este aspecto sigue siendo de especial valor, no solo para las próximas etapas del país sino para otros países en procesos de democratización.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
