País en vilo, por Teodoro Petkoff
Autor: Teodoro Petkoff
La protesta ciudadana se enseñorea de las calles en las ciudades más importantes, mientras el gobierno se esfuerza vanamente en reprimirla, no sólo con fuerzas de orden público sino también mediante la utilización de cuerpos armados no identificados que disparan a lo loco contra las viviendas, introduciendo un peligrosísimo factor de violencia incontrolada, que ya ha producido víctimas fatales.
Simultáneamente, se mantienen contactos y conversaciones entre representantes de la oposición y del CNE, procurando una solución práctica a este espinoso asunto de los “reparos”.
El anuncio hecho anoche por Jorge Rodríguez, de posponer nuevamente el boletín oficial del CNE con los resultados preliminares de la verificación, debe ser leído como evidencia de un proceso de contactos no agotado aún. Queda, pues, un chance para que se pueda alcanzar una solución satisfactoria, que cubra la expectativa ciudadana y restablezca un clima no violento.
Ese tipo de contactos es más necesario que nunca. No es cierto que quienes están bravos no se hablan. Todo lo contrario, mientras más bravos estén más necesario es que se hablen. ¿Cuáles deberían ser las bases de una solución? El punto de partida es que el CNE debe garantizar la expresión de la voluntad ciudadana. Para eso existe ese cuerpo. El CNE no debe dar motivos para que la ciudadanía perciba que ese organismo, antes que cumplir con su rol, lo que trata es de obstaculizar el ejercicio del derecho constitucional de convocar un referendo revocatorio. Por lo tan-to, si existen dudas sobre un número determinado de firmas, el procedimiento para superarlas no puede constituirse en un truco, en una nueva alcabala llena de requisitos insuperables, que hagan imposible resolver el problema.
Hemos de suponer que esto es lo que se discute: cómo hacer viable el proceso de reparos. Ese es un problema que tiene que ver con el número de centros para que el ciudadano exprese su voluntad, con su ubicación, con la presencia de testigos, con la simplicidad del procedimiento, con las garantías para la seguridad de los ciudadanos y con la garantía de que con la reparación termina el proceso y no nos vendrán con nuevas situaciones “sobrevenidas”.
El ciudadano que siente sus derechos vulnerados tiene toda la razón del mundo para protestar y para reclamar. Pero la protesta no es un fin en sí misma ni puede plantearse como excluyente de la búsqueda y eventual cristalización de opciones prácticas que rompan los impasses. Todo lo contrario, la protesta tiene sentido si procura reforzar la exploración de soluciones políticas. De otro modo, si se la concibe como alternativa a esa búsqueda, se transforma en un puro ejercicio de vanguardismo, que por heroico que sea se libra en un terreno donde la ventaja no está precisamente del lado de sus esforzados protagonistas.
El propósito no es tumbar el gobierno sino obligarlo a respetar sus propias reglas de juego, de modo que pueda ser el soberano quien con su voto decida qué es lo que quiere. El CNE debe, sencillamente, darle la palabra al soberano.
