Palabras inmunes al viento, por Rafael Uzcátegui
Twitter: @fanzinero
Después de 8 años sin una reunión, Bruselas fue testigo de una Cumbre entre la Unión Europea y La Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac). Como se recordará la Celac es un mecanismo creado en el año 2011 para permitir que 33 países de la región puedan tomar decisiones en temas políticos y de integración económica.
Desde el último cónclave, también realizado en la capital belga en el año 2015, el mundo ha dado varias vueltas. Además de la experiencia y las consecuencias de una pandemia que paralizó a todo el planeta, Europa debe lidiar con una guerra en los linderos de su territorio. Si bien hay razones objetivas de interés para que el bloque se acerque a Latinoamérica (Un mercado de alrededor de 600 millones de personas y un intercambio comercial que ha aumentado 39% desde el año 2013, para hoy sumar 369.000 millones de euros, según el principal inversor de por estos lados) el atractivo en este momento es ganar terreno intentando limitar la influencia política de rusa en la región, luego de la invasión a Ucrania, y el creciente intercambio comercial con China.
Durante las diferentes discusiones los representantes europeos colocaron sobre la mesa una agenda basada en 3 transiciones: Digital, ecológica y social, esta última entendida como la que haría posible las dos primeras. Desde América Latina los intereses orbitaron en cómo se pueden mejorar los acuerdos políticos y comerciales ya suscritos con México, América Central, el Caribe, la Comunidad Andina, Chile y Mercosur.
A diferencia de otros países no democráticos de la región, como Cuba y Nicaragua, la Unión Europea no tiene suscrito con Venezuela un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Hasta ahora. No obstante, según la opinión de activistas europeos de derechos humanos –con quienes estuvimos conversando recientemente sobre el tema– existiría toda la intención de empezar, a partir del año 2024, un intercambio comercial convenido con las autoridades venezolanas, cualquiera sea la elegida.
A corto plazo luce improbable la firma de acuerdos con Miraflores, dado el incumplimiento venezolano de las recomendaciones emanadas de la Misión de Observación Electoral, enviada por la Unión Europea en el año 2018. Si bien el foco del documento no es la economía, su carácter institucional lo convierte en un elemento clave para las relaciones multilaterales entre ambos. Pero esa vigencia pudiera tener como fecha de caducidad el año 2024, cuando la cita electoral genere una nueva realidad política en el país.
Si los tiempos de la resolución del conflicto en Venezuela son inciertos, las elecciones del 2024 pueden representar una oportunidad de negocios para inversiones de todas las banderas. Quien llegue primero a la conversación obtendría mejores condiciones, un principio válido también para los capitales europeos, luego que la administración Biden reinició la era de los contactos directos con Caracas.
La Celac pudiera representar una puerta de entrada al mercado venezolano, adornada con el cuento de la integración regional. Sin embargo, esta comunidad tiene un problema de diseño: El peso de la ideología de los países progresistas. Su toma de decisiones se hace por consenso, un principio correctísimamente democrático, pero que en los hechos concretos hace que el veto de Cuba sea decisivo para todo.
Por ejemplo, la propia Unión Europea organizó un foro con la sociedad civil en Bruselas, previo a la Cumbre, cuyas resoluciones y declaraciones fueron desconocidas por Cuba, quien anunció que sólo reconocería como legítimas las peticiones de la llamada «Cumbre de los pueblos», cuya programación es un apéndice sin eufemismo de la política exterior de los gobiernos cubano y venezolano. Por si las dudas, una nota de prensa oficial no se disimula la intención de fondo de la Celac: «Se fundó para servir de contrapeso a la Organización de Estados Americanos (OEA), dominada por Estados Unidos». La entrada por esta rendija pudiera ocurrir en el año 2025, cuando se realizará en Colombia el próximo encuentro Celac-UE.
La propia Celac no tiene protocolos de actuación frente a la interrupción del hilo constitucional de sus gobiernos integrantes. Incidir en ella para mejorar la situación de los venezolanos y venezolanas es un campo minado.
Una vía más efectiva, parece ser, presionar a la contraparte europea para que no excluya los derechos humanos de la agenda bilateral, y que el viento no se lleve las palabras del Alto Representante de la Unión Europea (UE) para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en abril reciente: «Si estas elecciones –las del año 2024– no tienen lugar en condiciones donde sus resultados puedan ser reconocidos tanto por el pueblo venezolano como por la comunidad internacional, significaría que la crisis política que comenzó en 2015 durará otros 5 años. Y ni el pueblo venezolano ni sus vecinos lo soportarían».
Rafael Uzcátegui es Sociólogo, editor independiente y Coordinador general de Provea.
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